Debido a la ausencia de la Secretaría de DD.HH. de la Nación que se desempeña como querellante, fue suspendido hasta mediados de septiembre el juicio de la causa Díaz Bessone por la cual se juzgan los crímenes perpetrados por el 2ª cuerpo de Ejército en el centro clandestino de detención más grande de la provincia de Santa Fé.
Ayer miércoles 31/08 fue suspendida la audiencia de la causa por delitos de lesa humanidad que se tramita en el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, ante la ausencia sin notificación previa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una de las partes querellantes en el juicio.
Debido a esto, el equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas (que representan a 85 víctimas) no pudieron elevar el pedido de condena a los imputados en la causa Díaz Bessone, por la cual se juzga a los máximos responsables de la represión llevada a cabo por el cuerpo de Ejército durante la dictadura
En un comunicado difundido luego de la suspensión del juicio, la APDH Rosario, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, sobrevivientes, querellantes, testigos y familiares, presentes en la audiencia suspendida difundieron un comunicado en el que sostienen que “una vez más vemos cómo se retrasa un juicio por el que venimos luchando desde hace 30 años, con una postergación que no sólo afecta esta causa sino a los juicios por delitos de lesa humanidad que esperan su turno en los Tribunales Federales”.
La audiencia fue postergada para el 12 de septiembre, con el agravante de que la defensa del imputado Ricardo Chomicki pidió al tribunal sanciones: que se tenga por desistida  a la querella y se le apliquen costas. Solicitud a la que adhirieron las defensas de los otros acusados por genocidio.
El mencionado comunicado reclama también a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que asuma con la máxima responsabilidad su actuación en un juicio histórico donde se juzga a uno de los máximos responsables del 2ª cuerpo de Ejército por los crímenes cometidos en el mayor centro de detención clandestino de la provincia y que transita por las últimas instancias de su desarrollo.