La Pampa y Santiago del Estero tendrán sus primeros juicios orales por crímenes de lesa humanidad. Dieciséis represores estarán en el banquillo y deberán responder por delitos cometidos contra 29 víctimas.
(Cecilia Litvin – Red Eco) La Pampa – Santiago del Estero – A partir del 2 de agosto, diez represores que integraban el grupo de tareas de la Subzona 14 de La Pampa, durante la última dictadura militar, serán juzgados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas en forma reiterada, contra 28 personas.
Los imputados fueron exonerados de la administración pública provincial hace 24 años por los mismos delitos por los que recién serán juzgados este año.
Los acusados son el comandante de la subzona Fabio Carlos Iriart; el oficial del Ejército y Secretario General de la Gobernación Néstor Omar Greppi; el jefe policial del Grupo de Tareas Roberto Esteban Constantino; el jefe de informaciones Roberto Oscar Fiorucci; el jefe de operaciones del grupo y Comisario Principal de la Policía provincial Omar Aguilera; el oficial de la Policía de la Provincia e integrante del Grupo de Operaciones e Informaciones, Néstor Bonifacio Cenizo; el Comisario Mayor de la Policía e integrante del Grupo de Operaciones Carlos Alberto Reinhart, el Comisario Mayor de la Policía e integrante del Grupo de Oper. e Inform. Oscar Yorio; el Subcomisario de la Policía e integrante del Grupo de Oper. e Inform. Athos Reta; y el integrante del Grupo de Operaciones Hugo Roberto Marenchino.
Quien debería ser juzgado también pero estará ausente en las audiencias es el Jefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura y ex coronel del Ejército, Luis Enrique Baraldini, que está prófugo.
Actualmente, Iriart tiene arresto domiciliario y Greppi será trasladado en los próximos días a Santa Rosa. El resto de los represores está detenido en la Unidad Nº4 del Servicio Penitenciario Federal, en La Pampa, donde permanecerán durante todo el juicio. El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa (integrado por los jueces Eugenio Krom, Mario Armando Márquez y José Mario Tripputi) resolvió detenerlos para “preservar la tranquilidad de las víctimas”.
Al respecto, la abogada Carina Salvay, que representa como querellante a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en la causa, afirmó que la medida es importante porque permite mayor seguridad y tranquilidad para las víctimas y los testigos. “No era una decisión fácil de tomar por parte del tribunal (…) Se llega al juicio en condiciones óptimas”, manifestó y aclaró que varias personas habían mostrado previamente intranquilidad y presiones. De hecho, uno de los testigos denunció haber recibido llamadas en las que lo amenazaban y le decían que tuviera cuidado con lo que iba a decir.
De las 28 víctimas, 20 (Clemente Bedis, Justo Ivalor Roma, Rodolfo De Diego, Zulema Arizu, Nery Greta Sanders, Avelino Cisneros, Héctor Solecio, Erberto Cuevas, Julián Flores, Zelmira Mireya Emilce Regazzoli, Dolly Girard, Roberto Oscar Gil, Hermes Carlos Accatoli, Olga Edith Juárez, Raquel Barabaschi, Santiago Guillermo Covella, Carlos Osvaldo Aragonés, Hugo Avelino Ferrari, Ana María Martínez, Nicolás Navarro) fueron detenidas ilegalmente entre el 24 de marzo de 1976 y 1978 por comisiones, integradas por personal militar y policial del Comando de la Subzona 14 del Ejército, para luego ser trasladadas a la Seccional 1ª de la Policía de La Pampa, donde fueron interrogadas, con amenazas verbales, físicas y torturas.
Las otras ocho víctimas (Víctor Aldo Pozo Grados, Guillermo Eduardo Quartucci, Gustavo Konning, Gerardo Nansen, Ángel Álvarez, Carlos Samprón, Samuel Bertón y Luis Carlino) eran docentes del Instituto Secundario “José Ingenieros”, lugar donde fueron detenidas ilegalmente y trasladadas a la comisaría local y posteriormente al Puesto Caminero de la Ruta Nº 35, donde fueron sometidos a interrogatorios bajo amenazas y torturas.
En tanto, el 10 de agosto comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, en el que se juzgará a seis represores (entre ellos, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez) por el secuestro y asesinato del estudiante de abogacía y militante político, Cecilio Kamenetzky de 18 años, en agosto de 1976.
El Tribunal, que está integrado por Marina Cossio de Mercau, Graciela Fernández Vecino y Josefina Curi, dispuso que se podrán difundir en directo, por medios audiovisuales, los actos iniciales del juicio (apertura y declaraciones de los imputados), los alegatos de las partes y la lectura de la sentencia.
Fuentes: H.I.J.O.S. / La Arena / LADH / Primera Fuente.
