El reclamo de los movimientos campesinos se hizo oír en los tribunales de Dean Funes mientras se hacían los alegatos a empresarios sojeros que usurparon tierras cordobesas.
(Débora Sayanes- Red Eco) Córdoba –  La gravedad del despojo de tierras a familias campesinas se acentúa motivo del accionar de empresarios interesados en realizar grandes emprendimientos en territorios usurpados.
Dentro de este marco, diferentes movimientos se encuentran cotidianamente en lucha por defender su territorio, su cultura y sus modos de producción. Tal como expresaba un comunicado del Movimiento Campesino de Córdoba, “para que la justicia haga justicia” organizaciones campesinas reclamaron ayer en los Tribunales de Dean Funes una condena para los empresarios sojeros que despojaron de sus tierras a Ramona Bustamante, una mujer de 81 años a la que le hicieron firmar un convenio de desalojo a favor de los empresarios interesados en sojizar el norte de Córdoba.
Presentados los alegatos del juicio en donde están imputados los desalojadores, el fiscal de la causa, Hernán Funes, pidió entre 3 años y medio y 4 años de condena para los hermanos Escaramuza, empresarios sojeros de la provincia. Los abogados de Ramona pidieron 4 años de condena para ambos y la restitución de las tierras, aunque luego tendrán que reclamar la indemnización por la destrucción de la casa y el desmonte de las casi 200 hectáreas. El propio Ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, respaldó la posición del fiscal entendiendo que hubo una estafa de parte de los empresarios.
Hace muchos años que no son escuchadas las voces de los campesinos. “Que en esos campos que habitan se producen los alimentos de verdad para todos, que esos montes que resguardan le dan oxígeno a todos, que a pesar de no tener agua, ni caminos, ni servicios básicos, vivir allí vale la pena. Es hora de que el Poder Judicial entienda las lógicas del campo. Es hora de que le ponga un coto a las mafias de abogados, empresarios y funcionarios para hacerse de la tierra. Los fraudes al Registro de la Propiedad de la Provincia son un clarísimo ejemplo: así se han manejado las cosas en estos años”, afirman desde el Movimiento Campesino de Córdoba.
Ya es moneda corriente el enfrentar imputaciones, desalojos, intimaciones, amenazas de personas armadas y usurpaciones, y aunque la justicia no los vea, la lucha será incesante, y la resistencia permanente, como desde aquel 30 diciembre de 2003 cuando una topadora resguardada por vastos efectivos policiales destruía la vivienda de la familia Bustamante. Desde allí Ramona a través de diferentes medios de comunicación, festivales, tribunales hizo pública la situación por la que atravesaban los campesinos “demostrando a la sociedad cordobesa que había un campo profundo que estaba siendo sometido a la barbarie deshumanizante que pretendía despoblar”.