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Sexta sentencia por lesa humanidad en Mendoza

Cinco ex militares y policías fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otros 13 recibieron penas de entre 22 y 4 años, y uno de ellos quedará en libertad. Además, hubo una absolución.

 

En este proceso fueron juzgados los delitos cometidos contra más de 80 víctimas, en el marco de 12 causas cuyos hechos comenzaron con anterioridad al golpe de 1976 y se extendieron hasta los últimos años de la dictadura, e incluyeron detenciones clandestinas, tormentos, violaciones, asesinatos, desapariciones forzadas y secuestro de niños y niñas. Por primera vez fue investigado el funcionamiento del “Campo Las Lajas” como centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

Al inicio de las audiencias, había 28 imputados pertenecientes a la Policía Federal y provincial, el Ejército y la Fuerza Aérea. Siete de ellos, entre los que se encontraba Luciano Benjamín Menéndez, murieron antes de la finalización del juicio.

El Tribunal Oral Federal Nro 1, integrado por Daniel Cisneros, Gretel Diamante y Alejandro Piña consideró que los crímenes investigados “fueron cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio” y condenó a prisión perpetua a los represores José Pablo Gutiérrez Araya, Alcides Paris Francisca, Diego Fernando Morales Pastrán, Ricardo Benjamín Miranda y Juan Carlos Alberto Santa María (responsable de “Campo Las Lajas”). En tanto, Carlos Eduardo Ledesma Luna y Armando Carelli recibieron 22 años; Armando Osvaldo Fernández, 20 años; Ramón Angel Puebla y Roberto Juan Usinger, 14; Dardo Migno y Mario Alfredo Laporta, 12; Miguel Ángel Salinas, Carlos Álvarez Lucero y Miguel Angel Tello, 5; y José Luis Mirotta, Marcelo León y Carlos Rico Tejeiro, 4 años y 6 meses de prisión.

Este último quedará en libertad al computarse el tiempo que ya estuvo detenido. Rico fue subsecretario de Seguridad durante parte del gobierno de Celso Jaque en 2008, y durante la última dictadura pertenecía a Infantería de la Policía de Mendoza. Fue condenado por haber participado de la custodia y traslado de detenidos, visiblemente torturados, del Departamento de Policía (conocido como D2) a distintas dependencias militares.

Finalmente, Carlos Alberto Luciani Marín resultó absuelto ya que los jueces consideraron que no contaban con la prueba suficiente en su contra para condenarlo.

Los organismos de derechos humanos de Mendoza consideraron que la sentencia había sido "ampliamente satisfactoria", aunque repudiaron tanto la absolución como las penas leves, además de la falta de condenas en los asesinatos de Mario Susso y Susana Bermejillo. A su vez, la Fiscalía adelantó que apelará estas decisiones de los magistrados ante el Tribunal de Casación.

Fuentes: Anred / La Izquierda Diario

 

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