Este lunes comienzan dos juicios orales contra militantes sociales que fueron procesados por manifestarse y reclamar lo que consideran justo. En los Tribunales de Lomas de Zamora, el docente universitario e investigador Pablo Heller será juzgado por desobediencia a la autoridad. Todo ocurrió durante el violento desalojo policial de la planta Sasetru, ocurrido en marzo de 2003.
Cabe recordar que ese mismo año, los trabajadores de Sasetru conquistaron su expropiación. De hecho, el desalojo se produce en momentos en que el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobaba la expropiación de las maquinarias y exhortaba a la provincia a proceder en idéntica forma con el inmueble. Ante esta resolución, los compañeros de Sasetru exigieron quedarse en el establecimiento custodiando los bienes de la fábrica.
En un principio, Heller, que también ha sido asesor de Sasetru Gestión Obrera, de los trabajadores del Hospital Francés, de Parmalat y de ex – TDO, actual Econtrans, fue imputado no solo por el delito de desobediencia, sino también por usurpación. Tan frágiles eran las acusaciones que este último cargo fue rápidamente retirado.
Este mismo lunes, pero en los tribunales de Tacuarí al 100 de la Capital Federal, comenzará a juzgarse a Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa, en una causa en la que se lo acusa de violar el Artículo 78 del Código Contravencional por participar, el 22 de mayo de 2008, en la “Marcha en contra del hambre – Abrazo al Congreso Nacional”, de la que participaron más de 5.000 personas.
Pero estos no son los únicos juicios contra luchadores populares previstos para este año. Otro dirigente de la CCC, Jorge Lezica, será juzgado por los tribunales de Tandil en setiembre. Está acusado de “exacciones ilegales”, es decir de obligar a desocupados a realizar aportes compulsivos como condición de la entrega del plan social. Y en noviembre, será el turno de la justicia de Mercedes (Buenos Aires), en el proceso contra  Bertha González y José Villalba, acusados de extorsión y coacción por cortar la Avenida Alem para reclamar frente a la cartera laboral fuentes de trabajo.
Sin duda, la justicia se mantiene firme en su camino de criminalizar de la protesta social.