Se inician en Mendoza y Córdoba nuevos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Mendoza – Córdoba – El primero. Comenzó esta mañana en la localidad mendocina de San Rafael el juicio contra seis represores por el secuestro y desaparición de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, José Berón Llanos y Pascual Llanos, ocurridos entre marzo y agosto de 1976.
El Tribunal Oral Federal No. 2, integrado por Roberto Julio Naciff, Héctor Cortés y Jorge Roberto Burad, es el encargado de juzgar al coronel Aníbal  Guevara; Raúl Ruiz Soppe (Jefe de la Unidad II), Juan Roberto Labarta (Oficial del Centro Clandestino de Detención D2) y José Martín Musiere (comisario retirado), todos miembros de la policía de Mendoza. Además de a los civiles: Cristóbal Ruiz Pozo (médico) y Raúl Egea (abogado). 
También debía ser juzgado el Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, pero fue separado de la causa por enfrentar otras acusaciones en Córdoba.
La audiencia se inició con la lectura de las acusaciones, y dos datos. En un ya lugar común, uno de los imputados (Pozo) sufrió una descomposición y fue internado en un hospital de San Rafael, por lo que no estuvo presente en la sala y su defensa pidió que no se abriera el debate; solicitud que fue desestimada por los jueces.
Quien sí asistió a la audiencia fue el senador nacional y titular del radicalismo, Ernesto Sanz. Organismos de Derechos Humanos habían denunciado su relación con el abogado de la defensa de los represores, Tíndaro Fernández, ya que eran socios en un estudio jurídico. Al ser consultado, Sanz lo negó: “No tengo la menor idea. He venido como militante político a apoyar el juicio y a apoyar a los querellantes y a los fiscales”. Militantes que se encontraban en el recinto señalaron que todos en San Rafael saben que Sanz sí era socio de Fernández.
En Mendoza hay 237 asesinatos y desapariciones denunciados por distintos organismos de DDHH. En marzo de este año, la Justicia Federal de Mendoza debería haber abierto las causas en la ciudad capital, pero hubo una nueva postergación. Se espera que con el inicio del proceso en San Rafael (el primer de la provincia), puedan destrabarse el resto de las causas.
El largo camino de la justicia
Mañana comenzará un nuevo juicio en Córdoba. Será por los fusilamientos de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 (tal como se conoció a la cárcel del barrio San Martín, de la ciudad capital), en 1976.
Pero este proceso tiene algunas diferencias respecto a otros ya realizados en la provincia.
Las víctimas eran presos políticos, pero estaban reconocidos legalmente, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y alojados en una dependencia carcelaria. Tenían abogados defensores, de oficio o particulares y se encontraban a disposición de Juzgados Federales y del Poder Ejecutivo Nacional. Muchos de ellos contaban con un proceso judicial concluido o directamente con resolución de libertad.
A partir del 24 de marzo de 1976 (y hasta el 25 de mayo de 1979), los detenidos estuvieron incomunicados. El Ejército justificó sus asesinatos, dándolos a conocer como intentos de fuga o muertes por causas naturales.
Es por esto que la lista de 26 acusados alcanza a Jorge Rafael Videla (como titular del Poder Ejecutivo de ese momento) y Luciano Benjamín Menéndez. Pero además están implicados funcionarios judiciales, ya que los presos estaban bajo responsabilidad de los jueces que debían velar por su salud y seguridad, pero que actuaron en complicidad con los represores, al permitir que las víctimas fueran sacadas de la cárcel para ser torturadas y fusiladas.
Esta situación podría explicar por qué el inicio de este juicio fue pospuesto hace un mes. Pero además hay que sumar los retrasos históricos. La primera investigación de estos crímenes se realizó apenas volvió la democracia, pero debió abandonarse ante la aprobación de las leyes de impunidad y la firma de los indultos. De todos modos, las pruebas y testimonios recolectados en ese momento, hoy forman parte de la querella de este juicio. En 1998, se abrió una nueva investigación que fue elevada a “juicio por la verdad histórica”. A partir de mañana, no solo se sabrá que pasó con las víctimas, sino que los culpables podrán ser condenados.
Fuentes: Colectivo La Minga, PrensaRed, Primera Fuente