Detrás del proyecto anunciado por las multinacionales BHP y Lundin Mining para explotar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, está la historia de una zona de la cordillera ansiada por la megaminería. La actividad extractiva no cambió la realidad provincial, el proyecto no asegura trabajo local y sí pone en riesgo los glaciares, el agua y el hábitat de la región.

A coro, los medios de comunicación comerciales anunciaron (y celebraron) la que sería “la mayor inversión extranjera de la historia argentina”. Con la misma grandilocuencia, antes habían titulado y aplaudido otras dos noticias: “El hallazgo del yacimiento de cobre más importante de los últimos 30 años” y la alianza de dos gigantes mineros para explotarlo: las empresas BHP y la Lunin Mining. Todo con el foco en el mismo escenario: el extremo norte de la provincia de San Juan, en plena cordillera de Los Andes, donde se localiza el recientemente rebautizado “Proyecto Vicuña”.

Tantos adjetivos no dejaron espacio para compartir las voces y miradas de los pueblos afectados, ni mencionar los riesgos que implica el proyecto minero, ni señalar los costos que tendrá para la biodiversidad y las comunidades. Tampoco dieron cuenta de las denuncias internacionales que pesan sobre ambas empresas e invisibilizaron que se trata de una zona de la cordillera que ya había sido nominada de otras formas en anteriores intentos de explotación.

De Constelación a Vicuña, los nombres de un viejo proyecto

“El distrito Vicuña es una región de prospección geológica localizada en la frontera entre Chile y Argentina”, afirma en su página web Lundin Mining Corp, la empresa minera con sede en Canadá, que se alió con su par BHP, con base en Australia, para explotar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. La alianza empresarial dio origen a una nueva firma, bautizada en enero de este año con el nombre de Vicuña Corp, con sede fijada en Canadá, y nacida con el objetivo específico de explotar ambos yacimientos de cobre, oro y plata, en el departamento Iglesia, en el norte de San Juan. Ese es el denominado Proyecto Vicuña.

Otros yacimientos componen “el emergente distrito Vicuña”, según señala el Grupo Lundin: Caserones, Los Helados y Lunahuasi. El primero, situado en la región chilena de Atacama, se encuentra en etapa de explotación desde 2014, mientras Los Helados (también en Atacama) y Lunahuasi (del lado argentino) se hallan en etapa de exploración. Lundin posee el 51 por ciento del paquete accionario de la mina Caserones y el 49 por ciento restante está en manos de otra empresa canadiense, NGEX Minerals, propietaria del proyecto Lunahuasi y socia mayoritaria de Los Helados.

Aunque el megaproyecto se plantea como algo novedoso, ya tuvo sus titulares casi una década atrás, pero con otro nombre: Proyecto Constelación. En 2016 contemplaba la explotación de Josemaría y Los Helados, para aprovechar el espaldarazo que significó para el sector el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, suscrito por Chile y Argentina en el año 2000. Así, proyectaba convertirse en el segundo proyecto binacional, después de Pascua Lama (Barrick Gold), que el Tribunal Ambiental de Chile clausuró por graves infracciones contra el ambiente.

Y aún es posible remontarse más atrás, al año 2006, cuando Chile y Argentina firmaron el protocolo adicional específico, en el marco del tratado binacional, para la “Etapa de Prospección y/o Exploración del Proyecto Minero Vicuña”. O sea, el presentado como novedoso proyecto cumple dos décadas y recicla el nombre que tuvo al principio.

Cero retenciones para el negocio minero y cero valor agregado para el país

Con el decreto 563/2025, el presidente Javier Milei eliminó la alícuota del Derecho de Exportación a 231 minerales, entre ellos el cobre y el oro. El oro no pagaba retenciones desde diciembre de 2023, por una “omisión” del ministro de Economía, Luis Caputo, que no actualizó el decreto que fijaba la alícuota para ese mineral. “Ahora eso se ha blanqueado”, expresa Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Por otro lado, el director de Vicuña Corp para Argentina y Chile, José Luis Morea, anunció que la empresa presentará el proyecto para acceder a los beneficios del Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Aunque no precisó montos, los medios afines reprodujeron una versión que estima que podría superar los 15.000 millones de dólares. Esto la convertiría en la mayor inversión extranjera de la historia nacional, según aplauden los mismos medios.

Desde miradas críticas, la idea de inversión debe cuestionarse. Alicia Naveda, socióloga, investigadora, doctora en ciencias sociales y directora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, apunta que “hay que desmontar la mentira instalada de la inversión extranjera como una bonanza, porque nos deja en un lugar de economías reprimarizadas, el mayor aporte a las estructuras económicas es en el sector primario”. Y agrega: “El sector primario es el que siempre aporta menor valor agregado y está vinculado a la pauperización de los países. Los países cuyas principales economías son del sector primario son los más pobres del planeta”.

La investigadora, especializada en extractivismos, señala que este tipo de proyectos “requiere una inversión inicial relativamente alta para poner en marcha la mina, pero luego eso decae y se mantiene la explotación sin más inversiones. Por eso, la minería como actividad no tiene un gran impacto ni es acelerador de la economía. Esto, a nivel teórico, se llama expoliación y no explotación”.

Expoliación, explica Naveda, es un concepto para referirse a la exagerada explotación de la naturaleza —con anuencia de los gobiernos— sobre recursos no renovables. Por eso, la investigadora resalta que el eslogan de “minería sustentable” del que abusaron y abusan, sin grietas, las empresas y los gobiernos nacionales y provinciales es “una mentira terrorífica”.

Zeballos denuncia otro beneficio para las mineras: en San Juan, el Proyecto Vicuña tampoco va a pagar regalías, porque durante la gestión de Sergio Uñac (Frente de Todos) autorizo a la empresa Lundin Mining Corp a descontar de las regalías el financiamiento de la línea de alta tensión y los caminos necesarios para la explotación minera.

“Es el equivalente a la época de la colonia, cuando se llevaban el oro y la plata y no pagaban nada”, reflexiona el integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca. “Cuando uno se pregunta ¿es un buen negocio para la Argentina? La respuesta es: ¡No!”, cuestiona el asambleísta y repregunta: “¿Qué beneficios ven? Hace 20 años que está la megaminería en San Juan y los camiones que transportan elementos hasta la mina Veladero (Barrick) destruyen las rutas, pero la empresa no ha dejado ni siquiera plata para repararlas”.

Vicuña, un proyecto binacional que amenaza el trabajo argentino

En su página oficial, Vicuña Corp habla de un único “proyecto integrado”, que contempla la explotación de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Mientras Josemaría se encuentra íntegramente en la provincia de San Juan, Filo del Sol se ubica en una zona compartida entre Argentina y Chile. Por esto, se estima que ambos proyectos avanzarían con los beneficios que implica operar en un marco legislativo exclusivo y permisivo que promueve “la facilitación del tránsito de los equipamientos, servicios mineros y personal adecuado a través de la frontera común”, según reza el tratado binacional.

En un mapa publicado por la empresa se observa una línea segmentada en color gris —probablemente un mineraloducto—, que nace en la zona del proyecto y atraviesa Chile hasta llegar a Caldera, ciudad portuaria a orillas del Pacífico. “Lo que están pensando es utilizar el agua argentina, dejar los desechos en los diques de cola del lado argentino, hacer la extracción y sacar toda la producción por los puertos chilenos”, explica Zeballos.

Más explícitos en el mapa son el camino que une la ciudad chilena de Copiapó con el campamento Batidero, construido para albergar al personal de Josemaría, y la demarcación de un “corredor norte”, señalado como el “futuro acceso a Vicuña”, en el lado argentino, que también conectaría con el camino chileno.

Lo que en los mapas aparece unido en la realidad ya ha generado fricciones y ha puesto la creación de puestos de trabajo —el caballito de batalla de estos emprendimientos— en la mira. La libre circulación de personal permitida por el tratado binacional ya ha tenido sus repercusiones por la superposición de convenios laborales. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) denunció que unos 200 trabajadores chilenos ya operan en Filo del Sol. El propio secretario general del AOMA, Iván Malla, afirmó que “los trabajadores chilenos resultan más baratos y eso explica también por qué están trayendo proveedores desde Chile”.

El secretario general de AOMA, según publicó el medio Tiempo de San Juan, señaló que el objetivo del sindicato es negociar un convenio laboral para el Proyecto Vicuña, que respete la normativa argentina. Y confesó que no será fácil; pero además reconoció que puede complicarse aún más si el proyecto ingresa al RIGI:  “Abre la puerta a contratar más mano de obra extranjera e importar insumos, siempre que los proveedores locales no sean competitivos. El RIGI indica que el 20 por ciento deber ser de proveedores locales, pero siempre que sean ‘competitivos’ para la empresa minera. Hoy, Argentina no lo es frente a Chile”.

Más allá de estas circunstancias, la megaminería no es nueva en la provincia. Casi tres décadas de implementación no han cambiado demasiado el panorama. “Las consecuencias observables son que en la generación de empleo en la provincia sigue siendo tercerizado y que el sector público estatal continúa desempeñando un papel importante, con unos salarios de miseria”, apunta Naveda.

Fuente: Ana Chayle – Agencia Tierra Viva