Luego de varios días de tensión ante el posible desalojo del puente en Arroyo Verde, y tras conocer la decisión del gobierno nacional de judicializar la protesta, los vecinos de Gualeguaychú decidieron sostener el corte y propugnar la solución política.
(Red Eco) Entre Ríos – La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú se congregó este mediodía frente a la Municipalidad, y entregó un petitorio al intendente Juan José Bahillo para pedir la solidaridad activa del gobierno municipal, para que interceda ante los ejecutivos provincial y nacional, y se resuelvan los problemas por la vía política y no por la judicial.
El intendente recibió a los vecinos y comprometiéndose con su pedido expresó: “No se puede solucionar el conflicto por las consecuencias del conflicto sino por su causa, y la causa es Botnia”.
La movilización de hoy responde a una de las medidas tomadas ayer durante la asamblea realizada por los vecinos tras conocer la decisión del gobierno nacional de judicializar la protesta.
En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández anunció ayer que, como no ordenarían la represión para desalojar el puente que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, se presentarán como querellantes en la Justicia penal y civil contra los asambleístas y detalló: “Hemos presentado denuncia penal con nombre y apellido contra aquellos que con sus conductas han omitido por acción u omisión la comisión de delitos como: entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, art. 184 del código penal; homicidio culposo, art. 84 del código penal; amenazas, art. 199 bis del código penal; daños a bienes públicos; instigación a cometer delitos, destrucción de edificios públicos, intimidación pública; apología del delito; atentados al orden público; otros atentados al orden publico; delitos que comprometen la dignidad y la paz de la Nación; atentados al orden constitucional de la vida democrática; sedición; atentado y resistencia contra la autoridad; encubrimiento”.
A su vez, la demanda civil será por las pérdidas económicas ocasionadas por el corte.
Lejos quedó para el Jefe de ministros cuando, en 2006 con el Corsódromo de Gualeguaychú como escenario, el gobierno calificaba como ejemplo de lucha y “causa nacional” la proclama de los gualeguaychenses por un ambiente sano y contra las pasteras. Su memoria a corto plazo, acusar a vecinos por delitos que tienen penas que van hasta quince años de prisión.
En la asamblea realizada ayer los asambleístas decidieron no ceder ante lo que consideran una forma de intimidación y de amedrentamiento, y ratificaron que mantendrán el corte del puente. Respecto a las denuncias penales, decidieron esperar las notificaciones, ya que no saben aún a quienes se ha acusado, para luego analizar la defensa jurídica.