El Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli de Florencio Varela (ciudad del conurbano bonaerense) dio a conocer que uno de sus integrantes fue inculpado de ser el causante de tomas de tierra en las que participó. Como agravante, su rostro junto a afirmaciones ofensivas sobre su persona aparecieron en afiches que empapelaron esa localidad. Vinculan estos hechos a otros ataques del que fueron objeto.

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Se trata de José Luis Calegari, integrante del Centro Cultural, cuya cara apareció empapelado el centro de Florencio Varela y también la zona del Cruce Varela. “El municipio no puede hacerse el distraído frente a estos sucesos, ya que los carteles fueron colocados frente a siete cámaras de seguridad ubicadas en diferentes sectores del distrito (todas localizadas y fotografiadas)”, dicen en el comunicado.
“No consideramos que el hecho de hoy esté aislado de los distintos episodios violentos  que ocurrieron en nuestra localidad en los últimos tiempos, vinculados a las tramas delictivas que operan gracias al amparo del poder político, policial y judicial. Estas bandas operan creando zonas que les permiten obrar con total impunidad. En este proceso por el control mafioso del territorio se termina atacando, hostigando a organizaciones sociales  que  venimos defendiendo la vida en nuestra comunidad hace tiempo a través de distintos espacios organizados”, afirman.
Durante el mes de octubre pasado la sede del Centro fue atacada y robada. Entonces tomaron de rehén mujeres que participan del centro cultural, para luego tirotearse con la policía. “Ante este hecho el gobierno local respondió judicializando la protesta: prueba de ello es la causa armada contra compañeros por supuestos ‘daños en la vía pública’ durante la multitudinaria manifestación llevada a cabo luego del ataque”, agregan.
“En los últimos tiempos observamos en los barrios donde trabajamos diariamente, el actuar de bandas delictivas que fomentan la violencia repartiendo armas y drogas a los jóvenes, en el seno de las tomas de tierras”, aseguran.
Finalmente, atribuyen complicidad en estos hechos al poder político local, por acción u omisión, y hacen responsables a las autoridades locales “frente a cualquier daño a la integridad física que pudiera sufrir alguno de los militantes que día a día desarrollan diferentes actividades en el territorio”.