La llevaron adelante distintos organismos de derechos humanos provinciales frente a las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad. Como primer dato, señalan que Mendoza se encuentra por encima de la media nacional en relación a la cantidad de detenidos.

El promedio nacional de prisionización es de 152 cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel provincial es de 213.

Además, según datos presentados por el Servicio Penitenciario local, de 4.000 detenidos, 874 lo estaban por orden de un fiscal de instrucción, en muchos casos excediendo el plazo de 10 días que tienen los magistrados para pedir ante la Justicia de Garantías la prisión preventiva. En tanto, el 45% está procesado, sin sentencia firme.

A su vez, se ha comprobado que hay hasta 10 personas alojadas en celdas de 2,5 metros por 3,5, durmiendo 7 de ellas en el suelo, dando cuenta de los alarmantes niveles de hacinamiento, sobrepoblación y consecuente violencia intra-carcelaria existentes.

A raíz de esta situación, los organismos de derechos humanos locales decidieron impulsar la presentación de un habeas corpus colectivo, con el objetivo de que se analice la situación de los detenidos sin condena firme que hay en los 5 penales provinciales. La medida fue impulsada por la asociación civil Xumek y apoyada por el resto de los organismos.

Esta acción incluye el pedido de que se cumplan los plazos de prisión preventiva, critica la resolución 196 que refiere a la "personalidad moral" como criterio a tener en cuenta al momento de ordenar la detención de una persona, la revisión de controles jurisdiccionales y pide revisar la situación de las defensorías oficiales para dotarlas de recursos materiales y humanos, además de sugerir implementar medidas alternativas y menos gravosas que la detención de una persona en un establecimiento carcelario, como la imposición de la prisión domiciliaria.

La Suprema Corte de Mendoza se pronunció a favor de esta presentación y estableció que los fiscales tienen un plazo de 10 días para pedir las prisiones preventivas y los jueces 24 horas para resolver el control jurisdiccional. 

Según indicaron los organismos, esta medida generó un gran rechazo por parte de diversos sectores, incluido el gobierno provincial que pidió a la Corte que dé marcha atrás, mientras que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también se comunicó acompañando este rechazo. A su vez, el procurador de la provincia sumó su pedido de suspensión del habeas corpus. 

En este marco, los organismos adelantaron que el próximo desafío será lograr el efectivo cumplimiento y ejecución de la medida que, por las reacciones recibidas hasta el momento, no será tarea fácil.