En el mismo sentido que lo solicitaron, a principios de mes, las abogadas Claudia Ferrero (Partido Obrero/APEL) y María del Carmen Verdú (CORREPI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó el procesamiento de siete efectivos de la Policía Federal que participaron en el operativo del 20 de octubre de 2010 en Barracas, cuando una patota de la Unión Ferroviaria asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra e hirió a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

De acuerdo con el escrito presentado a la jueza Wilma López, los funcionarios de la Federal dejaron una “zona liberada” para permitir la agresión y formaron un “cerco protector” para garantizar la impunidad de los miembros de la Unión Ferroviaria.
LAS abogadas Ferrero y Verdú, en su escrito solicitaron que se los procese como partícipes necesarios de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. A diferencia de la fiscalía, que pidió el procesamiento de los siete jefes policiales por los delitos de abandono de persona calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La querella que representa a los militantes del Partido Obrero, Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, sostiene que “el personal policial fue parte activa (y no por simple omisión) del plan urdido para aleccionar a los tercerizados y sus acompañantes, ya que sin su cooperación, no hubiera podido perpetrarse el hecho investigado”.
Según se desprende de dicha investigación, los jefes del operativo, comisarios Jorge Ferreyra, a cargo de la División Roca de la Policía Federal y Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas, permitieron que los efectivos liberaran la zona para hacer posible el ataque. Por su parte, el subcomisario Rolando Garay, presente en el lugar de los hechos, fue quien dejó que los agresores se acercaran a los militantes que se estaban desconcentrando y luego ordenó efectuar el cerco para proteger al grupo de la Unión Ferroviaria. A su vez, el agente David Villalba tenía a cargo la filmación de los hechos, función que cumplió durante todo el operativo, a excepción de los cinco minutos en los que se produjo el ataque, que no quedaron registrados.
En tanto, el comisario Hugo Lompizano y los efectivos Luis Echavarría y Gastón Conti tenían a su cargo el monitoreo y control del operativo en la Sala de Situación ubicada en el Departamento Central de Policía de la ciudad de Buenos Aires, donde recibían las imágenes en tiempo real. Desde ese lugar, con la anuencia de sus superiores, Conti ordenó el repliegue de las fuerzas policiales que hizo posible el ataque a los manifestantes.
El pasado 24 de mayo la jueza López elevó a juicio oral la causa en la que están imputados el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros nueve acusados. La investigación de la responsabilidad de los policías se encuentra todavía en etapa de instrucción en el mismo juzgado. Para el CELS, que representa a los familiares de Mariano, es fundamental que ambos procesos sean analizados como parte del mismo hecho en el que tuvieron participación tanto los miembros de la Unión Ferroviaria como los policías implicados.
Foto: Martín Cossarini