Así lo informó la Red de Derechos Humanos, asociación civil que hace casi diez años realiza dentro del penal diversas actividades. Denuncian que hace más de quince días que a los talleristas voluntarios se le impide ingresar a la cárcel con la excusa formal y burocrática de no tener cumplimentados todos los requisitos para retomar actividades en el período 2017.

“Las credenciales son el “chivo expiatorio”, la única excusa que se ha encontrado para encubrir el profundo disgusto que genera a nivel institucional la visibilización que la Red hace de las situaciones de violencia penitenciaria, las carencias del sistema y el incumplimiento de normas educativas, de trabajo, etc”, explican en su comunicado

Manifiestan además que las  autoridades penitenciarias y el Ejecutivo provincial están cerrados al diálogo: “Infructuosamente, desde agosto del 2016 hemos intentado que el Ministro Ortega nos reciba en audiencia; tampoco hemos podido hablar con el Jefe del Servicio Penitenciario y hemos tenido esporádicas reuniones con funcionarios intermedios que nos aclaran que ellos no tienen poder de decisión”.

Por otra parte, denuncian, no se les ha aclarado cuáles son los requisitos que deberían cumplimentar para poder retomar las actividades. En este sentido manifiestan que los planteos que les han hecho por escrito desde la Jefatura son diferentes a los requisitos que verbalmente o por escrito les pide la Guardia o el área de educación del Penal.

“Estamos en una situación de ´no respuesta´ sin fundamentación, sin una situación conflictiva ni irregular que amerite que no se renueven luego de casi diez años de trabajo, interrumpiéndose de esta manera múltiples actividades y privando a los participantes, personas privadas de la libertad de la UP1, de espacios probadamente beneficiosos”.

Esta preocupación es compartida por el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Corrientes, y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la provincia y del país y ha sido recientemente planteada a la Jueza de Ejecución, con la esperanza que su intervención destrabe esta situación, retrotraiga restricciones y habilite a los voluntarios de la Red a retomar actividades como lo hacen desde hace casi diez años.

Fuente: Hilda Presman. Integrante de la Red de Derechos Humanos para APL
En la imagen: internos que realizaron el cortometraje “Pateando el penal” en el marco de los talleres