Imputaron en Tucumán a un cura por delitos de lesa humanidad, denunciaron a jueza por maltrato a testigo, y organismos de DDHH realizaron una presentación para que se investigue la complicidad civil en el Operativo “Serpiente Roja del Paraná”.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – El juez Federal Nº1, Daniel Bejas, procesó a 21 represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención tucumano, Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Los acusados fueron imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, homicidio agravado, asociación ilícita agravada.
Pero en estos procesamientos, hay dos cuestiones que se destacan. Por un lado, la inclusión de los delitos de abuso y violación sexual contra mujeres que estuvieron detenidas en cautiverio. Por el otro, entre los imputados aparece el Padre José Eloy Mijalchyk, convirtiéndose en el primer miembro de la iglesia acusado en Tucumán en el marco del genocidio de la última dictadura militar. Mijalchyk continúa ejerciendo como sacerdote en la Iglesia San José Obrero de El Colmenar.
Según la acusación de la Fiscalía, Mijalchyk fue el capellán del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga entre 1976 y 1977. Se lo acusa de partícipe penalmente responsable de los delitos cometidos en perjuicio de Félix Viterbo Corbalán (privación ilegitima de la libertad y tormentos, homicidio calificado), María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero (privación ilegitima de la libertad y tormentos en las tres ocasiones), ejecutando éstas conductas como parte de una asociación ilícita calificada.
En su declaración ante la Fiscalía, realizada en noviembre pasado, el Padre negó conocer a las personas y las causas por las que está imputado, además del rol que cumplía la iglesia en la última dictadura. A pesar de ello, según la propia Fiscalía Federal, Mijalchyk “tenía un rol específico y las funciones que le tocó desempeñar en el esquema represivo del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga marcan un conocimiento del plan criminal en marcha y su intención de favorecer al mismo ofreciendo su especial participación en un rol clave”. Lo concreto es que Mijalchyk ayudaba, apoyándose en su condición de religioso, al quebrantamiento de la voluntad de las personas en cautiverio y durante los interrogatorios. El mismo rol que jugaba Cristian Von Wernich en La Plata.
La intención de Bejas es conformar una megacausa (que pasaría a ser la más importante en Tucumán hasta el momento), unificando esta causa con el primer expediente, conocido como Arsenales I, y que ya se encuentra en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Esta primera parte incluye el procesamiento de cinco represores por delitos cometidos contra 82 víctimas. Todavía pueden ser juzgados, Luciano Benjamín Menéndez (ex Comandante del III Cuerpo del Ejército) y Antonio Domingo Bussi; pero algunos de estos imputados ya fallecieron. Por lo que justicia no puede perder más tiempo.
Complicidad estatal y empresarial
Esta mañana, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos, entre ellos su Secretario General de la Filial Villa Constitución, Carlos Sosa; y de la Unión Obrera Metalúrgica, a través del Secretario General de la Seccional Villa Constitución, Alberto Piccinini, querellaron penalmente a los responsables del Operativo “Serpiente Roja del Paraná”.
Este operativo sucedió el 20 de marzo de 1975 y fue ordenado por la entonces presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón y gran parte de su gabinete, y llevado a cabo por expresa indicación del entonces presidente del Directorio de la Empresa ACINDAR, José Alfredo Martínez de Hoz, transformándose en un claro antecedente ideológico, discursivo y metodológico del accionar criminal desde el Estado, que se consolidaría tras el golpe del 24 de marzo de 1976.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Instrucción Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 5 de la Capital Federal, a cargo del Dr. Norberto Oyarbide, y allí se solicitó que se la conecte con la causa “Martínez de Hoz, José Alfredo”, en la que el ex ministro de Economía está acusado por el secuestro del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel.
La presentación está orientada a probar la existencia de mecanismos de terrorismo estatal tendiente a disciplinar y desarticular el movimiento de lucha gremial y político. Involucra, además de a Martínez de Hoz e Isabel Martínez de Perón, a todos los miembros del directorio de la empresa ACINDAR S.A. al 20 de diciembre de 1975, a los cuadros de la Policía Federal Argentina, de Prefectura Naval, integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe, e integrantes del Gabinete Nacional que guarden participación con los hechos del operativo represivo y demás crímenes de lesa humanidad vinculados a éste, entre otros la existencia de un Centro Clandestino de Detención que funcionara desde esa fecha en las instalaciones del Albergue de Trabajadores Solteros de la Empresa ACINDAR S.A.
Todos son acusados de crímenes de lesa humanidad
El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre diversas fuerzas represivas policiales, tanto a nivel provincial como nacional, invadieron la localidad santafesina de Villa Constitución.
Detuvieron a trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la seccional de UOM, reconvirtieron el albergue de solteros de ACINDAR en centro clandestino de detención y desaparecieron a veinte personas.
Durante esa madrugada, también se clausuró el local de la UOM de Villa Constitución y se detuvo a la mayor parte de la Comisión Directiva que encabezaba Alberto Piccinini, además de a Carlos Soto, entonces Secretario General de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución. En ese marco, centenares de militantes, colaboradores y simpatizantes del movimiento gremial de la zona fueron arrestados de manera ilegal, al igual que habitantes de ciudades vecinas, como San Nicolás (Prov. de Bs. As.) y Rosario (Santa Fe). Todos fueron sometidos a malos tratos y privados de su libertad.
El operativo recibió el nombre de Serpiente Roja del Paraná, y fue ordenado a través de un comunicado firmado por la Presidenta Isabel Martínez de Perón, y los titulares de los Ministerios de Defensa (Adolfo Savino), Justicia (Antonio Juan Benítez), Trabajo (Roberto Otero) e Interior (Alberto Rocamora).
La presentación apunta a dar cuenta de la complicidad estatal y civil, sobre todo, empresarial, con la que contó este operativo.
Larrandart, la insistente
Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos denunciaron a la jueza Lucila Larrandart, actual integrante del Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín que juzga a Luis Abelardo Patti, Reynaldo Bignone y otros tres represores por delitos cometidos en Campo de Mayo.
La acusan de haber maltratado a la testigo, Margarita Cruz, integrante de la AEDD, quien debía presentar un trabajo de investigación sobre la represión en la Zona IV, elaborado en base a testimonios y documentos del Archivo de la Asociación. En ese carácter fue aceptado su testimonio como prueba por el Tribunal que preside la jueza Lucila Larrandart.
Durante la declaración de Cruz, la magistrada intentó impedir que su testimonio se desarrollara, y focalizó especialmente sus agresiones en censurar las informaciones de contexto que presentaba la AEDD.
Según señala el organismo a través de un comunicado, la jueza insistía en que la testigo sólo debía hablar de los casos que se juzgaban en ese juicio. “No nos interesa”, reiteraba permanentemente al referirse a lo sucedido con otras víctimas desaparecidas o liberadas que compartieron cautiverio y pasaron por el mismo circuito. De esta manera, evitaba que se presentara información de contexto que evidencia que la represión en la Zona IV funcionó articuladamente en circuitos represivos múltiples, y que los juicios que se están desarrollando en la localidad de San Martín son causas fragmentadas, lo que impide mostrar la magnitud del genocidio llevado adelante en la Argentina.
Pero esta conducta de Larrandart no es nueva. Durante el juicio por el asesinato de Floreal “El Negrito” Avellaneda y el secuestro de su mamá, Iris Avellaneda, la magistrada maltrató a Arsinoe Avellaneda (tía del Negrito y luchadora por los Derechos Humanos de 81 años). Larrandart buscó acotar la prueba e impidió el testimonio de víctimas del Terrorismo de Estado.
Desde la Asociación aseguraron que volverán a presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por estos graves hechos.
Fuentes: Contrapunto / Primera Fuente / AEDD / LADH
