Tras su renuncia luego de la fuga de trece presos del penal de Ezeiza, Víctor Hortel fue reemplazado como jefe del Servicio Penitenciario Federal por Alejandro Marambio, quien ya había ocupado ese cargo entre 2007 y 2010. La designación de Marambio causó rechazos inmediatos de parte de aquellos sectores que conocieron de cerca su anterior gestión y que vuelven a poner en debate la necesidad de una profunda reforma del sistema carcelario. Red Eco Alternativo.
(Cecilia Litvin- Red Eco) Argentina – La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, la Federación Universitaria de Buenos Aires y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fueron algunos de los organismos que manifestaron sus críticas a la vuelta de Alejandro Marambio a la dirección del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Repasando incluso algunas de las notas publicadas por Red Eco Alternativo entre 2007 y 2010, los años que Marambio desempeñó esta función, se pueden encontrar gran parte de estas denuncias.
Por ejemplo, en 2009 se inició una campaña por lxs presxs de Argentina, ya que la vida y la dignidad de miles de personas tras los muros y las rejas estaban en juego. En el documento que acompañó esta campaña se planteaba el retroceso en el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas ocurrido desde la asunción de Marambio.
También en 2009, el entonces jefe del Servicio Penitenciario le prohibió la entrada a las cárceles al periodista Oscar Castelnovo de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, quien desde hacía 25 años dictaba talleres en distintos penales. En aquel momento, desde Red Eco manifestábamos que esta medida proscriptiva y arbitraria perseguía el objetivo de silenciar lo que las notas e investigaciones de Castelnovo denunciaban, es decir las torturas, los asesinatos y negociados dentro de las prisiones.
Una de las actuaciones de Marambio que más repudio generó fue el hostigamiento contra el Programa UBA XXII, encargado de garantizar el acceso al estudio universitario a personas privadas de su libertad en cárceles federales.
Durante 2010, el Programa estuvo varios meses sin funcionar en el Centro Universitario Devoto (CUD), lo que hizo disminuir notablemente su matrícula. A través de prácticas de avasallamiento y traslados compulsivos atacó el normal intercambio entre docentes y estudiantes tanto del CUD como del Centro Universitario de Ezeiza.
El 28 de octubre de ese año, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) hizo público un comunicado firmado por su entonces jefe de prensa y difusión Alejandro César Yapur.
Allí se intentaba justificar nuevas medidas de seguridad dispuestas en Devoto: “Estaría acreditado que los internos estaban haciendo secuestros virtuales desde sus lugares de alojamiento y especialmente desde el Centro Universitario Devoto”. (…) “Los celulares ingresarían a través de algunas personas que habitualmente concurren al Centro Universitario Devoto”. (…) “Entre los comprometidos judicialmente con el ingreso clandestino de celulares se encontraría un docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires”.
En el comunicado además se señalaba que de los 48 egresados del CUD que luego recuperaron su libertad, once reingresaron a la cárcel por cometer nuevos delitos, por lo que concluían que “la sola concurrencia a ese espacio académico no garantiza la resocialización que dicen alcanzar muchos de los beneficiados con su concurrencia”.
En este marco hubo allanamientos, hostigamientos a docentes, represión a estudiantes, generando que algunos de los internos realizaran una huelga de hambre que en algunos casos duró hasta 54 días.
Para el CEPOC, la primera gestión de Marambio se caracterizó por el intento de limitar la acción de las organizaciones de derechos humanos, la labor de la Procuración Penitenciaria y la presencia de la Universidad de Buenos Aires en las cárceles, además de negar la existencia de hechos de malos tratos y torturas, que existieron y existen en las unidades penitenciarias. Ejemplo de esto es la denuncia que el procurador penitenciario Francisco Mugnolo realizó en 2008 ante la Corte Suprema de Justicia porque el gobierno le impedía realizar auditorías en las cárceles federales para dar a conocer las gravísimas torturas y violaciones de los derechos humanos que sufrían lxs presxs.
En el mismo sentido, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, presidentes de la CPM, señalaron que durante aquellos años Marambio no mostró ninguna voluntad de modificar el cuadro de situación en las cárceles federales sino todo lo contrario. “En ese mismo sentido propició la defensa corporativa de los agentes penitenciarios acusados de tortura, destinando incluso a sus letrados a la defensa de los denunciados. Además, ofició como interventor de la cárcel de Mendoza cuando se produjeron los hechos de tortura que se hicieron públicos a través de un video filmado por el propio personal penitenciario (…). En el mismo orden, durante su gestión fueron múltiples las protestas por el trato privilegiado que el SPF daba a los presos involucrados en causas por delitos de lesa humanidad”, manifestaron a través de un comunicado.
La LADH sumó otra denuncia contra la primera gestión de Marambio: “Desde 1983 se habilitó un mecanismo de visitas especiales, a cargo de la Liga, para los compañeros y amigos de los presos por razones sociales y políticas que fue respetado por todos los gobiernos constitucionales. En el año 2008, el Dr. Marambio comenzó a poner trabas y más trabas hasta terminar clausurando lo que se consideraba un derecho adquirido por el campo popular”.
Según los registros de la Procuración Penitenciaria de la Nación, mientras Marambio fue jefe del SPF murieron al menos 180 personas privadas de la libertad, mientras que la CPM realizó 600 denuncias penales por torturas en las cárceles.
De todos modos, desde el CEPOC afirman que más allá de esta negativa designación, es necesario realizar profundas reformas en el sistema carcelario argentino. En este sentido, señalan que es preciso derogar la ley orgánica del SPF N° 20.416, creada por la dictadura de Lanusse en mayo de 1973 y discutir un nuevo Servicio Penitenciario, desmilitarizado, reducido, que solo cumpla una función de custodia externa de las unidades penitenciarias. “El resto de las actividades que se realicen dentro de la cárcel, deben desarrollarse desde las instituciones públicas respectivas: el ministerio de Educación, el de Desarrollo Social, el de Trabajo, la secretaría de Deportes, etc.”. A su vez, agregan que debe “reglamentarse de inmediato la ley Nº 26827 de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: “Garantizando así que las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajamos en la prevención de la tortura y los malos tratos podamos ingresar sin restricciones a recorrer todas las instituciones de encierro, sin aviso previo, hablando de modo confidencial y privado con las personas privadas de libertad”.
En coincidencia, desde la LADH afirmaron “es hora de una reforma profunda que transforme las Cárceles en sitios humanizados para cumplir los objetivos de reinserción social proclamados constitucionalmente y dejen de ser territorios de la tortura, la corrupción,  el hacinamiento, la explotación de mano de obra barata para toda clase de ilícitos”.