Represiones, intentos de demorar el accionar judicial, torturas en comisarías, formaron parte de la agenda de las fuerzas de seguridad de distintas provincias de los últimos días. Efectivos de las policías metropolitana, bonaerense, jujeña, entre otras, volvieron a actuar con total impunidad, amparados política y judicialmente, contra artistas, militantes sociales, jóvenes y familias con problemas habitacionales. Por Red Eco
Argentina – Tres heridos con balas calibre 38, que debieron ser internados (dos de ellos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos); varios con balas de goma y cuatro detenidos confirmados, que ya fueron liberados, es el saldo de la salvaje represión a través de la que más de 200 agentes de la Policía Metropolitana desalojaron el martes a la noche el acampe cultural en la plaza seca del Centro Cultural San Martín, que llevaba 70 jornadas. A pesar de que ese día al mediodía se había anunciado el levantamiento de las carpas por 48 horas como muestra de buena predisposición al diálogo y la negociación, el gobierno de Mauricio Macri, a través de su ministro de Cultura, Hernán Lombardi, ordenó hacer cumplir de manera violenta el pedido de desalojo realizado por la fiscal Claudia Barcia, sin tener en cuenta, una vez más, la negativa del juez Norberto Tavosnanska.
Ahora la calle Sarmiento se encuentra cerrada para el tránsito y la entrada al Centro Cultural está completamente tapiada. Tanto fuera como dentro del edificio, numerosos efectivos de la Metropolitana recorren los pisos, la vereda, la calle. Mientras tanto, un grupo de personas permanece resistiendo en el sexto piso, dentro de la Sala Alberdi, sin tener comida y agua asegurados.
La misma impunidad con la que actuó la Policía de Mauricio Macri tuvo la Bonaerense durante la mañana de ayer. A las seis, un grupo de efectivos llegó a la toma que más de dos mil personas; provenientes de localidades como Don Orione, Claypole, Adrogue y Solano; realizaban desde hacía menos de un mes en el partido de Almirante Brown.
Había una orden de allanamiento firmada por la Dra. Marisa Salvo, titular del juzgado de Garantías N° 5 de Lomas de Zamora, que aclaraba que para llevarse adelante esta medida debía estar presente personal del servicio local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. A pesar de que los funcionarios no se acercaron al lugar, la policía comenzó a quemar carpas, robar las pertenencias y desalojar violentamente a las familias.
La toma se había iniciado el 25 de febrero pasado, y en estos pocos días ya se habían efectuado el trazado de las calles, además de la puesta en funcionamiento de un comedor que servía una “copa de leche” para lxs niñxs del asentamiento.
En tanto, el domingo pasado en la localidad jujeña de San Pedro, cinco jóvenes fueron detenidos durante la madrugada sin motivo. Desde un primer momento, recibieron golpes de parte de los policías. Uno de los chicos, era Dante Monzón, el hijo de Elsa Colqui, dirigente de la Casa de la Mujer María Conti y la Corriente Clasista y Combativa. Al ser identificado, los efectivos se ensañaron con él.
Fueron trasladados a la seccional novena, donde continuaron los golpes de parte de alrededor de veinte policías que se pusieron en dos hileras para hacerlos pasar por el medio. También los amenazaron de muerte, cuando comenzaron a llegar las voces desde la calle con pedidos de liberación de decenas de manifestantes que se concentraron frente a la sede policial.
Los efectivos llevaron a los cinco jóvenes detenidos al hospital de una localidad cercana, La Esperanza, donde fueron revisados, aunque no se les recetó ninguna medicación ni se les realizaron estudios.
Al ser finalmente liberados, se dirigieron inmediatamente al Hospital Patersson de San Pedro, donde recibieron una correcta atención, quedando internado Monzón. Tras recibir el alta, se dirigió junto a dos de los jóvenes que habían sido detenidos a la Fiscalía del Dr. Blanco donde efectuaron una denuncia por torturas.
Algunas de las denuncias que víctimas o familiares realizan contra el accionar policial llegan a juicio, aunque claro está que esto no implica que vaya a haber justicia.
Fabián Gorosito apareció muerto en la zanja de un descampado de la localidad bonaerense de Merlo en agosto de 2010. Se sospecha que fue perseguido, torturado y asesinado por policías de la comisaría sexta de Morón porque tenía una relación con la pareja de uno de ellos, Adrián “El Chacal” Giménez. La familia de Gorosito denunció que el joven venía siendo víctima de hostigamientos y que incluso le habían armado una causa por robo y violación. La investigación del asesinato estuvo llena de irregularidades, gracias a que en una etapa estuvo a cargo de la propia policía.
Sin embargo, se pudo llegar a la instancia de juicio oral contra trece imputados. Las audiencias deberían comenzar el próximo 3 de abril, pero los defensores comenzaron con maniobras dilatorias e intentos de hacer fracasar el proceso. Los abogados de Giménez y Cristian Fortunato, los dos principales implicados, presentaron un recurso ante el Tribunal Oral y Criminal 5 de Morón para dilatar el juicio contra sus clientes, argumentando que deben representar a otros imputados en la misma fecha. El tribunal pretende desarrollar el juicio oral contra los otros once imputados y que otro tribunal juzgue a Fortunato y Giménez en octubre.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria reclamaron que se postergue el debate completo hasta que puedan estar presentes todos los imputados, y explicaron: “empezar un juicio sin los principales acusados de un hecho gravísimo, perpetrado por agentes del Estado, podría conducir a la impunidad, ya que se conocería de antemano la estrategia jurídica de las partes, y se violarían los principios de celeridad, concentración, contradicción, defensa en juicio y economía procesal”.
Finalmente, en Salta, la Sala I del Tribunal de Impugnación ratificó el procesamiento a cinco agentes de la Policía provincial, como presuntos responsables del delito de imposición de torturas. Durante la instrucción de esta causa, se confirmó la tortura sufrida por detenidos en la Comisaría 11 de General Güemes entre el 24 de mayo y el 1ero de junio de 2011.
Al respecto, los jueces del Tribunal afirmaron en su fallo: “la colocación de una bolsa plástica en la cabeza a una persona, de modo de impedirle la entrada de aire por las vías aéreas superiores es una de las prácticas de la más refinada y cruel de las torturas”.
Tan solo un abanico de ejemplos del accionar de las distintas fuerzas policiales de la Argentina, si se recorriera el resto de las provincias se encontrarían ejemplos de impunidades semejantes.
Fuentes: La Retaguardia / Anred / La Vaca / Comisión Provincial por la Memoria / Corriente Clasista y Combativa Jujuy / CIJ
Foto: ANRed
