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Piden condenas para genocidas neuquinos

Este viernes terminó la etapa de los alegatos de las partes acusadoras en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Neuquén. Se espera el veredicto para la primera semana de diciembre. Por El Zumbido (RNMA).

Tras seis meses de testimonios en que lxs luchadorxs que sufrieron los secuestros, torturas y violencias sexuales contaron lo que vivieron, en que sus familiares y compañerxs marcaron con claridad el mapa de la extensión de los tormentos por fuera de los límites de lxs cuerpxs en cautiverio y en los que quedó expuesto que la demora del estado en auto-regañarse por sus crímenes también fue parte del plan, se acerca el final de esta séptima y posiblemente última etapa judicial contra los 15 genocidas de Neuquén y Río Negro acusados de delitos de lesa humanidad contra veinte militantxs –en su mayoría del PRT-ERP- de la región, de lxs que nueve permanecen desaparecidxs (aunque la desaparición de uno de ellxs fue juzgada en otro tramo de esta oportunamente desmembrada megacausa).

Excepto para el genocida Osvaldo Laurella Crippa, que gozó de impunidad biológica para este tramo, sobre todos los imputados hubo pedidos de condenas.

Después de caracterizar detalladamente cómo el circuito represivo en dictadura en la llamada “zona 5” (que incluía el sur de la provincia de Buenos Aires y toda la región patagónica), de exponer la trama de inteligencia que operaba para que los secuestros que vinieron fueran posibles y de caracterizar la particularidad de las violencias sexuales a las que fueron sometidas Alicia Villaverde y las hermanas Dora y Argentina Seguel, el ministerio público fiscal solicitó:

-Por los veinte secuestros y torturas, los tres casos de violación y las ocho desapariciones que calificó como “homicidios”: prisión perpetua para los represores militares de rango Osvaldo Páez (partícipe necesario) Walter Tejada (coautor), Jorge Granada (partícipe primario), Norberto Condall (coautor) y Carlos Taffarel (partícipe primario), al igual que para el jefe de inteligencia del comando Oscar Reinhold (coautor), los represores que tenían tareas de inteligencia Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale (partícipes necesarios). Para el jefe de inteligencia civil Raúl Guglielminetti, la condena a prisión perpetua se pidió como partícipe necesario de los “homicidios” y por la violación de Alicia Villaverde.

-Para Juan José Capella, el piloto que transportó a lxs secuestradxs el 10, 15 y 16 de junio en los vuelos clandestinos de los que nueve compañerxs no volvieron, solicitó 25 años de prisión como partícipe necesario de los secuestros, de los “homicidios” (desapariciones) y de los tres casos de violencias sexuales.

-Para el subcomisario de la policía federal Jorge Soza pidió también 25 años por secuestros, torturas y violación, 10 años para el comisario de la policía de Río Negro Desiderio Penchulef, 9 para el oficial de la policía federal Miguel Ángel Cancrini y 8 para el policía rionegrino Enerio Huircaín.

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén fue un poco más benevolente con algunos de los imputados, como el piloto militar, el jefe de la policía federal en Neuquén y el policía rionegrino involucrado en el secuestro de Eduardo Paris, para quienes bajó la vara puesta por la fiscalía en los pedidos de pena en tres años para los primeros y en uno para el último.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, como viene haciendo en los sucesivos juicios por delitos de lesa humanidad, enfatizó en la coautoría del delito de genocidio, aunque solo estuvo habilitado a pedir condena para el represor Paez, para quien solicitó prisión perpetua.

Leandro Aparicio, representante de Eduardo París, en el mismo sentido, caracterizó los delitos de lesa humanidad cometidos por los imputados como genocidio y adhirió a las mismas condenas solicitadas por la fiscalía.

Todas las acusaciones coincidieron en revocar las prisiones domiciliarias y que las condenas se cumplan en cárcel común, así como en el quite de jubilaciones y pensiones por sus cargos represivos.

 

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