(Ramiro Parodi- Red Eco) Argentina – A través del decreto 236 el gobierno intervino la AFSCA y la AFTIC, removió a sus encargados (Sabbatella y Berner) y nombró a Garzón y Frigerio en su reemplazo, hombres de confianza de Macri, pero con nula experiencia en el área. El texto tiene, entre sus considerandos, algunos argumentos que los medios comunitarios han utilizado para criticarle al kirchnerismo la sesgada aplicación de la ley. Sin embargo, el objetivo es otro, reforzar la concentración de medios a través de la simpática premisa “vamos hacia la convergencia tecnológica”.

Increíble pero real hay varios puntos del decreto de intervención macrista que, sin bien están escuetamente desarrollados, son ciertos. Es una paradoja que el macrismo utilice los argumentos de los medios comunitarios para avalar una medida antidemocrática pero el kirchnerismo ha tenido su cuota de responsabilidad al no escuchar ni actuar sobre las críticas que, de buena fe, se le han hecho en cuanto a la aplicación de la ley. Si no hubiese aplicado la ley de forma tan parcial, no habría dejado estos huecos de crítica que el macrismo utiliza para favorecer a los grupos mediáticos hegemónicos. 

Por ejemplo, el texto señala que “se mantendría aún pendiente al día de la fecha la regularización de la crítica situación del espectro en las principales jurisdicciones (AMBA, Ciudad de Córdoba, Rosario) como consecuencia de que tal proceso se encuentra aún inconcluso”. Esto es absolutamente real y es algo que los medios comunitarios han denunciado desde que se cumplieron los 180 días que establece la ley para realizar el Plan Técnico que organizaría el espectro. De hecho, la falta de plan fue uno de los argumento que Sabbatella esgrimía para explicar la razón por la cual no abrían estos concursos para adjudicar licencias a medios comunitarios en zonas de conflicto.

La misma paradoja opera para el considerando que subraya que “las autoridades de la AFSCA habrían incurrido en tratos desiguales entre los distintos operadores en relaciona los procesos de adecuación”. Sin caer en una defensa del Grupo Clarín, también es cierto que la adecuación que presentó Daniel Vila tiene sus grietas ya que la mayoría de sus desinversiones cayeron sobre familiares (lo cual es como mínimo irregular). A su vez, el plan de Telefónica y Telefé también se aprobó a sabiendas de que su empresa controlante es Telefónica España y la participación de grupos extranjeros está prohibida por la ley. 

Sin embargo, estos puntos no avalan la medida autoritaria por intermedio de la cual el macrismo busca destrozar una de las leyes más democráticas y debatidas por amplios sectores de nuestra sociedad. Por primera vez aparece un texto que modifica directamente la ley que tiene entre sus palabras, el significante “consumidores”; a diferencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que los consideraba como “audiencias”. 

La distinción es sutil pero sus consecuencias devastadoras. Allí se encubre la noción sobre la comunicación que subyace en ambos lados (LSCA y decretos que la modifican). Del lado de los consumidores, la comunicación es un producto más y quien la detenta tiene un rol pasivo, de mero receptor. Mientras que, del lado de las audiencias, la comunicación es un derecho y el rol de sus participantes es activo ya que puede recibir información, buscarla y difundirla en igualdad de condiciones.

Por su parte, el Ministro de Comunicación Oscar Aguad dijo en conferencia de prensa que pretenden ayudar a los medios más chicos para favorecer la pluralidad de voces. ¿Qué entenderá el macrismo por “medios pequeños”? ¿Cadenas pequeñas que persiguen, entre otros, fines comerciales o medios comunitarios? A esta altura es difícil creer que esta medida favorecerá el reparto del 33% del espectro en licencias que le corresponde al sector de los Sin Fines de Lcuro, dentro del cual están los medios comunitarios. 

Sobre el decreto son varias las personas, instituciones, partidos políticos y colectivos populares que se han presentado en contra. Damián Loreti, recientemente elegido vicepresidente de Amarc (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), en diálogo con Página/12 señaló que “Se viola la ley para poner partidarios políticos que vendrían a hacerla cumplir y a poner fin a la ´rebeldía´ de las autoridades legalmente nombradas. Se actuó al revés de lo que indican los principios de libertad de expresión, se reemplazó un directorio plural de siete personas, con participación de las provincias, usuarios, académicos, trabajadores, empresas, bloques parlamentarios, sociedades de gestión de derechos y pueblos originarios –quienes seleccionaron sus representantes a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual previsto en el artículo 15 de la LSCA–, por un interventor partidario.”

Mientras que Edison Lanza, relator de la OEA para la Libertad de Expresión apuntó que “algo en lo que habíamos coincidido todos los relatores de libertad de expresión, de Naciones Unidas y de la OEA, es en que la estructura de AFSCA es uno de los aspectos positivos de la ley. Argentina había establecido por primera vez -fue pionera en la región- un organismo con participación de la oposición, de la sociedad civil, de las provincias… Eso es un adelanto. Después, claro, siempre es perfectible. Pero los anuncios que van en el sentido de intervenir justamente cuando cambia el gobierno -es decir, cuando el organismo se pone a prueba, cuando cambian las mayorías (legislativas)- para hacerlo a imagen y semejanza de quien gana, bueno, quiere decir que se acabó la autonomía, que se vuelve al momento en que los gobiernos manejaban la oficina”.

Por intermedio de estas críticas que muchos sectores, como la los medios comunitarios, ya había realizado y el kirchnerismo no quiso atender, gana el macrismo y su blindaje mediático. En otras palabras, pierde la libertad de expresión, pierde la democracia.