En medio de los clamores por más seguridad y reclamos para que los “delincuentes no entren por una puerta y salgan por otra”, las cárceles continúan súper pobladas, los presos viven en condiciones inhumanas y en un clima permanente de violencia; en su mayoría, además, están privados de su libertad en forma preventiva. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Argentina– Hace pocos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su ministerio de Seguridad comandado por Alejandro Granados, dio a conocer una serie de medidas que conforman un plan de emergencia ante la llamada “ola de inseguridad y violencia” que estaría sufriendo el país. Una de ellas, por ejemplo, es la implementación de restricciones a las excarcelaciones o salidas anticipadas.
El plan en general recibió fuertes críticas desde distintos sectores, y este punto en particular también. “El límite al régimen de excarcelaciones no es un recurso nuevo. Se ha recurrido a esta estrategia ante las distintas coyunturas que han puesto en tensión al poder político con los reclamos sociales. Estas medidas sumadas al aumento irracional de penas, no sólo no han propiciado un abordaje responsable de la problemática delictiva, sino que también han generado el colapso del sistema carcelario, propiciando condiciones inhumanas de detención y la violencia sistemática en los contextos de encierro. (…) El panorama actual demuestra una vez más, que las políticas de ‘mano dura’ no sólo son incorrectas porque han demostrado su ineficacia, sino también irresponsables y peligrosas ya que afectan la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. Al calor de ellas hemos visto y denunciado el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. La tortura sistemática en cárceles y comisarías es un hecho incontrastable. También lo son las ejecuciones sumarias bajo la modalidad del ‘gatillo fácil’, las prácticas policiales ilegales, como el armado y fraguado de causas, el hostigamiento policial, el reclutamiento para el delito, entre otros”, manifestaron desde la Comisión Provincial por la Memoria.
Sobre el mismo tema, el Centro de Estudios Legales y Sociales elaboró un documento en el que da cuenta que en los últimos tres meses la población carcelaria creció en casi 1000 personas. A su vez, son presos preventivos entre el 60 y el 70% de los detenidos de la provincia de Buenos Aires y del sistema federal: “Esto, sumado a la mayor duración de las penas y de los procesos, lleva a un efecto de acumulación que agrava el hacinamiento carcelario (más del 65% de sobrepoblación en la provincia de Buenos Aires). Lo único que logrará la construcción de más cárceles y alcaidías es sostener el crecimiento de la población detenida. No se puede afirmar que con más penas y más detenidos se haya logrado durante estos años, que se cometan menos delitos y tampoco reducir la violencia. Se puede tener la convicción de que la cárcel es una modalidad de castigo justificada o no, o la expresión del merecimiento del repudio social o de las desigualdades de clase pero no de que ha mostrado efectividad como política de seguridad (dirigida a la prevención del delito y a la reducción de daños de las redes criminales). Lo que sí se puede afirmar es que la cárcel, en las condiciones actuales, genera más violencia”, afirman desde el CELS.
En este sentido, la Comisión Provincial por la Memoria denunció la violencia y condiciones de detención en el Penal de Mercedes, tras realizar una inspección en la Unidad Nro. 5. De allí surgieron 115 acciones judiciales urgentes, y un habeas corpus colectivo solicitando la clausura definitiva de cuatro pabellones. Uso de violencia extrema por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, hacinamiento, gran deterioro edilicio, falta de alimentación y de atención médica fueron algunas de las irregularidades halladas.
Desde el CPM consideraron que estas situaciones dan cuenta de “cómo el SPB gobierna las cárceles mediante la generación de violencia y la instigación a cometer delitos”: “Constatamos  una vez más el funcionamiento de toda una maquinaria que imprime dolor a los cuerpos y a las mentes, una maquinaria propia de las descripciones de Kafka, que no tiene nada de ficción”, agregaron.
Además, se verificó la extrema precariedad de las condiciones materiales de los pabellones inspeccionados: cables pelados colgando por las paredes de las celdas, no hay camas ni colchones suficientes para los detenidos y tampoco baño. En el momento de la inspección, había 830 personas cuando la capacidad del penal –según el SPB– es de 650. En un espacio denominado “guardia armada”, cercano al lugar donde se colocan las armas, también se alojan personas durante tiempos prolongados, sin luz natural ni artificial, ventilación, agua, ni calefacción.
Claramente no se está ante un caso aislado. En marzo, una jueza bonaerense pidió la clausura de un pabellón de la Unidad 2 del penal de Sierra Chica tras denuncias de la CPM y la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación (PROCUVIN). El Comité contra la Tortura de la CPM había presentado más de 400 acciones urgentes en los 19 departamentos judiciales de la Provincia, como consecuencia de las grandes filtraciones de agua en los techos, la precaria instalación eléctrica con cables pelados, la escasa y/o nula alimentación que provee el Estado, el hacinamiento en las celdas, entre otras irregularidades.
La lista podría seguir, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunciaron que en 2013 se constataron 846 casos de torturas y malos tratos en cárceles federales argentinas. Y en los últimos seis años los registros alcanzan el número de 2204.
En los últimos días, el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Abel Córdoba, afirmó que por año hay alrededor de 300 muertes en unidades penitenciarias, en su gran mayoría se trata de muertes violentas. En promedio cada 37 horas muere una persona dentro de la cárcel. “El sistema penal más cruel no podría ser. Una persona que es detenida ya sabe que será golpeada, privada de todos sus derechos, de la salud, la educación, sabe que va a pasar hambre, que va a ser atormentada, amenazada, coaccionada, que va a estar sujeta a una violencia institucional constante y no va a tener ningún tipo de acceso a la justicia”, aseveró Córdoba en diálogo con el diario Crónica.
Queda claro que acumular detenidos en pésimas condiciones en cárceles argentinas no soluciona absolutamente nada, ni la inseguridad, la violencia, la falta de oportunidades, ni tampoco la desigualdad.