Un Tribunal Oral de Santiago del Estero ratificó la excarcelación del represor Jorge D´Amico, Jefe de inteligencia del Batallón de Ingenieros de combate 141 durante la última dictadura y Secretario de Seguridad en democracia.
(Red Eco) Santiago del Estero – El mayor retirado D´Amico fue un activo participante del Operativo Independencia. Se lo acusa de haber integrado una asociación ilícita entre policías y militares que secuestraba y desaparecía personas, además de trasladarlos desde Santiago a Tucumán y viceversa. Casualmente los magistrados que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, que resolvió que el represor continúe en libertad mientras dure la investigación de la causa, son oriundos de esas mismas provincias: el santiagueño juez Ad Hoc Pedro Ibáñez y los tucumanos Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla.
Hasta 2003, D´amico fue Secretario de Seguridad en el gobierno de los Juárez. Mientras ocupaba este cargo fue acusado de narcotráfico y de privación ilegítima de la libertad, allanamiento de domicilio, tormentos y asociación ilícita. En el marco de la intervención federal a la provincia de ese año, D’Amico fue llevado a prisión para ser excarcelado en 2006 tras cumplirse dos años de detención sin condena. Una clara muestra de la lentitud con la que la Justicia maneja este caso.
Posteriormente, en 2007, fue nuevamente detenido, por la desaparición de al menos cuatro personas antes del inicio de la dictadura militar y en 2009, una vez más, liberado. En esa oportunidad, distintos organismos de derechos humanos de Santiago del Estero denunciaron irregularidades en el proceder de los jueces a cargo. Explicaron que en menos de un año el Tribunal Oral de la provincia, que hace las veces de Cámara de Apelaciones, tomó dos decisiones contradictorias. Por un lado, se había denegado la excarcelación de D’Amico, reafirmando la posición del Juez Federal Dr. Molinari, acerca de la inconveniencia de otorgar la libertad a quien se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad. Pero luego el mismo Tribunal resolvió su liberación en una audiencia en la que no pudieron estar presentes los querellantes porque directamente no fueron notificados.
Ante esta irregularidad, organizaciones como la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Práctica Alternativa del Derecho, habían denunciado que el juez Pedro Ibáñez – presidente del Tribunal Oral, cargo que continúa ocupando – fue acusado en 2004 por las Madres del Dolor, por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, ya que había ordenado seguimientos e interferencias telefónicas a miembros de la agrupación, argumentando que conformaban “una banda que circulaba en vehículos fuertemente armados”. Recordaron además que mientras Ibáñez ejercía como juez de crimen, el propio D’Amico era Subsecretario de Seguridad de la provincia.
Cabe preguntarse cómo es posible que una persona acusada de secuestros y desapariciones antes y durante la última dictadura militar, responsable de detenciones ilegales y torturas siendo funcionario público en democracia, continúe en libertad y sus causas no avancen.
“(Actualmente) Este represor es dueño de una de las agencias de seguridad más grandes de Santiago llamada Fortaleza, que entre sus más importantes ´clientes´ tiene a la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y al Banco de Santiago del Estero (BSE). En los últimos años ha incrementado sus negocios al punto tal de contar con una (agencia de seguridad) que atemoriza por la cantidad de personal y vehículos con que cuenta. Prueba de esta bonanza es la nueva sede inaugurada recientemente (en una céntrica esquina de la capital provincial)”, responden desde la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y los Familiares de Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago. Sumado al guiño cómplice de gran parte del Poder Judicial.