En los próximos días comenzarán dos juicios contra represores acusados por crímenes de lesa humanidad, que actuaron en esa provincia. Organizaciones de derechos humanos exigen que las audiencias sean públicas.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Santa Fe. El próximo lunes, 31 de agosto, cinco represores, ex integrantes del Segundo Cuerpo del Ejército, se sentarán en el banquillo de los acusados.
Se trata de Omar Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano y Eduardo Rodolfo Costanzo, quienes serán juzgados por los delitos de secuestro y torturas cometidos contra 29 personas, y los homicidios de 17 de ellos, de quienes sus cuerpos aún continúan desaparecidos.
En el caso de una de las detenidas, como estaba embarazada y fue llevada a parir a Paraná antes de ser desaparecida, estos mismos represores están procesados por el delito de “apropiación de menores”, causa que lleva adelante la Justicia Federal de Entre Ríos.
Para este juicio, el primero de crímenes de lesa humanidad cometidos en Rosario, se unificaron dos causas: “Quinta de Funes” y “Fábrica de Armas”, bajo el nombre “Guerrieri-Amelong”. En este marco declararán alrededor de 90 testigos y se espera que su duración sea de aproximadamente cuatro meses.
Desde el Espacio Juicio y Castigo Rosario (que agrupa a sobrevivientes de la última dictadura, querellantes y testigos de las causas, organismos de derechos humanos, y agrupaciones sociales, gremiales y estudiantiles) denuncian que este juicio no será verdaderamente público, ya que las dimensiones de la sala dispuesta para tal fin son muy pequeñas, por lo que no se está contemplando el derecho a presenciar las audiencias de todas las personas interesadas. Además, aseguran que durante la primera audiencia solo se dejará ingresar a los periodistas para que filmen y saquen fotos de los primeros minutos. Estas irregularidades permitidas por el Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 encargado del juicio, que integran Omar Osvaldo Paulucci, Jorge Luis Venegas Echague y Beatriz C de Barabani, se contradicen con la acordada dictada en octubre último por la Corte Suprema. Allí garantizaban la “difusión radial y televisiva” de los “actos iniciales del juicio”, “la discusión final: los alegatos” y la “lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos” de los procesos contra los represores de la última dictadura. En este sentido, la Corte había encomendado a cada tribunal a que determinen la ubicación de cámaras de televisión y reporteros gráficos para garantizar el mejor registro de imágenes posible. La Corte argumentó su decisión afirmando que “la publicidad del proceso constituye uno de las condiciones fundamentales de legitimidad de la administración de justicia” y que “es preciso garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía”.
Por este motivo y en el marco de una jornada de acompañamiento a familiares y testigos, el Espacio Juicio y Castigo Rosario se movilizará el lunes desde las 7.30 (la audiencia comienza a las 9) frente a los tribunales federales, ubicados en  Boulevard Oroño 940. Durante todo el día realizará una radio abierta, para finalizar a las 18 con un acto que esperan sea multitudinario.
En tanto, el 1ero de Septiembre comenzará en la ciudad de Santa Fe el juicio oral contra el ex juez federal Víctor Brusa; el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini; los ex comisarios Héctor “Pollo” Colombini; Juan Calixto Perizotti y Mario José Facino; la ex guardiacárceles María Eva Aebi; y el ex oficial de Inteligencia, Eduardo “Curro” Ramos.
Todos ellos serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe, específicamente por “privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos”, en distintos grados. Y, excepto Marcellini, por “asociación ilícita”.
Cabe recordar que previamente la Cámara Nacional de Casación Penal había resuelto no someter a juicio al ex coronel Juan Orlando Rolón, cuyo expediente estaba junto al de Brusa, basándose en su estado de salud, al que calificaron como “precario”. De esta manera se apartó de este juicio al principal responsable del aparato represivo provincial.
Ambos juicios se inician con la expectativa de parte de los organismos de derechos humanos de que haya justicia para todos los desaparecidos, como así también castigo con cárcel común y efectiva para todos los culpables.