Junto a otras entidades y organizaciones populares y en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Iris Avellaneda denunció penalmente al intendente Luis Acuña de Hurlingham (oeste del conurbano bonaerense) por su política de “mano dura” y negociados en la gestión de las nuevas fuerzas policiales creadas en el marco de la Emergencia de Seguridad y de creación de Policías Locales que el Gobernador Daniel Scioli decretó en abril y julio del 2014

Tras la creación del Comando de Prevención Comunitaria (CPC), en diciembre de 2014, el intendente Acuña asumió el control operativo de la totalidad de las fuerzas policiales del distrito. Los jefes y responsables logísticos son nombrados de acuerdo a su propuesta, tiene a su cargo la elección de los integrantes de la fuerza y comanda la mesa que toma las decisiones operativas. También nombra y controla a los efectivos del Centro de Operaciones Municipal (COM), que realizan tareas de patrullaje y monitoreo.
Liberación de delincuentes por dinero; intento de soborno a una subalterna por parte de la jefatura; amenazas de muerte; policías que actúan sin identificación; móviles y efectivos al servicio de la campaña política; hostigamiento; abuso y violencia desmedida; contratación irregular de personal exonerado por faltas graves al que se lo habilita a portar armas, son algunas de las denuncias que en los últimos meses han comenzado a encender luces rojas en torno a la orientación que el jefe comunal está imprimiendo a las fuerzas a su cargo.
Hablar de personal exonerado por causas graves es referirse al peor grado de corrupción de las fuerzas policiales. Desde las primeras purgas de Arslanian en la provincia hasta las más cercanas de Garré en la capital, distintas bandas de secuestradores y grupos parapoliciales, como los que operaban y siguen operando en Villa Fiorito y Ezeiza, se alimentaron por igual de exonerados de la Bonaerense y la Federal.
Hacer descansar en esas manos la seguridad de los vecinos de Hurlingham resulta como mínimo una broma macabra y de uno u otro modo esta situación de “colapso de los derechos humanos” se extiende a buena parte de la provincia donde la combinación de “autonomía” a la Bonaerense con la creación de nuevas fuerzas policiales de carácter local han potenciado la violación de derechos humanos de la población tal lo denunciado en los informes 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS.
Fuente: Liga Argentina por los Derechos del Hombre