El lunes pasado, el juez subrogante de la localidad catamarqueña, Escipión Scida, emitió una orden de allanamiento en búsqueda de un asambleísta, acusado de amenazar al magistrado Rodolfo Cecenarro.
Cuando la abogada del ambientalista se presentó ante los tribunales para pedir copia de la denuncia, ésta fue denegada.
Horas más tarde, el comisario regional Romero se presentó en la sede de la Asamblea El Algarrobo y en la casa de otro asambleísta, junto a dos testigos. Hizo observaciones, labró actas y se retiró.
Cecenarro es el juez que dictó la orden de represión al pueblo el 15 de febrero pasado, y es quien tiene a su cargo el recurso de amparo contra la empresa minera Yamana Gold.
La asamblea hace responsable de estas amenazas, falsas acusaciones y amedrentamientos a la empresa minera a cargo del proyecto Agua Rica, al juez Cecenarro, la fiscal Marta Nieva, el intendente local José Perea, el gobernador provincial Brizuela del Moral, y al Ejecutivo nacional.
“¿Cómo están las denuncias de los baleados en el día de la represión? ¿Qué pasa con esas causas? ¿Qué hace la Justicia y el poder Político  para agilizar el Juicio contra el Juez Cecenarro y contra la Fiscal Marta Nieva? ¿Cuándo la Justicia tramitará con la misma rapidez y agilidad que se movió con lo de la falsa acusación al compañero?”, se preguntan los asambleístas en un comunicado.
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