Lo hicieron desde Justicia Ya en relación a los letrados que defienden a algunos de los imputados en el juicio que se desarrolla actualmente por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Cacha de La Plata. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Buenos Aires – Juan José Losinno es el defensor de Claudio Raúl Grande, uno de los veintiún represores sentados en el banquillo en el juicio que comenzó en diciembre pasado, y cuyas audiencias se retomaron este mes tras la feria judicial. Estas pocas semanas alcanzaron para que Losinno intimide a testigos, maltrate al tribunal y hasta logre que se dejen de transmitir por internet los testimonios.
Grande era miembro del Personal Civil de Inteligencia, del Destacamento de Inteligencia de Ejército 101; varios sobrevivientes de La Cacha lo señalaron como uno de los guardias del centro clandestino. Además, estudiaba Veterinaria en una de las facultades con gran número de detenidos desaparecidos.
Ya al comenzar el juicio, Losinno se había referido al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, afirmando que sus miembros "se habían rascado las bolas todo el año". A su vez, realizó reiterados pedidos de recusación al presidente del Tribunal.
Además, desde la primera audiencia pretendió intimidar a los testigos. No sólo tuvo para con ellos actitudes irrespetuosas y agresivas, sino que además quería que se los sometiera a reconocimientos fotográficos. Desde Justicia YA señalaron que la única finalidad de esta medida era amedrentar a las víctimas “sabiendo que es muy difícil para ellos prestar declaración y someterse a ese tipo de reconocimiento de personas que vieron hace más de 35 años y cuando permanecían tabicados durante su cautiverio y escasas veces pudieron ver a sus represores”: “Una de las víctimas, sobreviviente de La Cacha, que accedió a realizar el reconocimiento fotográfico de personas, que fuera solicitado por la defensa de Grande, fue groseramente engañada, ya que el defensor introdujo entre las fotografías la foto de la libreta universitaria del imputado, sabiendo que en esa foto no tenía el mismo aspecto en 1978, año en el cual la testigo podría haber visto al represor. No acordamos con los reconocimientos fotográficos pero de hacerse, las fotos que se presenten deben ser de la época en que transcurrieron los hechos que se juzgan y con el aspecto que tenían los imputados en ese entonces”, explicaron desde Justicia YA a través de un comunicado.
De la misma forma que amedrentaba a los testigos, Losinno se quejó en más de una oportunidad al señalar que a los acusados les intimidaba que la gente presente en la audiencia aplaudiera al finalizar el testimonio de alguna víctima, sobreviviente o familiar. “No entienden que si un defensor intenta acercarse y hablar con uno de los testigos, también nosotros nos sentimos intimidados porque él está representando a quien nos torturó, nos vejó, nos humilló, y para él esa diferencia no existe”, dijo al respecto la sobreviviente Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
Eloy además remarcó que el Tribunal no está pudiendo manejar la situación, lo que llevó, por ejemplo, a que se dejaran de transmitir las audiencias a través del canal del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema de Justicia. Esto se dio a partir de la declaración como testigo de un ex policía bonaerense: “El tipo pidió protección y la mar en coche, y este Losinno planteó la no transmisión del testimonio de este policía, le hicieron lugar, pero de paso pidió la no transmisión de ningún testimonio, con lo cual hace dos audiencias que no se transmite el juicio. Es un juicio oral y público, por lo que la transmisión debería estar garantizada. Para nosotros, la trasmisión forma parte de la reparación, que un compañero en Jujuy pueda ver el juicio, que por ahí estuvo con alguno de esos compañeros, por ahí reconoce su centro clandestino, no sé, pero forma parte de la reparación histórica que la Nación se debe a sí misma”, aseveró Eloy en una entrevista realizada por La Retaguardia-RNMA.
Grande no es el único cliente de Losinno, el abogado cuenta ya con una larga lista de defendidos. Por ejemplo, Justo José López, uno de los policías acusados de matar al estudiante de periodismo Miguel Bru; Agustín Arrien, condenado por el homicidio de su pareja María Rossi, médica del hospital San Martín de La Plata, que fue hallada agonizando en un zanjón de Villa Elisa y murió tras seis meses de estar en coma; funcionarios de IOMA que fueron detenidos por estafa y corrupción; Rodolfo Lopes, intendente de Bahía Blanca, que fue a juicio por delitos de peculado, malversación de caudales públicos y estafa; y también patrocinó al cura César Grassi.
La Cacha y los civiles
Este Centro Clandestino de Detención estuvo activo entre mediados de 1976 y fines de 1978 en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército. Físicamente funcionó en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos. En La Cacha actuaron integrantes del Ejército, la Marina, las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Servicio de Inteligencia del Ejército.
Tres de los imputados en este juicio eran civiles contratados por Inteligencia para realizar tareas de espionaje: Claudio Raúl Grande, Rufino Batalla y Raúl Ricardo Espinoza.
En una de las últimas audiencias, una de las testimoniantes, la madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye, presentó pruebas contra el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Enrique Pérez Albizú. Según declaró Dematti de Alaye, Pérez Albizú se encargaba de firmar los certificados de defunción de detenidos-desaparecidos que luego eran enterrados como NN. Tras conocerse esta información, el vicedecano renunció a su cargo. Desde la Federación Universitaria de La Plata aseguraron que la situación de Pérez Albizú era conocida por las autoridades de la UNLP hace ya varios años y agregaron: “Creemos que, a pesar de la renuncia, debe ser concedido un espacio en el Consejo Superior para discutir en conjunto con toda la comunidad universitaria la situación de todos aquellos que hayan sido cómplices de delitos de lesa humanidad y que actualmente mantienen cargos en la UNLP”.
Fragmentaciones
Aunque en este juicio se juzgan los delitos cometidos contra 147 víctimas, solo se tomaron parte de los casos de 1977 y uno de 1978. Es decir, a pesar de los diez años que duró la instrucción, es un proceso absolutamente parcial: “Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en diez años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los dos mil genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012. En La Plata se llegó a fines de 2013 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores”, manifestaron desde Unión por los Derechos Humanos La Plata.
Fuentes: Justicia Ya La Plata / Boletín AEDD / Federación Universitaria de La Plata / La Retaguardia.
