Asambleas ambientales advierten que la norma que había sido resultado de la lucha socio-ambiental que surgió contra el proyecto de instalación de la planta de Monsanto fue modificada a través de un tratamiento express y sin participación ciudadana. Aseguran que la nueva ley busca legitimar el desmonte realizado por la obra pública sobre zonas rojas de la provincia, e impulsar el negocio inmobiliario sin control.

Las asambleas explican que con estas maniobras el gobierno de Córdoba, a cargo de Juan Schiaretti, pretende legitimar el desmonte para las autovías que atraviesan zonas rojas de bosques nativos, además de flexibilizar los requisitos para aprobar loteos, lo que permite que numerosos emprendimientos inmobiliarios no requieran del Estudio de Impacto Ambiental previo.

“Ni los incendios, ni las sequias, ni los lagos y ríos contaminados, ni el aumento desmesurado de los casos de cáncer y enfermedades en las zonas fumigadas, hace reflexionar al gobierno y los legisladores sobre el cuidado del ambiente que debe ser una prioridad y que la naturaleza debe ser también sujeta de derechos”, afirman las asambleas.