El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata confirmó que el debate por los crímenes cometidos en dictadura en la Brigada de Investigaciones de Lanús, Centro Clandestino de Detención conocido como “El Infierno”, comenzará el 7 de septiembre con audiencias virtuales y que se evaluará la modalidad presencial cuando lo permitan las medidas sanitarias. Después de que murieran impunes el jefe y subjefe de la dependencia se juzgará sólo a 4 genocidas por 62 víctimas. Por HIJOS La Plata.

El pasado 12 de agosto y a través de la aplicación Jitsi Met, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata celebró la audiencia preliminar del juicio por los crímenes del CCD “El Infierno”, que funcionó en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneada. Se ratificó que el debate iniciará el próximo 7 de septiembre con audiencias que alternarán la presencia física y virtual de partes y testigos.

En la reunión virtual los fiscales plantearon que la “situación de emergencia” que plantea la pandemia de COVID-19 “no puede constituir un obstáculo al acceso a la justicia y, asimismo, el acceso a la justicia no puede constituir un factor que ponga en riesgo la salud de los trabajadores judiciales y de todos los que participan del sistema de justicia”. Con ello propusieron “hacer el juicio por partes”, es decir que el debate podía iniciar con medios remotos, privilegiando las lecturas de los requerimientos de elevación a juicio y las declaraciones testimoniales de aquellas personas que prefieran declarar de forma virtual, junto con aquellas que, necesariamente, por la distancia de su residencia respecto del tribunal, debían hacerlo de todos modos por videoconferencia.

El Tribunal, presidido por el juez subrogante Ricardo Basílico, decidió que los equipos de acompañamiento y asistencia a testigos realicen un relevamiento de las personas que prefieren declarar de forma remota y las que desean hacerlo de modo presencial.

Basílico planteó que, como es diversa la composición del TOF1 para los juicios en curso o por iniciarse (Brigada de San Justo, Pozos de Banfield y Quilmes y CCD de 1 y 60), se establecerá un sistema de compatibilidad para la celebración de audiencias. De hecho hay 3 integraciones diferentes de tribunal según cada proceso y en lo que resta del año se darán 4 debates en simultáneo producto de la pandemia, pero también del propio cuello de botella que generó la tardanza del Estado en celebrar los debates orales.

La causa por el CCD “El Infierno” se elevó a juicio en mayo de 2017 e incluía a 8 represores por 62 víctimas. Entre la elevación y hoy murieron impunes en el expediente el subjefe del Comando del Primer Cuerpo del Ejército Jorge Olivera Rovere, el militar y ex subjefe de la Policía Bonaerense Rodolfo Aníbal Campos, el comisario y subjefe de la Brigada de Lanús, Rómulo Ferranti y en julio pasado el jefe máximo del CCD, Bruno Trevisán. Con ello quedan en pie solamente las imputaciones contra el Director de Investigaciones Miguel Etchecolatz, el ministro de Gobierno Jaime Smart, el director de Investigaciones “Zona Metropolitana” Juan Miguel Wolk y el cabo de guardia de la Brigada, Miguel Ángel Ferreyro. Entre los años ´76 y ´78 revistaron más de 200 efectivos en la Brigada de Lanús, algunos de ellos procesados o condenados en otras causas como Norberto Cozzani, José Félix Madrid, Rubén Lavallén, Rubén Oscar Páez, Sergio Verduri y Roberto Cabrera. Todos ellos quedaron impunes en esta causa, al igual que su jefe Trevisán. Los crímenes cometidos en “El Infierno” tuvieron un primer juicio parcial en 2013 por los casos de los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino, que resultó en condenas leves de 3 y 4 años para Trevisán y Ferranti por “vejaciones y severidades, los dejó en libertad con la domiciliaria con que llegaron al debate y consideró “legal” la detención de los hermanos en la Brigada.

“EL INFIERNO”
El CCD “El infierno” funcionó en pleno centro de Avellaneda, a dos cuadras de la avenida Mitre, en la calle 12 de octubre N°234 de Avellaneda, donde hoy funciona un Espacio Municipal de la Memoria. El lugar era sede de la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús (URIIBIL), que dependía de la Dirección General de Investigaciones bonaerense dirigida por Etchecolatz. En la pirámide de este aparato represivo estaba el general de División Guillermo Suarez Mason, que estaba al frente del Primer Cuerpo del Ejército. Por tratarse de una brigada de investigaciones, muchos de los efectivos vestían de civil y se combinaban con personal militar para producir los secuestros.

Por el relato de los sobrevivientes hoy se sabe que el lugar tenía un acceso principal subiendo cuatro escalones, y un acceso para los detenidos por un garaje con portón metálico. A la derecha de un pasillo de unos dos metros de ancho estaba la sala de torturas. Había un patio con un cerramiento de barrotes a la altura del techo. Al fondo había cinco celdas con puerta ciega, con tres baños a la izquierda. Y arriba de las celdas había una pasarela para la guardia y probablemente otras dependencias. Nilda Eloy relató que estuvo detenida durante dos meses en este lugar y agregó que “traían mucha gente, se torturaba todos los días. Suponemos que era de noche. Había gente que traían exclusivamente a torturar y se la llevaban y a otra la dejaban ahí. “Nos turnábamos para poder sentarnos, porque no había lugar para nada. Allí se nos encapuchaba, nos ataban las manos y los pies. Las condiciones eran muy duras. Recibíamos agua cada cuatro o cinco días, pasaban una manguera por la mirilla, y nada más. Y la comida, en los dos meses que estuve, recibimos dos o tres veces algún plato”.

Nilda luchó durante años para que esta causa sea llevada a juicio, pero falleció antes de ver concretado el debate. En diciembre de 2012 sucedió un episodio que, una vez más, destaca el carácter luchador de la compañera de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos contra todas las imposibilidades que plantea la justicia. En el marco del Juicio por la Verdad la Cámara Federal de La Plata tomó declaración testimonial al suboficial mayor de la policía bonaerense, Miguel Ángel Ferreyro, quien fue reconocido por Eloy por la voz como el cabo de guardia del CCD “El Infierno”. Hasta ese momento la justicia citaba a militares y policías como testigos o recurría a una figura intermedia –la declaración informativa– cuando se sospechaba que los que eran convocados podían haber participado de secuestros, desapariciones o torturas. En este caso los jueces Julio Reboredo y Ramón Durán decidieron considerar que Ferreyro debía ser indagado por el delito que denunciaba la sobreviviente. “Su voz me perturbaba pero hubo alguna palabra que dijo, una expresión que hizo que no me quedaran dudas y cuando los jueces le preguntaron el grado, yo lo dije antes de que él contestara: cabo de guardia, no tenía dudas”, dijo Nilda en aquella oportunidad. Ella no estará para ver a Ferreyro juzgado, pero allí nos haremos presentes para completar su lucha.

LOS JUICIOS EN CUARENTENA
Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.

La continuidad de los juicios y las condiciones prácticas para su realización han generado un debate sobre la concepción del acto de justicia que significan estos debates. No se puede estirar más los procesos porque los imputados se mueren impunes como Trevisán y Ferranti, y además porque muchas de las víctimas, sobrevivientes y familiares también van quedando en el camino sin tener un mínimo de reparación de parte del Estado argentino. Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido. Nuestro reclamo se traduce en escuchar a todos los actores de los juicios, principalmente a las querellas de los organismos de DDHH y a los sobrevivientes, y en más concretamente en más medios económicos y personal para el perfeccionamiento de la tecnología de comunicación y el acondicionamiento de las salas de audiencias a la nueva situación, a la vez que se destaque la prohibición expresa de beneficios indebidos como las domiciliarias o las excarcelaciones a los perpetradores de delitos de lesa humanidad.

– POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
– JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
– CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
– NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!
– BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
– BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!

HIJOS LA PLATA