El martes 16 de diciembre, el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Santa Fe realizó la primera audiencia del proceso contra Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22, quienes durante la instrucción de la causa confesaron haber cometido el crimen de la testigo y querellante en juicios por delitos de lesa humanidad.

Silvia Suppo fue secuestrada en 1977 y torturada en la comisaría 4° de Santa Fe, además de violada en el centro clandestino de la Guardia de Infantería Reforzada, conocido como La Casita. Su testimonio fue clave para el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe, en el que fue condenado, entre otros, el ex juez federal Víctor Brusa. Cinco meses después de su declaración, el 29 de marzo de 2010, Suppo fue asesinada en su local de artesanías en la ciudad santafesina de Rafaela.
A mediados de 2010, un testigo de identidad reservada denunció vínculos entre los presuntos asesinos y el juez Brusa, y las querellas pidieron que la causa pasara al fuero federal, algo que no ocurrió.
El Tribunal Oral Federal está integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría; éste último es muy cuestionado por organismos de derechos humanos por su confesa amistad con Brussa.
Durante la audiencia, los abogados defensores y la querella coincidieron en considerar irregular el accionar de la policía durante la causa, al igual que la primera parte de la investigación, a cargo de la policía de la ciudad de Rafaela, el juez Alejandro Mognaschi, su secretaria y fiscal.
Ante esto la Defensa solicitó la nulidad de algunos allanamientos, declaraciones de los familiares de los acusados e incluso planteó que los testimonios de los imputados se habían dado en condiciones inadmisibles, es decir sin asesoramiento legal y coaccionados por la presencia policial.
El martes además declararon dos policías rafaelinos que intervinieron en los primeros momentos del hecho: la sumariante Lovaiza y el oficial Cabrera, quienes “no recordaban” o “no podían precisar” nada de lo que habían hecho e incluso se contradijeron varias veces.
Más tarde fue el turno de Andrés y Marina, los hijos de Silvia. Ambos consideraron que el accionar policial, de los fiscales y del juez Mognaschi fue totalmente inadecuado, afirmaron que la escena del crimen nunca se protegió como se debía y que ellos mismos debieron sacar a vecinos y curiosos del lugar; a su vez señalaron que la policía intentó hacerles reconocer y firmar actas en horarios no habituales, y que nunca se encontraron huellas ni sangre en las supuestas armas utilizadas. Además, remarcaron el grado de ensañamiento poco acorde al “magro botín robado” y recordaron que – según el resultado de la autopsia – todas las heridas sufridas por Suppo fueron muy precisas y mortales, como hechas por expertos, ya que afectaron órganos vitales.

Fuente: Espacio Verdad y Justicia Por Silvia Suppo-Rafaela