La Unión de Asambleas Ciudadanas Chubut denunció que el municipio de la ciudad de Puerto Madryn le inició una causa a cinco vecinxs por haber dejado unos mensajes en las paredes del edificio municipal. Afirman que actualmente el caso se encuentra en etapa preliminar, camino al juicio.
Contactos: Pablo Lada (Trelew) 0280-15-463-0754 / Nelly Rovera (Puerto Pirámides) 0280-15-434-1797 / Lucas Fossatti (Rawson) 0280-15-468-5537 / Belén Branchi (Puerto Madryn) 0280-15-477-9281 / Gastón Losardo (Puerto Madryn) 0280-15-434-1794 / Zulma Usqueda (Comodoro Rivadavia) 0297-15-421-7938.
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Desde la UAC de Chubut criticaron que la misma jurisdicción que inició y lleva adelante la causa contra lxs vecinxs a los pocos días del suceso, mantenga paralizada la causa nº 24206 por la desaparición de Pino Reimundo, vecino de la meseta visto por última vez el 9 de julio de 2011. “Sin que pase desapercibido que este hermano ORIUNDO DE LA MESETA es el hijo de doña Hortensia Hueicha, ferviente luchadora y compañera mapuche tehuelche que defiende el agua de las empresas y de proyectos multinacionales megamineros que operan en la región”, agregaron a través de un comunicado.
En este marco, la UAC convoca a organizaciones a acompañar a los compañeros imputados durante la audiencia preliminar al juicio, que se realizará el martes 5 de agosto, desde las 8.30, en la oficina judicial ubicada en la Sala Segunda de Mosconi 92, en Puerto Madryn.
Desde la UAC Chubut en la Unión de Asambleas de la Patagonia consideraron además que estas conductas de judicialización a los vecinos y militantes socio ambientales se ajustan a políticas de criminalización de la protesta social y a patrones de comportamiento avalados por el Estado que conducen irreversiblemente a la violación de los derechos humanos, de los habitantes de los territorios en que se pretenden desarrollar o ya se desarrollan estos proyectos extractivistas multinacionales megamineros: “nos quieren pintar con cianuro y otras sustancias tóxicas, peligrosas o susceptibles de serlo nuestros acuíferos violando nuestros derechos humanos con la megaminería, fracking y agrotóxicos y ningún funcionario público ni político tiene una causa judicial al poner en riesgo la vida, salud, agua, aire y territorios de las actuales y futuras generaciones”, agregaron.
