En la noche del domingo 14 de agosto, ya madrugada de lunes, agentes policiales se hicieron presentes en la casa de una de las defensoras del ambiente e integrante de las asambleas de Punilla, y le entregaron una citación para comparecer como imputada. En ese mismo momento fue escoltada a la comisaría de Cosquín, de la que regresó avanzada la madrugada. Integrantes de las asambleas estiman que habría más citaciones en curso y denuncian que esto se da luego de una manifestación contra el intendente Gabriel Musso.
“El pasado sábado se realizó un plenario y concentración pacífica en la plaza San Martín de Cosquín; allí se difundió la situación de ilegalidad e ilegitimidad del proceder de los gobiernos provinciales y locales de acuerdo a las leyes vigentes. Al promediar la actividad, la asamblea ve ingresar al intendente Musso a una cafetería cercana y espontáneamente se traslada para, con cánticos y consignas, manifestar su condena al accionar anti democrático del funcionario”, relatan las asambleas.
“Nuevamente la policía despliega un accionar violento e intimidatorio (como en el acampe de Molinari, que fuera desalojado ilegalmente a las 4 de la mañana): ejecuta las órdenes de una fiscalía que a todas luces está al servicio de los negociados del gobierno provincial y desconoce no sólo las leyes que viola el ejecutivo sino las que protegen a los ciudadanos, fragmentando el estado de derecho”, continúan.
“Argentina ha suscripto el Acuerdo de Escazú: como todo convenio internacional que ha sido confirmado en el Senado, esa firma tiene validez constitucional; sin embargo el gobierno de la provincia de Córdoba utiliza el poder público para sostener sus actos corruptos. El intendente Musso (y todos los del Valle de Punilla y Paravachasca que hicieron lo mismo) autorizó de manera ilegal el paso de la autovía por el ejido de Cosquín; enrostrarle que es un delincuente no es una amenaza, ni configura intimidación, es simplemente poner en palabras la realidad. El pedido de Amparo ante la justicia para detener el proyecto plagado de ilegalidades e irregularidades de la autovía de Punilla, ya tiene años y el tribunal no se expide. Mientras tanto la obra ya se inició (cuando debiera esperar el fallo) y arrasa con todo a su paso. En el medio hemos sufrido hasta golpizas por parte de la policía, pero cada vez somos más los vecinos y vecinas que entendemos la magnitud del problema y nos manifestamos en contra de esta manera de hacer política, al servicio de unos pocos”, agregan.
“Esta intención de criminalizar la protesta y limitar la acción de los ciudadanos comprometidos no hace más que fortalecer nuestra decisión de proteger el patrimonio natural y cultural que ya está siendo depredado por una obra que trae graves perjuicios para la población y es un acto de corrupción. Asambleístas y vecin@s tenemos la LEGALIDAD y la LEGITIMIDAD de nuestro lado. LOS GOBIERNOS NO!”, finalizan.
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