A 34 años del último golpe de Estado, los juicios por delitos de lesa humanidad siguen demorándose y los genocidas continúan en libertad.

 
(Cecilia Litvin– Red Eco) Argentina – El jueves pasado debía empezar la etapa oral de los procesos contra los represores en Mendoza. Pero los abogados defensores, Daniel Pirello y Andrea Durante, presentaron una recusación para apartar al juez Juan Antonio González Mecías, del Tribunal Oral N° 1 (que se completa con los camaristas Héctor Cortés y Alejandro Piña).
El argumento fue que el magistrado ya había tenido “anteriores actuaciones en causas conexas”. Organismos de derechos humanos presentaron un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal explicando que el juez Mecías no intervino en ninguna de las causas elevadas a juicio (de 21 desapariciones, 4 asesinatos y 3 detenciones ilegales).
Pero la Cámara aceptó la presentación de los abogados y hasta podría declarar nulo todo lo actuado hasta el momento y postergar por tiempo indefinido el inicio de las audiencias.
Entre las causas que ya deberían estar siendo juzgadas, están la del periodista y poeta Francisco “Paco” Urondo, y su mujer Alicia Raboy, la de la estudiante Lidia De Marinis, Juan Antonio Gutiérrez, María Luisa Alvarado Cruz y los hermanos Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca.
Entre los represores imputados, se encuentran el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el ex general Luciano Benjamín Menéndez (que estaba siendo juzgado en Tucumán, proceso que fue suspendido hasta el 30 de marzo, por enfermedad del otro represor juzgado Antonio Domingo Bussi); el coronel Tamer Yapar, que fue interventor durante la dictadura; el ex jefe de Inteligencia de Ejército Paulino Enrique Furio; el ex general Mario Lépori (subjefe de la zona 33 y responsable de los centros clandestinos de detención); los comisarios retirados Eberto Villegas, Juan Oyarzábal (segundo jefe del Departamento de Inteligencia de Investigaciones de la Policía de Mendoza), Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda; el sargento Celustiano Lucero, y el oficial de la Policía de Mendoza Luis Alberto Rodríguez Vázquez. En la lista también se encontraba el ex jefe de la División de Inteligencia G2 del Comando de la VIII Brigada, Orlando Dopazo, que falleció recientemente.
El mismo jueves que debía iniciarse el juicio, distintos organismos de derechos humanos se movilizaron frente a los Tribunales Federales de Mendoza. Allí leyeron un comunicado, dedicado en gran parte a los abogados de los genocidas: “Saben que las pruebas contra los represores son incontestables. Sus protegidos van a ser condenados, entonces esgrimen cualquier voltereta para evitar que queden sentados en el banquillo de los acusados. Estos doctores ponen especial celo en observar las actuaciones cuando se trata de delitos de lesa humanidad con el fin de beneficiar a los represores. Mientras que se pudren en la cárcel los detenidos que no tienen plata para pagar abogados y deben recurrir a ellos, al defensor oficial. Conocedores de estos vericuetos, con argumentos falsos, consiguieron que una semana antes de la iniciación de los juicios por los crímenes de lesa humanidad se destituya al presidente del tribunal. Y ahora van por más, piden la nulidad de todo lo actuado desde el 2008. Vuelta atrás para dilatar una y otra vez los juicios. Pero nosotros llegamos aquí para recordarles que estamos entrenados para luchar contra los atropellos de ayer y de hoy”.
En tanto, en Bahía Blanca el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni (a pedido del fiscal Abel Córdoba) procesó a nueve marinos y dos ex integrantes del Servicio Penitenciario por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Pero a uno de ellos se le dictó la falta de mérito y la mayoría fue excarcelada.
Según el fiscal Córdoba es muy probable que la medida sea apelada. En ese caso, la Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse al respecto y si confirmara los procesamientos, las causas podrían elevarse a juicio.
Para efectivizar de estos procesos, además, debe conformarse un tribunal, del que aún no hay notificaciones oficiales.
En relación a los juicios por crímenes de lesa humanidad, se pronunció el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Indagó al Estado argentino por las demoras en sus realizaciones. Hicieron especial hincapié en el retraso que se produce desde el cierre de la etapa de instrucción hasta el inicio de los debates. Este período se extiende 18 meses en promedio. Además, el Comité planteó que actualmente sólo el 6% del total de imputados recibió un veredicto y que apenas dos causas tienen sentencia firme.

Fuente: Agencia Nodo Sur / Agencia EcoDías / Cels