Con el proyecto museográfico del oficialismo para el Casino de Oficiales de la ESMA rondando, el Consejo Directivo del ente autárquico manifestó su "preocupación y alarma por trascendidos que hablan de un acuerdo entre el gobierno de la Ciudad y el de la Nación para disolver este Instituto” y trasladar el control y administración de los ex centros de detención tortura y exterminio al gobierno nacional. Red Eco Alternativo
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(Red Eco) Ciudad de Buenos Aires –Desde su conformación, y tal como lo establece la ley 961 aprobada por la Legislatura porteña, el IEM es un ente autárquico y autónomo, integrado por representantes de distintos organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Hermanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Según un acuerdo que firmarían en las próximas horas los gobiernos nacional y porteño, el personal y las funciones del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. De esta manera, el control y administración de sitios de la memoria como los ex centros clandestinos ESMA, Automotores Orletti, Virrey Cevallos, Club Atlético dejarían de estar a cargo de un ente autónomo para depender del gobierno nacional de turno.
“La sola discusión de un convenio sobre el Instituto Espacio para la Memoria que nos ignora y margina, es un agravio a una expresión del movimiento de derechos humanos que hoy sostiene esta experiencia única de autonomía en la gestión de políticas públicas de memoria. Si tal propósito se concretara, la Ciudad quedaría sin un espacio de gestación de políticas públicas de Memoria, creado en esa jurisdicción a tal efecto, y la sociedad toda perdería la riqueza de un espacio plural subordinando esa tarea a la decisión del gobierno de turno, que como vimos en la Ciudad de Buenos Aires, puede cambiar de signo político e ideológico. La concentración de decisiones sobre la memoria en un ámbito estatal conlleva el riesgo de que éstas cambien con cada cambio de gobierno nacional. La autonomía del IEM garantiza a todos la continuidad de las políticas públicas que expresan la variedad de fuerzas que por décadas han luchado por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, manifestaron desde el Consejo Directivo del IEM a través de un comunicado.
En declaraciones a La Retaguardia, José Schulman, integrante del Consejo en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, afirmó que de esta manera se está transfiriendo la potestad sobre la política de memoria a un único ámbito de decisión que es el gobierno nacional: “es una especie de juego de la ruleta rusa porque la vida ha demostrado que los gobiernos no son eternos, cambian como cambió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también puede cambiar el gobierno nacional, y lo que está haciendo ahora es entregarle la ESMA a quien gane en el 2015, gane Massa, Scioli, Cobos o quien sea, cuando tenía la posibilidad de acordar con un organismo que tenía mayoría de organismos de derechos humanos que podrían garantizar que nadie la va a banalizar, hacer nada en contra de la lucha de los movimientos de derechos humanos, que no se va a instalar un relato que reivindique la teoría de los dos demonios, que no se va a permitir un relato que descalifique la lucha de los compañeros; y todo eso se pone en peligro por una decisión, que no tengo duda de calificar como sectaria, de no estar dispuestos a discutir con una parte del movimiento de derechos humanos, que se mantiene en posiciones de autonomía”.
Bajo la órbita del IEM se encuentran el Casino de Oficiales y el Edificio Cuatro Columnas, dos de los espacios más emblemáticos del predio de la ESMA. La disolución del Instituto permitiría dar un paso más al gobierno en su intento de concretar su proyecto museográfico en el Casino, cuya inauguración estaría prevista para el próximo 24 de marzo. Cabe recordar que tanto el IEM como muchos sobrevivientes rechazan esta iniciativa e insisten en que el edificio no debe modificarse, no sólo por el significado que tiene por lo sucedido allí, sino también porque aún es una prueba de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, tanto para el tercer tramo que está actualmente en instancia oral y pública como para las etapas aún en instrucción.
Respecto a la iniciativa del Ejecutivo, Schulman señaló: “siempre se le dijo (al gobierno nacional) que había que abrir una discusión, que se debía presentar un proyecto que debía ser debatido puntualmente por el espacio político público que tenía por ley la gestión del edificio Casino. El gobierno nacional jamás presentó proyecto alguno al IEM, pero el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, al menos en tres oportunidades convocó a diversos representantes de organismos que participan del IEM, al conjunto del consejo directivo, informando que había un plan, ideas, ni siquiera lo llamaba proyecto porque decía que todo estaba en una situación de consulta. De hecho nosotros hará cuarenta, cuarenta y cinco días participamos de una reunión con él, donde se acordó que queríamos tomar conocimiento de cuáles eran sus ideas para que en el momento en que ellos presentaran el proyecto pudiéramos estar en condiciones de debatirlo”.
Lo concreto es que el gobierno nacional no dio información sobre el proyecto aunque sí comenzó a implementarlo. La semana pasada, desde el IEM le informaron al juez Torres que un grupo de personas había ingresado por la fuerza al Casino de Oficiales, en representación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, con el objetivo de hacer un relevamiento del lugar, que luego sería cerrado para llevar adelante reparaciones destinadas a la instalación de una muestra. Torres respondió que hasta que su tribunal no disponga lo contrario la Comisión debía abstenerse de realizar cualquier tipo de tarea en el Casino.
Pero algo cambió. Así lo explicó Schulman a La Retaguardia: “El arquitecto (Jaime) Sorín (presidente de la Comisión) mintió al juez Torres porque él no quería que la Comisión entrara al Casino sino que quería que el arquitecto o ingeniero Bisman, que es el dueño de la agencia de publicidad contratada para construir la muestra del Casino entrara para ver qué es lo que necesita para empezar a construir la muestra. Cuando el juez Torres le niega a la Comisión la entrada de sus representantes, uno de los cuales era Bisman que no trabaja para la Comisión, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la firma de su titular, el doctor Martín Fresneda, le pide este miércoles 22 a Torres, que finalmente accede, permiso para que un grupo de especialistas de la Secretaría, ya no de la Comisión, entren, pero otra vez estaban Bisman y sus colaboradores en ese grupo. Esto marca la degradación política que está llegando cierta gente que ha llegado a mentir diciendo que la Comisión quiere entrar para verificar la intangibilidad, eso es mentira, querían ingresar para poner en marcha la muestra. El juez Torres accede sin tener ningún derecho porque es un edificio que está bajo la gestión del IEM; alguna presión habrá sufrido el hombre. Está demostrado que era una acción fraguada, mientras tanto se firme el convenio, se aprueben las leyes o el marco jurídico que encuentren, ya que están ante lo que no pensaban que se iban a encontrar que es la firme resistencia del IEM”.
No está claro el futuro del IEM. Si se cumple con la firma del convenio entre nación y ciudad, se concretará su disolución, y la muestra museográfica prevista por el oficialismo se llevará adelante, sin tener en cuenta las fuertes críticas de distintos organismos de derechos humanos y sobrevivientes.
Fuentes: La Retaguardia / IEM
