Lo decidió la Sala I de la Cámara Federal porteña, tras un pedido del equipo jurídico que encabeza Claudia Cesaroni. Además consideró competente a la justicia federal para investigar el caso. El 14 de marzo de 1978 murieron 64 personas durante una represión del Servicio Penitenciario Federal en la Unidad 2 de la cárcel de Devoto.
Según explicó la abogada e investigadora Claudia Cesaroni, autora del libro “Masacre en el séptimo pabellón”, este hecho comenzó como una protesta carcelaria y terminó en una brutal represión, donde los presos comunes y políticos que estaban allí alojados murieron quemados, asfixiados o con la cabeza perforada a balazos, mientras los agentes del servicio penitenciario se negaban a abrirles las puertas.
El 30 de julio de 1979, el entonces juez de instrucción Jorge Valerga Aráoz decidió el “sobreseimiento provisorio” de los imputados. El equipo jurídico, que encabeza Cesaroni, logró varios años después la reapertura del expediente ante el juzgado federal de Daniel Rafecas. A comienzos de este año se le solicitó que la causa sea investigada como crímenes de lesa humanidad, pero el magistrado rechazó el planteo y dejó la causa archivada.
Sin embargo, esta decisión  se apeló ante la Cámara Criminal y Correccional Federal en una audiencia pública realizada en mayo. Uno de los argumentos para la apelación giró en torno a que entre las víctimas de la masacre podría haber un desaparecido, el militante uruguayo Jorge Hernández Rodríguez que fue secuestrado en agosto de 1976 en la localidad de Dock Sud. Meses después, quedó legalizado y fue trasladado al penal de Devoto, donde se encontraba al momento de la masacre. Hoy permanece desaparecido, y su legajo está integrado en las listas de la Conadep, bajo el número 1230.
Finalmente, la Sala I Cámara Federal porteña resolvió a partir de los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero aceptar la apelación y “declarar que los hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran crímenes de lesa humanidad”.