En setiembre de 2014, a pocas horas de conocerse la sentencia en su contra, el cabo de la Federal, Martín Alexis Naredo pidió no asistir a la última audiencia porque no estaba en “condiciones anímicas”; desde entonces se desconoce su paradero.
Naredo fue condenado a prisión perpetua al ser hallado culpable del asesinato de Jon Camafreitas de 18 años, ocurrido el 21 de enero de 2012 en el barrio porteño de Balvanera. El jueves 4 de septiembre de 2014 anunció, a través de su abogado, al Tribunal Oral Nº 23, que no presenciaría a la lectura de la sentencia.
Previamente, al término de los alegatos, la querella representada por Correpi había advertido a los jueces que si no garantizaban la presencia del acusado, que estuvo en libertad durante todo el proceso, se dictaría una sentencia ilusoria: “Nos respondieron que lo que pretendíamos ‘violaba los derechos constitucionales del asesino’, y, tal como lo previmos, Naredo se escapó”.
Efectivamente, el tribunal permitió que Naredo no asistiera a la audiencia donde se conocería la sentencia y el ex cabo se fugó. A pesar de la advertencia efectuada por la querella, los magistrados demoraron una semana en ordenar la captura del prófugo: “Cuando finalmente lo hicieron, ordenaron medidas inconducentes, como vigilar el último lugar al que el homicida federal volvería: su domicilio. CORREPI les informó de inmediato algunos datos de interés, como que una hermana de Naredo trabaja en la Dirección de Migraciones, en el aeropuerto de Ezeiza. Lo ‘tuvieron presente’ y nada hicieron”, denunció la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional a través de un comunicado.
Luego los jueces transfirieron la búsqueda a la Unidad Especial de Inteligencia “Buenos Aires Norte” de Gendarmería Nacional, cuyo jefe pidió recién esta semana las siguientes medidas: intervención de los teléfonos de Naredo, su familia y su novia, la realización de un informe patrimonial y financiero de la madre, hermanos, tíos, abuelos y novia de Naredo; pedido de informes a Western Union y Correo Argentino sobre remesas de dinero de todos ellos. Sin embargo, el tribunal solo aceptó ordenar la intercepción a los teléfonos del propio Naredo, con el argumento de que las demás medidas pedidas constituyen “injerencias arbitrarias e ilegales en la vida privada del grupo familiar del imputado”.
Desde Correpi respondieron: “Esta resolución del TOC 23 prueba, como tantas veces antes, que el aparato judicial tiene la venda bien levantada, y mira bien de quién se trata antes de actuar. Lo que menos les importa es capturar al que ellos mismos ayudaron a escapar. Cuando Naredo se escapó, dijimos ‘estas escandalosas fugas, correlato natural de los extremos beneficios que reciben los integrantes de las fuerzas de seguridad cuando son juzgados, con excarcelaciones impensables para cualquiera que afronte cargos de similar gravedad, son una muestra más de que la represión es una política de estado, en cuya defensa concurre todo el aparato estatal’. Finalmente afirmaron que si alguien ve a Naredo, no debe avisar a la policía, ni a los jueces, sino a Correpi.
Fuente: Correpi
