A mitad de 2017 había más de 41.000 personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, mientras que en las comisarías existe una sobrepoblación de detenidos, registrando que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón. Estos son algunos de los datos que revela el undécimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el anexo del Senado bonaerense hace pocos días.

Los integrantes de la Comisión (CPM) relevaron que a diciembre de 2016 había 38.681 personas encarceladas en la Provincia, mientras que 7 meses más tarde ese número ascendió a 41.729. La llamada tasa de prisionización indica, entonces, que cada 100.000 personas hay 245 detenidas, el número más alto de los últimos 20 años que supera además a la tasa nacional que registra 169 prisioneros cada 100.000 habitantes.

A su vez, la sobrepoblación en las unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense es del 73,5%, seis puntos más que en 2015. En las comisarías en tanto se registra la máxima expresión de sobre-encarcelamiento, ya que en las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3.010 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro. Esto implica que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón. Para la Comisión, la expresión más grave de este deterioro institucional pudo verse el 2 de marzo pasado cuando siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la Comisaría 1ª de Pergamino.

“El Estado repite viejos crímenes y violaciones a los derechos humanos sin ninguna repercusión para la gestión”, dijo al respecto el secretario de la Comisión, Roberto Cipriano García al relacionar lo sucedido en Pergamino con la llamada Masacre de Magdalena: “Hoy se está juzgando, 12 años después, un hecho de similares características ocurrido en 2005 en la unidad 28 de Magdalena donde murieron 33 pibes sin consecuencias para los funcionarios políticos. La justicia no puede convalidar estas violaciones a los derechos humanos no sólo porque estos hechos no deben quedar impunes sino porque, mientras no existan condenas, estos hechos seguirán ocurriendo”, reflexionó.

Otros datos que se desprenden del informe anual es la cantidad de casos de tortura y/o malos tratos registrados durante 2016: 16.403 hechos padecidos por 3.054 personas, es decir un promedio de cinco actos violentos por víctima.

“El superpoblación, hacinamiento y la práctica sistemática de la tortura se administran como una forma de gobierno del Servicio Penitenciario Bonaerense en las cárceles; en ese sentido, la anunciada reforma penitenciaria no dice cómo va a revertir el sobre-encarcelamiento ni cómo prevenir la tortura”, aseguró Cipriano García.

Además, en el último año hubo 385 muertes bajo custodia del Estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública: 156 fueron en cárceles (más de 13 muertes por mes o más de 3 muertes por semana), 12 murieron en comisarías, 107 en neuropsiquiátricos, 1 en centros de menores, 109 fueron asesinados por agentes de fuerzas de seguridad (20% de ellos eran niños o adolescentes).

“A pesar del reconocimiento que se hizo de esta crítica situación por parte de la nueva gestión, la primera respuesta fue la consolidación de las políticas represivas: las emergencias en seguridad sólo sirven para profundizar la crisis que dice atacar y para que las fuerzas policiales actúen sin la intervención de la justicia”, señaló Cipriano García durante la presentación del informe.

En este marco, la CPM volvió a insistir en la necesidad de avanzar en ciertas reformas estructurales para comenzar a desmontar este sistema penal. Entre otras, se mencionaron las leyes 14.424 de policía judicial (pendiente desde el 2012), 14.687 de fiscalías especializadas para la investigación de la violencia institucional (pendiente desde el 2014), 14.442 que habla de la autonomía de la defensa pública (pendiente desde el 2012) además del reclamo por la implementación legal y el reconocimiento de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura.