El espacio está conformado por diferentes asociaciones de familiares de víctimas.

El principal objetivo planteado es el de impulsar, analizar y proponer al Estado políticas públicas tendientes a lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de la víctima, con el compromiso también de hacer un seguimiento de su ejecución y de sugerir su permanente actualización.
Entre sus actividades estará la organización de campañas de prevención masivas para evitar los delitos contra la vida y la integridad sexual. Y también, en el caso en que estos hechos se producen, campañas de concientización, en todos los ámbitos, para fortalecer la presencia de la víctima en el proceso judicial y consolidar el rol del querellante (o particular damnificado). De hecho, su transformación en figura jurídica de participación ineludible en los casos de estos delitos es una de las aspiraciones del Foro.
También buscan alcanzar el pleno patrocinio gratuito para los querellantes sin recursos, la igualación de los derechos de la víctima con los que hasta ahora disponen sólo e inequitativamente los imputados, y la ampliación de los plazos de prescripción en las causas de delitos dolosos.
“Consideramos -y lo sabemos por la dura experiencia propia- que se puede construir desde el dolor. Entendemos que las tragedias que hemos padecido podrían haberse evitado si se hubiesen atacado criteriosamente y con convicción las verdaderas causas que las provocaron”, señalaron durante la presentación.
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