La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual perderá cualquier capacidad de incidencia si queda firme la batería de decretos firmados por el Ejecutivo. Ahora se han fusionado la AFSCA y la AFTIC a través del ENACOM. Por intermedio de un anuncio también se conoció que se buscará lanzar una nueva ley de medios y se “sacarán cepos a la industria para que se pueda modificar y mejorar la necesidad de inversiones”.  Red Eco Alternativo

(Ramiro Parodi-Red Eco) Argentina- La ley que fue debatida por amplios sectores de la población, votada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema de Justicia sufrió en cuatro semanas tres decretos (dos de ellos de Necesidad y Urgencia- DNU) que han modificado cuestiones centrales en lo que se refiere a libertad de expresión, pluralidad de voces y concentración mediática.
En conferencia de prensa el Jefe de Gabinete Marcos Peña, junto al interventor de la AFSCA  Miguel de Godoy y el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, anunció un nuevo decreto por intermedio del cual se crea el del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), presidido por Miguel de Godoy y dependiente de Oscar Aguad. Absorberá las funciones de la AFSCA y la AFTIC que dejarán de existir como tales. Según pronunció Peña “tendrá representación parlamentaria y la idea es que esas voces sean parte de un equipo de trabajo”, lo que se “olvidó de aclarar” es que la comisión estará integrada por 7 personas y 4 de ellas serán del Poder Ejecutivo.
Vale recordar que la forma en la que estaba integrado el Directorio de la denostada AFSCA no dista mucho de la propuesta actual. De hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) estipula la presencia de especialistas, no solo funcionarios políticos, y a su vez el Poder Ejecutivo solo designaba a dos de los directores  (uno de ellos, el presidente), otros tres eran propuestos por los bloques parlamentarios y los otros dos eran presentados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico, representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.
En el medio de la conferencia Peña enfatizó en que “hay que proteger mucho más la tarea del periodista. Independientemente de si nos gusta o no nos gusta el periodista no puede estar condicionado en una dialéctica con el Estado”. Palabras fuertemente contradictorias si nos basamos en lo que realizó el macrismo con los contenidos mediáticos con los cuales no coinciden: Pidieron sacar del aire el programa kichnerista 6, 7,8, van a renovar casi toda la programación de radio Nacional y también pidieron bajar del aire al periodista Roberto Navarro quien trabaja en C5N. 
A su vez Peña también señaló dos medidas que tienen un mismo fin: favorecer la concentración mediática y a los grandes grupos hegemónicos. Esto se realizará a través del “fomento a las inversiones” y el lanzamiento de la nueva propuesta de ley.
Algo que queda muy claro es la falta de intención del gobierno de Macri de finalizar con la concentración mediática que restringe la libertad de expresión. Peña fue muy claro cuando señaló en la conferencia de prensa que para la nueva ley  de comunicación “la concentración o desconcentración no tiene que ser nuestro objetivo central. El objetivo central tiene que ser la pluralidad, la competencia, la libertad, la apertura, y la inversión y la mejora de servicios para cada uno de los argentinos.”
Así será la nueva ley, una ley que fomentará el libre mercado y no la desinversión de los oligopolios mediáticos que a través de sus redes de información intentan construir ciertos sentidos comunes a fines a sus intereses. Esto queda confirmado con el dato que aporta José Crettaz en La Nación, según sus fuentes el decreto (que se publicará este jueves) “amplía de 10 a 15 el número de licencias para un mismo operador de TV abierta y radio AM y FM en todo el país, y de 3 a 4 en el número de licencias permitidas dentro de una misma ciudad. Elimina el tope del 35% del mercado que regía para la radiodifusión privada (hasta ahora, un mismo licenciatario no podía cubrir con sus señales más del 35% de la población del país). De este artículo se eliminan los topes referidos a la televisión por cable (actividad en la que una empresa podía llegar sólo a 24 localidades) y a las señales de TV paga (los cableoperadores y los titulares de licencias de TV abierta o radio podían tener sólo una señal, algo que ahora queda eliminado).” Esto destruye el texto de la LSCA que restringía el número de licencias justamente para evitar la concentración mediática y la creación de oligopolios.
Otro dato que se desprende de la nueva visión sobre la comunicación que propone el gobierno macrista es que tanto Peña como Aguad hablan de “medios chicos” y no nombran a los medios comunitarios  cuya existencia es de alguna manera reconocida por la LSCA (artículo 4) y a los que siendo parte de los “prestadores de gestión privada Sin Fines de Lucro”, se les reserva un 33 % del total del espectro. Si, como vienen sugiriendo estas distintas estocadas que se le han aplicado a la LSCA a través de decretos, el fin de este gobierno es tratar a la comunicación como una mercancía y no como un derecho, el lugar para los medios comunitarios se verá fuertemente acotado ya no solo en la práctica sino también el texto de la próxima ley.  
Un argumento que avala esta futurología es que tanto Marcos Peña como el decreto de intervención 236 hablan de los “consumidores” en referencia a quienes utilizan los medios de comunicación. Esto es un claro retroceso en relación a la ley que critica Peña, la cual no habla de consumidores sino de “audiencias”. La diferencia radica en que la noción de consumidores entiende a la comunicación como una mercancía mientras que la de audiencias la entiende como un derecho.
Mientras tanto el juez Luis Arias de La Plata dictó una medida precautelar en la que estipuló la prohibición de “alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Afsca mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522″. Esto lo aceptó tras un pedido del delegado de la AFSCA Guillermo Luis Guerín. Para justificar la medida expresó que “es una medida preventiva para que no hay nuevos  actos que agraven la situación”.
Finalmente este jueves 31 de diciembre, saldrán los detalles del decreto que ampliarán la información que relató Peña ayer. A esta altura la desregulación suena a utopía y la pluralidad de voces a un slogan publicitario.