Las críticas a la iniciativa presentada por varios diputados del Frente para la Victoria para regular las manifestaciones públicas, continúan sumándose. Las mismas van desde la acusación de que la norma busca criminalizar la protesta y legalizar la represión hasta que trata de garantizar el ajuste con represión. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina – Fue presentado con las firmas de los diputados Juan Manuel Pedrini, Carlos Kunkel, Diana Conti, José María Díaz Bancalari, Teresa García, Sandra Mendoza y Gustavo Campos bajo el título de proyecto de ley “Convivencia en manifestaciones públicas”. El desenlace del ciclo de la “década ganada” viene acompañado de la necesidad de regular la protesta otorgando al Estado el poder de establecer cuáles serán legítimas y cuáles no. Lo hace aun sin prever que ni el Gobierno Nacional ni el Congreso tienen competencia para regular la protesta social en las calles de los territorios provinciales o autónomos de todo el país, dado que el uso del espacio público no es una competencia del estado federal.
El proyecto indica que una manifestación será ilegítima cuando impida el tránsito o el normal funcionamiento de servicios públicos. Además establece la obligación de notificar a las fuerzas policiales 48 horas antes de la movilización el lugar y hora de realización, los datos de un delegado, y los motivos de la misma.
Finalmente, otorga un plazo de 2 horas para la mediación con un representante del Ministerio de Seguridad sin importar la especificidad de la problemática que pueda originar la protesta y otorgando la autoridad a las fuerzas policiales a que, cumplido ese plazo, puedan dispersar la manifestación. 
Las críticas y condenas a esta propuesta no se hicieron esperar y llegaron incluso de personas cercanas al gobierno nacional como el dirigente Luis D´Elía quien señaló la falta de consulta a los movimientos sociales que integran el espacio y destacó  que “la división entre lo legítimo y lo ilegítimo es arbitraria. Jamás ningún gobierno autorizaría una protesta. Hay muchas cosas que parecen contradictorias”.
También el Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS planteó, en un comunicado de prensa difundido ayer, que el proyecto representa “un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años”.
A su vez, indica: “El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma” y finaliza afirmando que “la participación en manifestaciones y protestas no es un mal necesario sino un componente esencial de la democracia y de las luchas sociales por la ampliación y consolidación de los derechos”.
Por su parte, Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda, señaló: “Este proyecto de ley expresa el divorcio definitivo del kichnerismo y de todos los partidos que lo apoyan – Giustozzi y Mestre anunciaron iniciativas similares –, con el movimiento popular (…). Viene a tratar de garantizar el ajuste con represión, es un proyecto por cuenta y orden del FMI”.
Por otro lado, desde el Frente Popular Darío Santillán manifestaron: “No pediremos permiso para ejercer nuestro derecho a manifestarnos a las fuerzas de seguridad que asesinan a nuestros compañeros ni a la narcopolicía”.
El comunicado de la organización dado a conocer hoy señala: “Desde el Frente Popular Darío Santillán rechazamos absolutamente esta iniciativa y consideramos que es un inconfundible gesto antipopular y represivo enmarcado en una política de estigmatización a quienes venimos manifestando en la calle el descontento popular ante la situación económica actual. Sostenemos a su vez el pleno derecho de los sectores populares a manifestarse como derecho fundamental de toda la población.
Además, calificamos de vergonzoso un proyecto que nos obligaría a pedir ‘permiso’ a las fuerzas de seguridad que encabezan los delitos de trata, de complicidad con el narcotráfico y el gatillo fácil. En Rosario, por ejemplo, nos obligaría a pedirle ‘permiso’ a la policía de Santa Fe para realizar las movilizaciones que venimos haciendo hace 27 meses frente a Tribunales, exigiendo justicia por nuestros compañeros Jere, Mono y Patom, precisamente en una causa que tiene procesados a tres policías por el encubrimiento de los asesinatos a manos de una banda narco”.
Finalmente señalan: “Desde el FPDS condenamos que la respuesta hoy sea la de criminalizar las luchas, como se ve con procesados de las Heras, el procesamiento de Diosnel Pérez y el Tano Narduli o la condena a los militantes del MPR Quebracho entre otros.
Falta mucho para vivir en un estado de pleno derecho en donde el trabajo digno, la salud, la educación y el acceso a la tierra sean pilares fundamentales de la política en un País, por eso las demandas seguirán. Desde las barriadas populares, los sectores de trabajo, desde las escuelas y las universidades, y desde el campo y la ciudad seguiremos luchando por el cambio social, por el protagonismo del pueblo para crear su futuro de transformación. Lo haremos manifestando nuestro descontento y nuestro anhelo de otro país en la calle, junto al pueblo, sus demandas y su vocación de cambio”.