Diariamente se conocen nuevas denuncias por torturas y abusos en comisarías y cárceles de todo el país. Jóvenes son perseguidos y detenidos de manera irregular, para luego ser brutalmente golpeados y amenazados. En tanto, mañana se conocerá la sentencia en el segundo juicio por la muerte de Andrea Viera en una dependencia policial de Florencio Varela, por la que están acusados tres ex efectivos. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina – La Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales recibió el jueves pasado una denuncia de la esposa de una persona detenida en el Módulo 2 del Pabellón 2 del Complejo Penitenciario de Marcos Paz. La mujer les contó que el sábado anterior su marido se había peleado con otro interno quien le dio un puntazo en un pulmón. Ante esta situación, los efectivos en lugar de asistirlo le arrojaron gas pimienta y lo golpearon fuertemente en la zona de los pulmones provocándole hematomas internos por lo que debió ser operado. La madre del detenido se enteró de lo sucedido un día después a través de otro preso, mientras que el servicio social de la penitenciaría la contactó recién el martes, es decir cuatro días después del hecho. El hombre continúa internado y su familia se presentó con fotografías de las lesiones en el juzgado de San Martín para denunciar lo sucedido.
Quien también realizó una presentación tras haber sido golpeada por la policía fue Sandra Dayana Santillán de 21 años. El 9 de octubre pasado fue detenida en forma irregular y llevada a la comisaría 3ª  de José C. Paz. La ingresaron por una puerta de la parte de atrás que no tiene cámaras de seguridad. De allí la llevaron directamente hasta la cocina del lugar donde dos agentes, uno femenino y otro masculino que aún no pudieron ser identificados, le pegaron en distintas partes del cuerpo, mientras otros cinco efectivos miraban la escena sin hacer nada. Luego la dejaron en los calabozos y la liberaron a la medianoche, pero antes la amenazaron para que no denunciara lo sucedido y la despidieron advirtiéndole: “te vamos a poner una bolsa en la cabeza”. Obviamente, el médico policial no dejó constancia de los golpes recibidos por la joven, que sí pueden verse en las fotografías que se tomó al recuperar la libertad. La denuncia fue presentada ante el secretario de Ejecución Penal, Juan Manuel Casolati, que elevó una nota al defensor general de San Martín y al Fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo informándoles lo sucedido.
Hechos similares se viven en comisarías y cárceles de todo el país. En Santa Fe, por ejemplo, la justicia investiga a personal de la comisaría 20ª de Empalme Graneros tras una denuncia por apremios ilegales contra dos menores que incluye la utilización de picana.
La abogada de los dos jóvenes, Daniela Asinari, contó que sus defendidos iban en una moto cuando comenzaron a recibir disparos tanto de atrás como de adelante de parte de personas de civil. Luego fueron llevados a la comisaría donde efectivos de la fuerza los golpearon , e incluso recibieron descargas de picanas eléctricas, lo que puede comprobarse a partir de las llagas y lesiones de quemaduras que ambos tienen en la espalda. Como es habitual, los policías se defendieron argumentando que el hecho se dio en el marco de una supuesta persecución por un robo en el barrio, algo que los menores negaron.
Así como muchas de estas denuncias por torturas y abusos policiales quedan perdidas en los pasillos judiciales argentinos, hay otras causas que sí avanzan a pesar de estar armadas o tener pistas falsas con el único objetivo de judicializar y criminalizar la protesta social. Es el caso de los vecinos de la localidad cordobesa de Corral de Bustos, detenidos y condenados desde hace dos años por haber participado de una rebelión popular de miles de personas el 4 de diciembre de 2006 en la que se denunciaba el encubrimiento judicial de varios crímenes cometidos en esa zona. Ante los permanentes reclamos por su liberación, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba ratificó esta semana las condenas de primera instancia, por lo que la causa ahora deberá ser resuelta directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el 7 de octubre, distintas organizaciones realizan un acampe frente a la Casa de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Avenida Callao al 300, para exigir la liberación de los seis presos de Corral de Bustos. En este marco, mañana viernes 25 de octubre, a las 18.30, se dará inicio a una serie de charlas debate. El primer encuentro será sobre “La situación de las cárceles en la Argentina”, y estarán presentes Oscar Castelnovo y Rosario Fernández, de la Agencia Walsh, quienes además acercarán cartas solidarias para los acampantes y los presos de Corral de Bustos escritas por mujeres detenidas en la cárcel de Ezeiza.
Mientras la justicia condenó rápidamente a los pobladores de la localidad cordobesa, la familia de Andrea Viera lleva once años esperando que todos los involucrados en el crimen de la joven sean condenados.
Viera fue detenida en 2002  junto a su pareja en una comisaría 1° de Florencio Varela, al sur del conurbano bonaerense. La policía Marta Oviedo la torturó para que confesara haber participado de un tiroteo en el que fue herido un efectivo. Los golpes fueron tan fuertes que la mujer se desmayó y debió ser trasladada a un hospital donde falleció pocos días después. En un primer juicio, Oviedo fue condenada a prisión perpetua pero otros cuatro policías fueron absueltos.
Once años después el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Quilmes juzga a otros tres ex agentes. Marcelo Aquino por el delito de "tormentos seguidos de muerte" y Pedro Mensi y Romina Nieto por “omisión de denuncia por tormentos”. En el caso de Nieto, la ex policía no se presentó al juicio, por lo que el tribunal ordenó su captura.
El fiscal de la causa, Fernando Celesia, pidió para Aquino la pena de prisión perpetua por la muerte de Viera y también por los tormentos contra su pareja, Gustavo Cardozo. En tanto, para Mensi solicitó tres años. El abogado querellante, Carlos Zimmerman, reclamó las mismas condenas.
Este viernes 25 de octubre, a las 13, los jueces darán a conocer su veredicto. Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos se movilizarán hasta el tribunal, ubicado en Yrigoyen 475, Quilmes, para exigir que tras once años haya justicia para Andrea.

Fuentes: CEPOC / Agencia Walsh / Redacción Rosario