Más de 100 familias que se habían asentado sobre tierras municipales del Barrio Melipal de Neuquén, en reclamo por el derecho a una vivienda digna, fueron brutalmente desalojadas por la policía. Hubo decenas de heridos y detenidos. Tras la represión, la justicia solo permitió que siete de los damnificados presentaran las denuncias por el maltrato recibido. Ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales, se realizan cortes para exigir una solución habitacional.
(Red Eco) Neuquén – La imagen podría ser similar a lo que sucede en la villa Papa Francisco de Lugano, la misma lógica se repite en otras provincias del país. En este caso ocurrió en Neuquén. “El viernes a la noche se instalaron unas 120 personas en un predio municipal en el oeste neuquino y el sábado comenzó una represión que fue brutal. No solamente desalojaron la toma con una violencia terrible, pegándole a mujeres embarazadas, niños, atacando a todas las personas con balas de goma y de plomo, sino que además una vez desalojado el predio la policía siguió metiéndose en las casas del barrio atacando a vecinos y vecinas del lugar. No solo les dispararon sino que también tiraron gases lacrimógenos adentro de casas de familia”, describió Soledad Arrieta, del colectivo alternativo El Zumbido, en diálogo con el programa Enredando las mañanas (ELM), de la Red Nacional de Medios Alternativos.
El operativo estuvo a cargo del comisario Herrera de la Comisaría 21 del Barrio Melipal, a partir de una orden del fiscal Marcelo Jara, y contó con la participación de miembros de los grupos especiales de la policía provincial UESPO y GEOP.
Según relataron Carolina y Susana a El Zumbido, los efectivos llegaron al predio a las cuatro de la tarde advirtiendo que tenían orden de desalojar: “a las seis empezaron la represión, no fue desalojo fue más represión. Ellos esperaban que nosotros reaccionáramos mal, que les tiráramos piedras, pero estábamos tranquilos”, contaron.
La represión duró hasta la noche e incluyó la detención de siete personas que fueron liberadas a última hora del sábado, gracias a la movilización inmediata de organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales que recorrieron las Comisarías 21º de Melipal, 12º de Valentina Sur y la 1º exigiendo la libertad de los presos.
Las personas que habían tomado este terreno eran en su mayoría familiares de habitantes de barrios aledaños, a quienes se les hace imposible pagar los alquileres previstos en función de los salarios de los petroleros, que son los trabajadores con sueldos más altos de la zona. Los alquileres rondan entre los 3.000 y los 8.000 pesos, mientras que el salario de un empleado estatal es, en promedio, de 5.000 pesos.

Re-victimización
Como el sábado a la noche la fiscalía no quiso atender a los vecinos desalojados, volvieron el lunes a la mañana. Se juntaron alrededor de 50 personas, entre las que se encontraban una mujer con la marca de un borcego policial en la espalda, otras con marcas de balazos, un hombre con el pie quebrado por los golpes, y una mamá con su bebé y un certificado médico que confirmaba que había sido víctima del gas lacrimógeno arrojado por la policía.
“La justicia decide poner una barrera policial, unos veinte policías en la reja de la ciudad judicial para que los vecinos no puedan entrar a hacer la denuncia. A los pocos que dejaron entrar por llegar temprano no los dejaban salir, mientras que a los que querían ingresar para hacer la denuncia la policía no les permitía pasar”, relató Soledad Arrieta a ELM, y aclaró que esta situación podía generar que muchas denuncias no se llegaran a radicar: “para los vecinos y las vecinas no es simple venir hasta el centro, donde está instalada la fiscalía, porque no tienen los recursos para trasladarse (…). La ciudad judicial fue construida y habilitada hace pocos meses, tiene una capacidad inmensa, es decir podría albergar a las 50 personas que están afuera para que esperen adentro en lugar de afuera de las rejas, no hay justificación de ningún tipo para que estas personas tengan que esperar afuera. Es más, la policía entró a correr el rumor entre los empleados judiciales de que si estas personas entraban iban a romper sus autos, todo esto para poner en contra a los empleados judiciales”.
Finalmente solo siete personas pudieron atestiguar. Fabiana fue una de ellas: “declaré que estaba dentro de una carpa y que cuando salí una policía me agarró de los pelos y me empezó a pegar, teniendo a la nena en brazos. Después decían ‘andate, andate’ y me insultaban constantemente. Después cuando quise correr vino otro policía y me agarró del cuello (…), me fui corriendo y me encontré con la ambulancia y les pedí que por favor me ayudaran porque la nena se me estaba ahogando (…) Fue terrible porque las balas de goma me llovían”.
En tanto, otra mujer se encargó de juntar todos los elementos que encontró en la calle tras la represión para que sean utilizados como prueba de la violencia policial sufrida.

La voz “oficial”
Uno de los pocos funcionarios que se refirieron a lo sucedido el sábado fue el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza.
En diálogo con la radio LU5, el ministro habló especialmente de los policías heridos: “hoy podríamos estar lamentando un policía caído en funciones por un pedazo de tierra que un grupo de gente decidió tomar por la fuerza (…). Esta usurpación fue sobre un terreno privado y municipal, de todos los neuquinos que vivimos en la ciudad de Neuquén, concurrentemente el intendente fue a la justicia e informó para que la justicia dé la orden que la policía cumplió (…). Se intimó a estas personas que pacíficamente se retiren porque estaban cometiendo un delito, y a partir de ahí la gran mayoría se retiró y un grupo resistió (…), a partir de ahí la policía debió cumplir con la orden judicial, porque es una sociedad organizada democráticamente y debe hacer cumplir la ley (…). Nosotros priorizamos la solución pacífica. Pero cuando hay gente que se resiste a una orden judicial, la policía no tiene otra salida que cumplir esa orden con la mínima violencia posible y con una fuerza proporcional a los casos (…). Mediáticamente vende mucho más la espectacularidad y la sobredimensión que otra cosa: yo tengo policías heridos (…), esta parte de la historia no se cuenta, parece que los derechos humanos son solamente para un sector”, fueron algunas de sus declaraciones.

La lucha continúa en la calle
Ante la falta de respuestas a la problemática habitacional que sufren, las familias desalojadas realizan un corte sobre la calle Pérez Novella de la capital neuquina, para reclamar que el Municipio brinde una solución al déficit habitacional. Los rodea un grupo de efectivos policiales, otros están dentro del predio desalojado para evitar nuevas tomas. Las personas que llevan adelante el corte aseguraron que solo lo levantarán cuando las autoridades les brinden una solución “que no sea represiva”. Algo que el gobierno local parecería no conocer.

Fuentes: Enredando las mañanas (RNMA) / Zumbido / Activar, Lucha y Organización Contra el Genocidio y la Impunidad

Imagen: Cecilia Maletti (Zumbido)