La lentitud es una característica que suele estar asociada a las investigaciones judiciales de casos que tienen a efectivos policiales en el rol de victimarios. Pericias que no se realizan a tiempo o que directamente son omitidas, juicios plagados de irregularidades en favor de los acusados, o magistrados que absuelven a pesar de la existencia de pruebas que no dejan lugar a duda sobre las culpabilidades.
(Red Eco) Argentina – A fines de mayo, Darío Gabriel Galarza de 19 años recibió un disparo de bala de plomo que le provocó la muerte. El joven había salido a la puerta de la casa de su hermana en el barrio Circuito 5 de la capital formoseña, porque escuchó ruidos y vecinos movilizándose. Unas horas antes, la policía provincial había detenido a un hombre que iba caminando junto a otro, que logró escapar, llevando una motocicleta. La población reaccionó ante esta detención ilegal y se manifestó frente a la comisaría. Hasta allí se acercó Galarza, según relataron algunos testigos, porque vio a un amigo que junto a otros era golpeado por la policía, que también tiraba balas de goma. En este marco, el joven de 19 años recibió un disparo de plomo, que hizo que los efectivos se retiraran rápidamente de la zona. Según se denuncia, la ambulancia tardó en llegar y Galarza murió en el lugar.
Apenas conocida la noticia de esta muerte, comenzaron a correr las versiones escritas con pluma policial, que decían que la víctima tenía antecedentes. Algo que más allá de ser mentira no justifica el accionar criminal de los efectivos. Tal como señaló la hermana de Galarza, los policías saben a dónde tienen que tirar para matar y a dónde para lastimar, por lo que viendo la altura de la herida de Darío se confirma que quienes dispararon ese día lo hicieron sabiendo perfectamente que podían matarlo.
Por el crimen detuvieron en un principio a 22 efectivos, de los que permanecen aún tras las rejas solo cuatro. Los familiares del joven asesinado denunciaron la lentitud con la que se lleva adelante la investigación y criticaron que la prueba de parafina no se haya realizado rápidamente. De todos modos aseguraron que ya hay pruebas suficientes para avanzar, como por ejemplo la confirmación de que la bala que se encontró en el cuerpo de Galarza es de uso reglamentario policial.
El caso de Daniel Gabriel Galarza no es el único de gatillo fácil ocurrido en Formosa, al igual que no es una excepción la impunidad que aún existe en este caso. Es por esto que todos los miércoles, familiares de víctimas de la policía del gobernador Gildo Insfrán (al frente de Formosa desde hace 18 años, ya conocido por sus represiones) marchan exigiendo justicia.
Es cierto que algunos casos sí avanzan y llegan a la instancia de juicio oral, aunque lamentablemente esto no garantiza el fin de la impunidad.
El 6 de mayo, el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de Morón comenzó a juzgar a doce imputados, todos agentes de la Policía Bonaerense, excepto una civil, por el asesinato de Fabián Gorosito.
El cuerpo del joven apareció el 15 de agosto de 2010 en una zanja de un descampado en la localidad de Mariano Acosta. Se trataría de una venganza de parte de los efectivos de la comisaría local, porque se rumoreaba que Gorosito mantenía una relación con la pareja de uno de los policías. Previo al asesinato, el joven había sido víctima de hostigamientos, además del armado de una causa penal por robo y violación.
A poco más de un mes de iniciado el juicio, los padres de Gorosito debieron realizar una conferencia de prensa, acompañados por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel e integrantes de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, para dar cuenta de graves irregularidades en el proceso.
Por un lado, denunciaron que seis de los once agentes imputados continúan cumpliendo funciones, algo que fue confirmado por la Auditoría de Asuntos internos del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. Rubén Daniel Villalba y Hernán Horacio Oviedo prestan servicios en la Dirección Departamental de Investigaciones de Mercedes; Leonardo Natalio Ose en la Estación Policial Comunal de Marcos Paz; Gabriel Alejandro Sánchez en la Patrulla Rural de Marcos Paz, Marcos Emanuel Dipierro en la Comisaría de Merlo Seccional 1; y Víctor Gonzalo Cuelli en la División Delegación Servicios y custodias de La Matanza.
En el marco de la conferencia de prensa, Pérez Esquivel afirmó: “mientras los policías imputados pueden entrar armados, los testigos y los familiares reciben amenazas pero no pueden entrar. Es un juicio totalmente viciado”. Sucede que testigos de la fiscalía y de la familia de la víctima fueron amenazados por los imputados durante las audiencias. Además, por decisión del Tribunal y a pedido de la defensa, Teresa Viera y Carlos Gorosito, padres de Fabián, no han podido ingresar al recinto. Una resolución que para la familia es una prohibición que les limita el derecho a la verdad: “nosotros estamos asustados: nos hacen burla, se ríen, nos amenazan, nos escupen, nos putean; y el Tribunal no ve todas esas cosas, pero sí ve que nosotros no podemos entrar, y nosotros lo que queremos es saber la verdad”, declaró Carlos Gorosito.
Hasta el momento, el único reclamo atendido por el Tribunal fue permitir el ingreso de radios y diarios a la sala de audiencias. Sin embargo, no se habilitó el acceso a registros audiovisuales, que sólo pueden permanecer afuera del recinto.
Otro juicio que estuvo sospechado de irregularidades fue el que absolvió en abril pasado a cinco efectivos de la seccional segunda de Trelew, imputados por abusar y violar a un menor en la comisaría, en enero de 2012, hecho conocido como caso Almonacid. Hace pocos días el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales generales María Tolomei y Arnaldo Maza, y la querella de la familia víctima, a través de los defensores públicos, Germán Kexel y Sergio Rey, presentaron un pedido de nulidad del proceso y de impugnación de la sentencia. Además solicitaron que se realice un nuevo juicio pero con otro tribunal. Para ellos, durante las audiencias quedó probado que el adolescente de 16 años solo había salido a bailar con la novia y unos amigos, que no tenía motivo en contra de algún policía o de la policía en general, y “que tenía todo para perder y nada para ganar al decir que había sido víctima de este hecho”. Además, uno de los policías acusados fue reconocido como una de las personas que agredió al chico, por Bruno Rodríguez Monsalve quien se encontraba detenido en la misma comisaría. Cabe recodar que Mosalve, testigo clave y protegido de este caso, fue muerto violentamente pocos meses después de haber declarado. A su vez, su sobrino César de 13 años permanece desaparecido desde el 27 de mayo pasado. Por el asesinato de Bruno, comenzó este lunes un juicio contra Aldo Gastón Béjar, acusado del homicidio. Según la causa, el hecho se produjo en el marco de un encuentro entre amigos, en el que Bruno se habría apoderado de ropa y una netbook que pertenecerían a Béjar. Durante las primeras audiencias, el jefe de la Brigada de Investigaciones, Juan Carlos Núñez, descartó la participación policial en este caso. El caso Almonacid y su juicio han estado cargados de irregularidades, que llegan incluso al destino trágico de sus testigos claves, supuestamente protegidos.
¿Para qué servía un habeas corpus?
Debido a la cantidad de denuncias por torturas, detenciones ilegales, asesinatos, cometidos en comisaría de la localidad jujeña de San Pedro, se presentó un habeas corpus colectivo que fue resuelto favorablemente. Allí se dejaba constancia de la actuación ilegal de la policía, a la que se le exigía “abstenerse de llevar a cabo actos de intimidación, persecutorios o de amedrentamiento respecto de cualquier ciudadano”. A su vez, a los fiscales locales se les enviaron las distintas denuncias “a los fines de que se adjunten a las eventuales actuaciones que tengan en trámite o inicien un trámite tendiente a investigar le supuesta comisión de delitos de acción pública”.
Pero a la impunidad policial no le importan las presentaciones ni las órdenes judiciales, ya que el viernes pasado un joven protegido por este habeas fue detenido por el cuerpo de Infantería en la seccional Nº 26 del Barrio Belgrano, sin motivo excepto el famoso "averiguación de antecedentes". Más de 24 horas después fue liberado, pero previamente sus familiares y organismos de derechos humanos acercaron a la comisaría una copia del habeas mientras reclamaban la presencia de un fiscal, ya que además el joven se encontraba incomunicado. Allí les manifestaron que tenían conocimiento de la existencia de un habeas corpus colectivo, pero que aún no había llegado al tribunal.
Ante este hecho, los organismos manifestaron su preocupación de que un instrumento como el hábeas corpus no tenga una efectividad concreta, alertaron sobre “su intrascendencia como medida frente al abuso de un ingobernable grupo represivo incrustado en el aparato estatal, más la inocuidad de otro (el judicial); algo que además puede desalentar a otras víctimas de abusos a realizar denuncias.
Son solo algunos casos que dan cuenta que en todas las instancias pueden encontrarse ejemplos de esta connivencia entre policías acusados de torturas y homicidios, y jueces que deben primero investigarlos y luego juzgarlos, connivencia que la mayoría de las veces llevan a la impunidad.
Fuentes: FM La Nueva / Plazademayo.com / Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires / Colectivo Radio Pueblo
