Más allá de que 39 represores fueron condenados en lo que va de 2010, el avance de las causas es lento y lleno de obstáculos, generados muchas veces desde el propio Poder Judicial.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – Integrantes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca se manifestaron hoy frente al Tribunal Oral Federal de esa localidad para exigir que se acelere el inicio del juicio contra los represores que actuaron en el Comando en V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar.
En el marco de la movilización, se presentaron dos petitorios. En uno se reclama una fecha concreta para el inicio de las audiencias, y en el otro se pide que se confirme a la Universidad Nacional del Sur como sede para la realización del juicio.
La causa V Cuerpo del Ejército se reabrió hace cinco años y desde la justicia se había fijado que el proceso comenzaría en 2010, pero faltando menos de dos meses para que finalice el año no se ha fijado una fecha concreta.
Pero esta no es la única cuenta pendiente de la justicia bahiense. En este momento suman 70 los imputados por delitos de lesa humanidad que están en libertad, a la espera del inicio de sus juicios. Los últimos en sumarse a la lista fueron Víctor Raúl Aguirre y Carlos Taffarel.
La Cámara Federal de Apelaciones y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal excarceló al suboficial de la especialidad de inteligencia Víctor Raúl Aguirre, imputado en la causa que investiga lo sucedido en el ámbito del V Cuerpo de Ejército y en la llamada causa “Armada”.
Por su parte, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal le concedió la excarcelación al oficial de la especialidad de inteligencia Carlos Taffarel, confirmando una medida adoptada por el doctor Santiago Martínez, quien está a cargo del Juzgado Federal.
Las dilaciones y los obstáculos suelen ser moneda demasiado corriente en el accionar de la Justicia a la hora de juzgar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. A veces, se trata de omisiones, otras directamente de complicidad. El segundo caso puede remitirse a ciertos jueces mendocinos, como los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti. Por decisión de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal fueron apartados de las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad en toda la jurisdicción del tribunal, que abarcó no solo Mendoza, sino también San Juan y San Luis.
Según se indica en la resolución, existen “dudas razonables acerca de la imparcialidad de los tres miembros del tribunal”, además de “la existencia de expedientes en trámite en los que se investiga la actuación de algunos de los integrantes de ese tribunal en el marco de causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y/o su intervención en la comisión de esa clase de delitos durante su desempeño judicial en aquel período”.

Procesados y juzgados
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General de la Nación, publicó un relevamiento en el que da cuenta que en lo que va de 2010 fueron condenados 39 represores y se cerraron diez juicios por crímenes de lesa humanidad. En tanto, en otros doce se está juzgando a 130 acusados, mientras que en los próximos meses está previsto el inicio de otros siete nuevos juicios.
El número total de procesados por violaciones a los derechos humanos es de 783, 149 más que a fines de 2009. De los 783 procesados, 377 ya tienen al menos una causa elevada a juicio oral. Hasta el momento los condenados por delitos de lesa humanidad suman 131 y los absueltos 14.
Más allá del impacto que pueden producir estas cifras, vale reiterar el pedido que desde distintos organismos de derechos humanos se realiza permanentemente. Es necesario que se unifiquen las causas para evitar que los testigos declaren una y otra vez en diferentes tribunales, y para acelerar el juzgamiento de los represores, para que no sigan muriendo impunes en sus casas.

Fuentes: EcoDías / Primera Fuente.