Esta semana el Tribunal Oral federal 1 de La Plata informó el fallecimiento impune del ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús en dictadura, Centro Clandestino de Detención conocido como “El Infierno”, que estaba procesado por los casos de 23 personas víctimas de secuestros, torturas y homicidios. El debate debía comenzar el 7 de septiembre próximo y en la causa también murieron impunes otros tres represores. Por HIJOS La Plata.
Aún en cuarentena extendida la impunidad biológica hace su trabajo por la pereza del Estado en llevar a juicio a los peores asesinos de nuestra historia, en un contexto donde las causas de lesa humanidad en La Plata están paralizadas desde marzo pasado.
El pasado 21 de julio el TOF 1 platense informó su decisión de declarar la extinción de la acción penal por el fallecimiento del genocida Bruno Trevisán, jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneda – CCD conocido como “El Infierno”- que desde septiembre de 2013 estaba procesado por 23 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidas en aquella sede policial y que gozaba de la prisión domiciliaria en Mar Del Plata.
Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.
El inicio del demorado juicio por los delitos cometidos en “El Infierno” está previsto para el 7 de septiembre de este año, pero las demoras por la crisis sanitaria ponen en duda esa fecha, en una causa elevada a juicio en mayo de 2017 y que incluía a 8 represores por 61 víctimas. Entre la elevación y hoy murieron impunes en el expediente el subjefe del Comando del Primer Cuerpo del Ejército Jorge Olivera Rovere, el militar y ex subjefe de la Policía Bonaerense Rodolfo Aníbal Campos, el comisario y subjefe de la Brigada de Lanús, Rómulo Ferranti y ahora el jefe máximo del CCD, Bruno Trevisán. Con ello quedan en pie solamente las imputaciones contra el Director de Investigaciones Miguel Etchecolatz, el ministro de Gobierno Jaime Smart, el director de Investigaciones “Zona Metropolitana” Juan Miguel Wolk y el cabo de guardia de la Brigada Miguel Ángel Ferreyro. Entre los años ´76 y ´78 revistaron más de 200 efectivos en la Brigada de Lanús, algunos de ellos procesados o condenados en otras causas como Norberto Cozzani, José Félix Madrid, Rubén Lavallén, Rubén Oscar Páez, Sergio Verduri y Roberto Cabrera. Todos ellos quedaron impunes en esta causa, al igual que su jefe Trevisán. Los crímenes cometidos en “El Infierno” tuvieron un primer juicio parcial en 2013 por los casos de los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino, que resultó en condenas leves de 3 y 4 años para Trevisán y Ferranti por “vejaciones y severidades, los dejó en libertad con la domiciliaria con que llegaron al debate y consideró “legal” la detención de los hermanos en el CCD.
El CCD “El infierno” funcionó en pleno centro de Avellaneda, a dos cuadras de la avenida Mitre, en la sede de la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús (URIIBIL), que dependía de la Dirección General de Investigaciones bonaerense dirigida por Etchecolatz. En la pirámide de este aparato represivo estaba el general de División Guillermo Suarez Mason, que estaba al frente del Primer Cuerpo del Ejército. Por tratarse de una brigada de investigaciones, muchos de los efectivos vestían de civil y se combinaban con personal militar para producir los secuestros.
Entre las víctimas que pasaron por el lugar están Enrique Barry, Horacio Reimer, Héctor Pérez, José Rizzo, Horacio Lafleur, Luis Jaramillo, Carlos Alberto Fernández, Pablo Musso, Víctor Venura, Diana Wlichky, Mario Salerno, José Reinaldo Rizzo, Ricardo Chidichimo, Carlos Daniel Saramaga, Esteban Santos, José Agustín Quinteros, Inés Pedemonte, Carlos Ochoa, Jorge Mendoza Calderón, Carlos Hodlt, Graciela Jurado, Gustavo Fernández Galan, Bonifacio Díaz, Victoria Borrelli, Alejo Avelino, Marta Alonso, Raúl Vassena y Daniel Scimia. Algunos de los sobrevivientes están del CCD son Oscar Solis, Eduardo Castellanos, Gladys Rodríguez, Corina Joly, Horacio Matoso, Haydee Lampugnani, Adolfo Paz, Gustavo Fernández y Nilda Eloy.
Por el relato de los sobrevivientes hoy se sabe que el lugar tenía un acceso principal subiendo cuatro escalones, y un acceso para los detenidos por un garaje con portón metálico. A la derecha de un pasillo de unos dos metros de ancho estaba la sala de torturas. Había un patio con un cerramiento de barrotes a la altura del techo. Al fondo había cinco celdas con puerta ciega, con tres baños a la izquierda. Y arriba de las celdas había una pasarela para la guardia y probablemente otras dependencias. Nilda Eloy relató que estuvo detenida durante dos meses en este lugar y agregó que “traían mucha gente, se torturaba todos los días. Suponemos que era de noche. Había gente que traían exclusivamente a torturar y se la llevaban y a otra la dejaban ahí. “Nos turnábamos para poder sentarnos, porque no había lugar para nada. Allí se nos encapuchaban, nos ataban las manos y los pies. Las condiciones eran muy duras. Recibíamos agua cada cuatro o cinco días, pasaban una manguera por la mirilla, y nada más. Y la comida, en los dos meses que estuve, recibimos dos o tres veces algún plato”.
Nilda luchó durante años para que esta causa sea llevada a juicio, pero falleció antes de ver concretado el debate. En diciembre de 2012 sucedió un episodio que, una vez más, destaca el carácter luchador de la compañera de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos contra todas las imposibilidades que plantea de la justicia. En el marco del Juicio por la Verdad la Cámara Federal de La Plata tomó declaración testimonial al suboficial mayor de la policía bonaerense, Miguel Ángel Ferreyro, quien fue reconocido por la voz por Eloy como el cabo de guardia del CCD “El Infierno”. Hasta ese momento la justicia citaba a militares y policías como testigos o recurría a una figura intermedia –la declaración informativa– cuando se sospechaba que los que eran convocados podían haber participado de secuestros, desapariciones o torturas. En este caso los jueces Julio Reboredo y Ramón Durán decidieron considerar que Ferreyro debía ser indagado por el delito que denunciaba la sobreviviente. “Su voz me perturbaba pero hubo alguna palabra que dijo, una expresión que hizo que no me quedaran dudas y cuando los jueces le preguntaron el grado, yo lo dije antes de que él contestara: cabo de guardia, no tenía dudas”, dijo Nilda en aquella oportunidad. Ella no estará para ver a Ferreyro juzgado, pero allí nos haremos presentes para completar su lucha.
La continuidad de los juicios y las condiciones prácticas para su realización son un desafía para la concepción del acto de justicia que significan estos debates. No se puede estirar más los procesos porque los imputados se mueren impunes como Trevisán, y además porque muchas de las víctimas, sobreviviente sus familiares también van quedando en el camino sin tener un mínimo de reparación de parte del Estado argentino. Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido. Nuestro reclamo se traduce en escuchar a todos los actores de los juicios, principalmente a las querellas de los organismos de DDHH y a los sobrevivientes, y en más concretamente en más medios económicos y personal para el perfeccionamiento de la tecnología de comunicación y el acondicionamiento de las salas de audiencias a la nueva situación, a la vez que se destaque la prohibición expresa de beneficios indebidos como las domiciliarias o las excarcelaciones a los perpetradores de delitos de lesa humanidad.
POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!
HIJOS LA PLATA
