Este 2 de marzo, familiares de las siete víctimas (Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Claros, Juan José Cabrera y Fernando Latorre), integrantes de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, el Colectivo Antirepresivo 7 y la Comisión Provincial por la Memoria tomaron posesión del edificio de la ex comisaría 1ª. El acto se realizó tras la firma del comodato donde el Municipio cedió el inmueble a la CPM por 20 años, para el funcionamiento del Espacio por la memoria y la promoción de los derechos humanos ex comisaría 1° de Pergamino.
La ordenanza, aprobada por unanimidad por Concejo Deliberante de Pergamino en 2018, establece la conformación de un consejo de gestión del sitio con representantes de la CPM, del colectivo antirrepresivo 7, que nuclea a familiares de las víctimas, de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino, del Municipio, del Concejo Deliberante, de la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Cabe recordar además que la dependencia policial ya se encontraba señalizada por su funcionamiento como centro de detención ilegal durante la dictadura cívico-militar.
Afirman que el edificio de Dorrego 636, donde funcionó la comisaría 1ª de Pergamino hasta la masacre ocurrida el 2 de marzo de 2017, mantiene los rastros del horror, nada fue alterado desde ese momento: las marcas del incendio, los colchones, algunas pocas prendas de las personas que estaban detenidas. Tras la masacre, la comisaría fue desafectada y alcanzada por una medida judicial de no innovar hasta la realización del juicio.
“Estar acá y recordar los lugares en donde lo vi, ver lo que quedó y pensar por todo lo que debe haber pasado, te deja una sensación de impotencia, de no poder creer que haya gente que no se sensibilice por esos pedidos de auxilio. Fueron cinco años de una lucha desigual, no fuimos entendidas, fuimos maltratadas y hoy vemos un poquito de esperanza en esta misma sociedad”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, durante la recorrida por el edificio.
“Este sitio de memoria nos remite al presente, porque estamos hablando de algo que puede volver a ocurrir, porque hay miles de personas alojadas hoy en las condiciones de detención que uno ve acá”, agregó la directora general de la CPM, Sandra Raggio.
Respecto a los desafíos de pensar y resignificar este espacio, Raggio expresó: “Acá la representación se diluye porque estamos frente a la presencialidad de una materialidad brutal, que no puede dejar de serlo. El desafío es construir un relato para poder contar lo que es intolerable, un mensaje político, ético y afectivo para no ser indiferente a esto que pasa”.
“Esto se construyó con consenso. Todas las fuerzas políticas se unieron para promover y aprobar la ordenanza y ceder hoy este edificio público y crear este espacio de memoria y derechos humanos. Para nosotros es también una experiencia pionera en la construcción colectiva de este espacio, siempre es difícil acordar colectivamente en temas tan sensibles, sin embargo logramos construir este camino con las familias, con las organizaciones locales, que estuvieron y estarán en la gestión política de este sitio y en la discusión de lo que esté lugar va a ser. (…) El valor de esta posesión es que deja de ser un edificio de la policía para ser un espacio donde se interpele la política represiva, un espacio también de interpelación a las nuevas generaciones para profundizar nuestra democracia y trabajar para la no repetición de estos hechos”, manifestó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.
En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Pergamino condenó, con penas de entre 6 y 15 años, a seis ex policías por la muerte de Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Claros, Juan José Cabrera y Fernando Latorre.
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria
