La justicia encontró el cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. A partir de un habeas corpus concedido en julio de este año, para encontrar al joven de 16 años desaparecido en enero de 2009, se comenzó a investigar los cuerpos enterrados como NN en todos los cementerios. En ese marco, se detectó que uno de esos cadáveres que correspondía a un fallecido producto de un accidente automovilístico "tenía huellas dactilares que coincidirían con las de Arruga". Esta información fue brindada este viernes 17 de octubre en conferencia de prensa por la familia y sus abogados en las oficinas del CELS. Allí también señalaron que dado a que hoy recibieron esta información se dedicarán a analizar el expediente y aseguraron que el caso de ninguna manera está cerrado. Audio de la conferencia de prensa
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Durante la conferencia, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, afirmó que según la constancia de la causa, la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano Arruga fue atropellado por un auto en General Paz y Castro, lugar en el que hay un destacamento de la Policía Bonaerense: “El que tiene que cruzar para el otro lado, no cruza por ahí. Esto va a ser motivo de investigación para el juez federal Salas, que ha sido el primer juez que ha actuado a la altura de un magistrado, que tomó una serie de medidas que nadie tomó antes", agregó.
Según se informó en la conferencia, Luciano fue atropellado tres horas después de su desaparición y se lo llevó en una ambulancia del SAME al Hospital Santojanni. Su familia fue ese día al hospital no recibieron respuesta: “¿Por qué en el Santojanni no le dieron ninguna explicación? Allí se tomaron huellas dactilares, fotografías, que son los materiales que permitieron llegar a esta conclusión. Hubo y sigue habiendo sospechas sobre la Policía Bonaerense", se preguntó Verbitsky
"Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia. Vencimos. Eso es lo primero viene a la mente. Vencimos a la desidia, vencimos a la impunidad, vencimos con el caso de Luciano", dijo Vanesa Orieta, la hermana de Luciano". "A mí me falta terminar de completar la etapa previa de este proceso de investigación, que se termina cuando se determine que ese cuerpo es mi hermano. Si es así logramos el objetivo: lo encontramos. Ahora vamos a descansar", agregó.
"Cinco días después de desaparecido mi hermano, presentamos un habeas corpus y fue rechazado por el juez Blanco. Esto se podría haber resuelto antes. Estuvimos cinco años y 8 meses golpeando puertas para que se visibilice la causa (…).Esto no termina acá. Recién empieza porque necesitamos saber la verdad. Necesitamos aclarar este panorama. Los únicos que podemos aclararles somos nosotros. Remitánse a nosotros, los familiares de Luciano. Nosotros vamos a seguir, esto ya no tiene que ver con Luciano. Los pobres tenemos derechos. Necesitamos hacer el duelo, es justo y necesario”, aseguró luego Vanesa Orieta, hermana de Luciano.
Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Distintas pruebas reunidas en la causa que la justicia primero caratuló como “averiguación de paradero”, indican que a Luciano se lo llevó la policía.
Tiempo antes de su desaparición, los efectivos policiales de dicho destacamento instaron a Luciano a robar para ellos en zonas liberadas; tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente.
La primera fiscal, Roxana Castelli, desoyó a la familia y los primeros 45 días desde la desaparición entregó la investigación a la misma policía sospechada, lo que determinó que hasta el día de hoy Luciano continuara desaparecido, y su historia, que es la historia de miles de pibes de los barrios más humildes, se sumara a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas a manos de las instituciones que componen el aparato represivo del Estado.
Cuatro años después, se logró el cambio de carátula de la causa a Desaparición Forzada y que la justicia acepte el pedido de Habeas Corpus y ordene investigar lo que hoy sabemos.
Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son alrededor de 4000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías, y alrededor de 300 los casos de desapariciones forzadas, a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado.
Se trata de una práctica sistemática en la que seguido al hecho, plantan armas o pistas falsas para simular enfrentamientos inexistentes, y son los jueces y fiscales quienes sellan la impunidad siguiendo la versión policial, incluso investigando a la víctima.
Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil dejando así impunes la gran mayoría de casos, ya que ni el poder Judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas.
En la gran mayoría de los casos, las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de “sospechoso” creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político, y a la discrecionalidad de las detenciones arbitrarias y los abusos de poder de las fuerzas a lo largo y ancho de las barriadas humildes de nuestro país.
