Este jueves 6 de agosto habrá manifestaciones en todo el país en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye modificaciones a la Ley de Tierras, promoviendo la extranjerización de la tierra en Argentina y facilitado desalojos de las comunidades indígenas y campesinas, que se tratará ese día en el Senado de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires la concentración será frente al Congreso a partir del mediodía.

Según detalla la Agencia Tierra Viva, este proyecto que impulsa La Libertad Avanza incluye:

-Eliminar los límites de compra de tierras rurales por parte de empresarios o compañías extranjeras.
-Suprimir la restricción de compra de más de 1.000 hectáreas a empresarios foráneos en la zona núcleo de la producción agropecuaria.
-Dejar sin efecto la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o en zonas de frontera.
-Eliminar el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que es el ente encargado de regular lo que ocurre con las tierras a nivel nacional y de supervisar que se cumplan los límites de adquisición de tierras rurales.
-Modificar el concepto de “titularidad extranjera” y habilitar a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera (no radicada en el país) y a personas jurídicas con participación de capitales internacionales. Es decir, un fondo de inversión privado de Arabia Saudita, Vanguard, BlackRock o cualquier corporación transnacional podría adquirir tierra sin límites.
-Introducir el juicio sumarísimo (procesos breves para resolver situaciones urgentes) para habilitar desalojos en zonas urbanas y rurales, y habilita el uso de la fuerza pública para esos operativos.
-Mantener las prohibiciones vigentes para los Estados extranjeros y empresas estatales extranjeras.
-Delegar a las provincias la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección (argumento de “dominio originario” que ya se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares).
-Derogar el artículo 4 del Decreto 15.385 de 1944, que establece: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”. Por zonas de seguridad para la defensa nacional se entienden, por ejemplo, las zonas de frontera.
-Limitar la capacidad del Estado para expropiar tierras de “utilidad pública” (con modificaciones a la Ley 21.499 sobre Expropiaciones y Ley 24.374 sobre Regularización Dominial).
-La reforma alcanza también la Ley de Manejo del Fuego, que es la prohibición de cambiar el uso del suelo tras un incendio quedaría restringida a bosques nativos definidos por ley, eliminando las salvaguardas sobre humedales, pastizales, matorrales y áreas agrícolas.

Según el Observatorio de Tierras, en Argentina hay más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas que se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas; 36 municipios del país situados en esas zonas estratégicas ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización previsto por la ley vigente, y cuatro de ellos exceden el 50 por ciento con dueños extranjeros (Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta, todos ubicados en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o de minerales).

Actualmente los principales poseedores de tierras en Argentina son estadounidenses (2,7 millones de hectáreas), italianos (dos millones) y españoles (1,7 millones). Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el resto del territorio nacional.

Además, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.

Las mayores empresas que operan a nivel internacional y que concentran tierra en Argentina son Arauco (Chile), Benetton Group (Italia) y Cresud (del argentino Eduardo Elsztain, impulsor y aliado de Javier Milei).

Según el último Censo Nacional Agropecuario (2018), el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36 por ciento de la tierra; y el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) solo tiene el 2 por ciento de la tierra.

Nota publicada en Agencia Tierra Viva AQUÍ

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Compartimos, además, a continuación una carta enviada por organizaciones como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Confederación Mapuche de Neuquén-Xawvnko, Federación Gaucha de Neuquén, ATEN, ATE, CTA T, SEJUN, Coalición Federal por la Tierra, Equipo Pastoral Social de Neuquén, entre muchas otras, a los senadores y la senadoras de esa provincia, Julieta Corroza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, y al gobernador Rolando Figueroa.

“Los abajo firmantes, organizaciones sindicales, sociales, partidos políticos y organismos de DDHH de la provincia de Neuquén con amplia representación en distintos sectores de nuestra comunidad, nos dirigimos a Uds. con la finalidad de hacer conocer nuestra posición e inquietud ante el proyecto conocido como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (INLEG-2026-30831095-APN-PTE), que se está tratando el Senado de la Nación como Cámara de Origen.

El proyecto de Ley en debate, es realmente una ley de promoción de la extranjerización de la tierra en la argentina, comprometiendo gravemente la soberanía e integridad territorial y los derechos de acceso a la tierra de pueblos originarios, campesinos y del conjunto de los sectores populares en su derecho a la vivienda.

El proyecto de Ley elimina los límites legales actualmente existentes según la Ley 26737 para la adquisición de tierras a extranjeros y elimina la prohibición de compra, por parte de capitales extranjeros, en áreas de frontera y en superficies lindantes con espejos y cursos de agua permanentes. Un verdadero remate del territorio de nuestro país y en particular de nuestra provincia, cuyo límite legal actual se encuentra ya superado. La iniciativa, habilita la venta de tierras de alto valor por poseer bosques, lagos, arroyos, ríos, fauna y flora única en el mundo y libre de toda contaminación industrial o de riesgo por conflictos étnicos, políticos o limítrofes. Hoy esos valiosos espacios en parte, son ocupados desde hace décadas por pobladores criollos sin títulos de propiedad formales y por pueblos originarios cuya legitima ocupación está resguardad por la Constitución Nacional y Provincial. El resto integra lo que conocemos como Parques Nacionales o tierras fiscales que son propiedad común o latifundistas beneficiados por entregas de dudosa legalidad.

Esta iniciativa, además, en el sentido cuestionado, promueve también un trámite sumarísimo para desalojos de asentamientos y viviendas populares afectando el derecho del debido proceso y de defensa ambos de rango constitucional; asimismo limita la acción del Estado para que se pueda disponer vía declaración legislativa, en el marco establecido también en la Constitución tanto Nacional (art 17°) como Provincial (art. 24) que ya declaran inviolable la propiedad privada, del procedimiento jurídico de la Expropiación con fines de utilidad pública, de tierras tanto rurales para la producción, como urbanas o suburbanas para la construcción de viviendas, estableciendo nuevas condiciones para llevarla adelante.

Se profundiza con este proyecto, la política de negación de derechos constitucionales de los Pueblos Originarios y de represión y criminalización sobre los mismos, al desconocer el Convenio 169 de la OIT que ordena la Consulta Previa.

Debe advertirse que la reforma propuesta no sólo habilita futuras adquisiciones de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Al eliminar el régimen de límites cuantitativos y territoriales previsto en la Ley 26.737, también remueve los obstáculos legales que actualmente impiden o condicionan la registración, autorización o perfeccionamiento de operaciones alcanzadas por esas restricciones. En consecuencia, existe el riesgo cierto de que numerosas adquisiciones que hoy están obstaculizadas, logren concretarse bajo el régimen vigente y pasen a ser plenamente viables una vez modificada la legislación, incrementando de manera inmediata el dominio extranjero sobre tierras rurales estratégicas.

Concluimos que liberar y promover la compra de tierras en áreas de frontera por parte de capitales extranjeros es un serio atentado a la soberanía e integralidad territorial de la Argentina. Asimismo, eliminar la prohibición de compra por parte de extranjeros de las tierras lindantes a cursos de agua permanentes y grandes espejos de agua (lagos) pone a nuestros bienes comunes, como el agua dulce junto con los minerales, en objeto de conquista y apropiación al servicio de la voracidad de las grandes potencias.

Por estas razones y entendiendo la gravedad que acarrea para nuestra comunidad tanto en la actualidad como para las generaciones futuras este proyecto de Ley, es que les queremos manifestar el reclamo por un voto en contra del mismo. No encontramos razón alguna, más que la voracidad del Mercado y sus condicionalidades y las ambiciones de los grandes capitales internacionales y Estados extranacionales, para convertir en Ley un proyecto de naturaleza extranjerizante, que resigna gravosamente nuestra soberanía y que pone en la más absoluta desprotección a quienes vivimos en estos codiciados territorios.

El voto de nuestros Senadores no puede ser otro que el del rechazo, en defensa de nuestro territorio, de nuestros bienes comunes, de los derechos de los pueblos originarios y del derecho a la vivienda y al trabajo”.