Graciela Palma Arizaga es integrante de la agrupación Quienes Somos, formada en 2002 e integrada por personas que no han sido adoptadas sino anotadas como hijos/as propios/as. “Los que integramos esta agrupación fuimos apropiados en la democracia”, sintetizó Arizaga, quien batalla para que el Banco Nacional de Datos Genéticos no sea trasladado. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Argentina – Quienes Somos esta integrada por personas que van desde los 16 a los 80 años. Esto es así porque el origen de esta problemática, explicó Graciela en una entrevista realizada por el programa Los Locos de Buenos Aires, “es una costumbre social antiguamente bien vista de tomar un niño, anotarlo como propio bajo la idea de que se lo estaba salvando. Esto fue cambiando en el tiempo y hoy en día también incide como el tráfico de bebes que es un negocio multimillonario. Nosotros somos cerca de 3 millones de personas en todo el país, porque abarcamos todas las décadas, desde los años 40 hasta la actualidad.”
La agrupación exige el derecho a la identidad, el que tiene toda persona para conocer su origen, su historia. “Nosotros no sabemos cuándo, ni dónde nacimos, incluso muchos tenemos el año cambiado, no conocemos nuestros antecedentes médicos, ni nuestros orígenes étnicos, culturales, etc. Se habla de nosotros como ‘adoptados ilegales’, eso no corresponde porque la adopción es legal. Lo nuestro no es adopción. A nosotros nos entregaron médicos y parteras que elaboraron un certificado de nacimiento con todos los datos cambiados y con ese certificado fueron al registro civil y nos anotaron como hijos propios”, comentó.
La pérdida de su identidad puede provenir de haber sido robados, de ser producto de víctimas del cautiverio o de la trata de personas “porque allí también nacen bebes”, afirmó.
La agrupación viene exigiendo al Estado que cumpla con el derecho a la identidad como derecho universal que no debe discriminar a nadie. “Por otra parte la Convención de los Derechos del Niño dice que el Estado debe prevenir que algún niño pierda su identidad y si eso sucede debe arbitrar todos los medios para que la identidad sea restituida”, dijo.
Simplemente piden lo que tiene una persona que ha sido adoptada: “un expediente para que quien quiera saber sobre su origen pueda ubicar en él los muchos o pocos datos que tengan sobre su origen. Nosotros tenemos DNI con datos falsos y aunque haya nuevos documentos mas modernos, yo voy a seguir teniendo un DNI ‘modernamente falso’”.
Por otra parte aclaró que, a diferencia de la búsqueda de la identidad en el marco del delito de lesa humanidad de apropiación de hijos de desaparecidos, “nosotros no estamos haciendo intervenir a la justicia porque no estamos en litigio con nuestra familias de crianza. Lo que buscamos es llenar ese espacio en blanco que tenemos en nuestra vida”.
Es en el marco de esta lucha del derecho a recuperar su identidad, que la organización se vinculó a la batalla para que no se trasladara el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona aún en el Hospital Durán.
Graciela comentó la importancia de la existencia de este Banco donde, hasta ahora, ellos podían utilizar los datos para buscar información sobre su origen con el solo pago del reactivo y con la garantía y seriedad que tiene este banco, que es reconocido en todo el mundo por su trabajo.
El BNDG se creó en 1987 sin ningún tipo de restricción. No era solo para los casos de lesa humanidad sino para todos los que involucran la búsqueda de la identidad que podía ser con intervención de la justicia o sin su intervención.
“Con la ley 26548 de traslado del BNDG votada en el 2009 se pone en riesgo no solo todas las muestras existentes, inclusive las de muchos de nosotros, sino que se restringe el acceso al banco solo para los casos de lesa humanidad. Y acá hay algo fundamental: si decidimos que el derecho a la identidad es un derecho humano universal no puede el BNDG que es patrimonio de todos nosotros ser restringido y que discrimine”.
En el camino para evitar el traslado del BNDG se conformó una mesa de trabajo llamada Todos por el Banco, la cual está integrada no solo por Quienes Somos que reúnen a personas apropiadas en democracia, sino también por Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y que fue la que logró que el BNDG sea una realidad.
Graciela hizo esta aclaración para salir al cruce de lo que, desde algunos medios, se intenta instalar como dos luchas por separado, la de los familiares de desaparecidos y la de la organización Quienes Somos. Para ello trajo el ejemplo de quienes estuvieron presentes en una reciente conferencia de prensa realizada por la organización en el BNDG que reunió a todos los que se oponían a la nueva ley. De ella participaron Elsa Pavón (de Abuelas), Mirta Baravalle (de Madres), familiares de desaparecidos, Hijos de la Plata, entre otros.
“Todos nosotros nos dimos cuenta que lo que hay que defender es la universalidad del derecho a la identidad. Esta ley de traslado del BNDG no lo defiende, lo limita. Nos deja a todos dependiendo de laboratorios privados con un costo que hay que calcular entre 9 mil y 20 mil pesos para poder hacer los análisis. Por otra parte, esta ley no da garantía para los traslados de las muestras ya que el ADN es un elemento muy sensible en cuanto a la privacidad y no puede ser manipulado si el dueño del mismo, o sea quien dejó la muestra, no lo autoriza. Además el equipamiento para el traslado debe garantizar que las muestras no se dañen. Pero también el lugar donde se lo pretende trasladar, el ministerio de Ciencia y Tecnología, no es el adecuado porque entre otras cosas no entran todas las maquinas que se necesitan”, detalló.
Graciela comentó que todos estos elementos se presentaron a la Justicia con las pruebas pertinentes para apelar la sanción de la ley de traslado del BNDG. “También el hecho que el asesoramiento y la reglamentación fue realizada en conjunto con dueños de laboratorios privados”, agregó.
Reflexionado sobre los motivos para sancionar una ley que avanza sobre la autonomía y la autarquía de un ente de gran prestigio a nivel mundial y que viene funcionando con excelencia, Graciela planteó: “Esta ley es regresiva y discriminatoria. Los laboratorios privados, la elaboración de medicamentos a partir de genoma y otros elementos, hacen presumir estos tipos de negocios que pueden hacerse con las muestras y los traslados”.
También manifestó que el hecho de que la nueva ley acote el accionar del BNDG solo para casos de lesa humanidad previos a diciembre de 1983 bajo el argumento de que hay laboratorios privados para otros casos de búsqueda de identidad, afirmó: “Nos dicen que en todo el país hay casi 30 laboratorios donde se pueden hacer los ADN pero hay muchos que son laboratorios forenses que lo que hacen es el llamado ADN no codificante. Es un estudio que sirve para determinar, en un delito, si una persona estuvo presente o no en el lugar. El único dato que puede dar ese análisis es el nombre y apellido, o sea, identifica a una persona pero no puede determinar su parentesco con alguien”.
Finalmente volvió a remarcar que su lucha y la de su organización es la misma batalla que están llevando adelante los que buscan su identidad apropiada durante la dictadura y la de los familiares que también participan de la misma. En ese sentido manifestó que siente que hay una contradicción grande desde “un gobierno que dice ser defensor de los derechos humanos y por el otro lado están restringiendo el derecho a la identidad (en referencia a la ley de traslado del BNDG), como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda. Nuestros casos no son, como nos dicen, particulares. Acá somos 3 millones de personas que tenernos sustracción de identidad, adulteración de documento público, cosas que solo pueden suceder por la complicidad de un Estado donde hay funcionarios, médicos, policías, registros civiles que intervienen y hacen que esto sea posible”.
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