Lo dictó la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata a la mayoría de los imputados en la causa por el incendio, ocurrido en 2005 y que le costó la vida a 33 personas privadas de su libertad.  La resolución fue firmada por los doctores Almeida, Szelagowski y Rezzónico Bernard. La medida deja sin posibilidad de juzgar a 15 de los agentes y funcionarios involucrados en el hecho, acusados del delito de abandono de persona seguido de muerte; a excepción de Cristian Alberto Nuñez y Carlos Oscar Tejeda, imputados por el delito de homicidio culposo.
El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria,
Extramuros, Grupo de Estudio sobre Educación en Cárceles. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata y el Colectivo La Cantora denunciaron hoy en conferencia de prensa esta situación y adelantaron que apelarán la medida.
En la noche del sábado 15 de octubre de 2005, se produjo una pelea entre los internos del Pabellón 16, que fue usada de excusa para que el personal del servicio penitenciario y personal de la División Canes, ingresara al lugar portando escopetas con munición antitumulto. Algunos internos iniciaron un foco ígneo en el sector de las últimas camas, que se propagó rápidamente en su interior. Ante dicha situación, los agentes penitenciarios se replegaron, y no abrieron las puertas para permitir el escape de las personas que se hallaban en el interior. Esto provocó la muerte de 33 internos.
Luego de más de 3 años de investigación fueron imputados los 17 agentes y la fiscalía pidió que la causa pasara a la instancia oral.
Sin embargo, los camaristas de la Sala II sostuvieron que “en ningún momento los agentes penitenciaros quisieron abandonar a su suerte a los internos, sino que el cierre de la puerta delantera debió obedecer al ´caos´ reinante en el lugar: el intenso humo, la falta de electricidad, la diferencia numérica entre los agentes y los internos y la circunstancia de encontrarse estos últimos armados, tal como surge de los testimonios obrantes en autos y de la cantidad de armas de fabricación casera secuestradas en el Penal”. Por lo que la masacre en el penal de Magdalena corre riesgo de quedar impune.