Desde las asambleas mendocinas salieron al cruce de las declaraciones del gobernador Rodolfo Suárez, quien en conferencia de prensa informó que demoraría la reglamentación de la norma que fue aprobada el viernes pasado a pesar del rechazo social. Los asambleistas denuncian una maniobra por parte del mandatario y exigen la derogación. En tanto, Chubut se encuentra en alerta ante el intento de modificar la histórica Ley 5001. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) – Argentina – Desde el momento en que Rodolfo Suárez envió a la Legislatura provincial el proyecto de modificación de la Ley 7722, los ambientalistas comenzaron a movilizarse. Las acciones fueron multiplicándose con el correr de los días y llegaron a confluir el viernes pasado en la que se denominó como la mayor marcha de Mendoza. Miles de personas partieron de sus localidades para dirigirse a la capital, más precisamente a la Legislatura donde a pesar del contundente rechazo social se aprobó la ley 9209 que modifica la 7722, que protege el agua y prohibe el uso de tóxicos en la actividad minera.
Con un tratamiento express en ambas cámaras y represión policial, Suárez logró la sanción de la ley, que permite la utilización de cianuro y otras sustancias contaminantes. Pero las acciones ciudadanas continuaron y durante todo el fin de semana, la nochebuena y Navidad se replicaron las vigilias, concentraciones y asambleas en todo el territorio mendocino.
Durante estos días, las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura emitieron un comunicado en el que afirmaban que su lucha no había comenzado hacía una semana: “Apenas promulgada nuestra ley 7722 en 2007, el sector prominero impulsó 11 pedidos de inconstitucionalidad para derogarla a lo largo de todos estos años. Los derrotamos en 2015 ya que la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza ratificó la constitucionalidad de la ley de manera casi unánime, luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas, en los barrios y de un acampe de cuatro días en el Poder Judicial con el acompañamiento de miles de nosotros, los mendocinos. Ahora nuevamente fueron por nuestra ley y nuestro pueblo ha comprendido el peligro que significa tener la actividad megaminera aguas arriba en toda nuestra cordillera. Esta es la razón de fondo de la masividad del reclamo actual. En octubre del año pasado, Alejandro Abraham primero y Antonio Agülles junto a Silvina Camiolo después, presentaron dos proyectos de modificación de la 7722. Estuvimos todos los jueves en la plaza San Martín, impulsados por el aliento de las Madres de Plaza de Mayo, logrando luego de varios meses que estos proyectos no avanzaran. (…) Hay una crisis de representación porque no tienen licencia social. El gobierno nacional, en sintonía con el gobierno provincial firmaron el pacto Suárez-Sagasti para el ingreso de la megamineríaen Mendoza y la supuesta entrada de inversiones para pagar las extravagantes deudas contraídas por los gobiernos anteriores: el de Macri en la nación y el de Cornejo en la provincia. Son las políticas del saqueo y del extractivismo que tanto daño hacen a toda Latinoamérica. Son las políticas que despojan a los pueblos de sus Bienes Comunes y los expulsan de sus territorios. Son las que dejan sin espacio a políticas sustentables”.
Finalmente, en el mediodía de este jueves el gobernador brindó una conferencia de prensa en la que informó que a pesar de que la nueva ley minera ya está sancionada, publicada y promulgada, suspendía su aplicación, es decir no la reglamentaba al considerar que “aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo”. Suárez señaló que con esta decisión intentaba llevar “paz social” ante supuestos “hechos de violencia en la provincia”, y reiteró su discurso respecto a que “es mentira que donde hay una explotación minera hay contaminación”. De esta manera, dijo que la ley quedará en suspenso hasta que se abra un espacio de diálogo.
Sin embargo, la respuesta de las asambleas fue unánime. Aseguraron que mantendrán las acciones en defensa de la 7722 y para exigir la derogación de la 9209. Durante todo este jueves hubo convocatorias en varias ciudades y lo mismo ocurrirá en los próximos días.
Sebastián Enríquez, secretario general del Sindicato de Base Educativo de Mendoza (SUTE), explicó que lo que dice Suárez es que el gobierno se da cuenta que no tiene legitimidad social, pero que igual saldrá a disputar esa legitimidad: “Entramos en un escenario en el que hemos tenido un avance importante, porque esto no estaba en los cálculos del gobierno provincial, pero ellos no piensan esto como un retroceso sino como un impasse, una pausa para salir a disputar la conciencia de miles porque ahí tenemos nuestra fortaleza más grande. La exigencia más grande es que se derogue la ley que modifica la 7722 y que se vuelva a la ley que protege el agua de Mendoza y para eso vamos a seguir movilizándonos. Acá está en juego la defensa de nuestros recursos naturales y bienes comunes, y si vamos a seguir en camino de la primarización de nuestra economía, de someternos a los modelos extractivistas de saqueo y colonización de todo nuestro continente”.
Desde NO a la Mina Buenos Aires explicaron que lo que están buscando en todas las provincias que quieren la megaminería es lograr el consenso social para avanzar: “Suárez dice que quieren convencer a la gente y abrir el diálogo, es decir que se va a aplicar esta modificación una vez que consigan el apoyo de la gente. Es decir que van a empezar una campaña, teniendo todos los poderes de comunicación a su disposición, para convencer a la gente que la megaminería es algo bueno. Van a ir con supuestas consultas populares que no van a ser libres, ni informadas ni limpias, porque están aliados a las empresas mineras y quieren avanzar con estos proyectos. Pero nosotros podemos decir que la megaminería sustentable no existe, donde hay megaminería se afectan las fuentes de agua, hay pobreza y hay saqueos para los pueblos, no trae desarrollo ni puestos de trabajo. No nos dejemos engañar con consultas fraudulentas, y con un consenso que no va a ser tal porque van a convencer con mentiras a la gente para avanzar con la megaminería. La megaminería contaminante, a cielo abierto, por los métodos que utiliza contamina y destruye la biodiversidad”.
En tanto, este viernes 27 de diciembre será un día clave en Chubut, ya que se hará en la Legislatura provincial una sesión extraordinaria en la que se podría tratar la derogación de la histórica ley 5001 o el proyecto de zonificación minera que abriría las puertas a los proyectos megamineros.
Cabe recordar que en 2003 hubo un levantamiento popular que logró que se realizara un plebiscito en el que el 82% de los chubutenses que participaron votó a favor de la prohibición de la megaminería en Esquel, acción que poco tiempo después posibilitó la sanción de la Ley 5001, cuyo primer artículo prohíbe justamente “la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”.
En ciudades como Puerto Madryn, Esquel, Lago Puelo, El Maiten, Rawson y Comodoro Rivadavia se llevaron adelante este jueves concentraciones y vigilias bajo la también histórica consigna “NO es NO”, de cara a la sesión que se desarrollará este viernes a partir de las 8.
Desde las asambleas afirmaron además que tras asumir su nuevo mandato, el gobernador Mariano Arcioni envió a la legislatura un proyecto de ley para la modificación de los ministerios. La iniciativa fue aprobada permitiendo, por ejemplo, la creación del Ministerio de “Minería e Hidrocarburos”, a cargo de Martín Cerdá, quien se reunió en los últimos días con el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Tras el encuentro se insistió en “dar la discusión” sobre la reforma de la ley 5001. “Chubut tiene la oportunidad de ver qué hacemos con esa Ley. En base a las oportunidades que tenemos en cuanto a recursos mineros en la provincia, nos puede llevar a cambiar la matriz productiva”, declaró en ese momento Cerdá.
Este viernes habrá también movilizaciones en solidaridad con los pueblos de Mendoza y Chubut, y en contra de la megaminería en varias ciudades argentinas. En Rosario será a las 10 en San Martín y Córdoba, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires hay una convocatoria a la misma hora en el Obelisco, y un acampe en la Secretaría de Minería, ubicada en Avenida Julio Roca 651.
Los repudios al accionar de los gobiernos y las empresas mineras se hacen oir desde distintos ámbitos. Vale como ejemplo y síntesis el comunicado difundido en este sentido por Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, que integran entre otros el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; y las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle: “Apoyamos las políticas de todo gobierno que estén al servicio de los Derechos humanos y las necesidades del Pueblo y de la Madre tierra. Por eso, no podemos apoyar de ninguna manera, la megaminería, el fracking, el extractivismo en sus diversas formas porque avanzan de forma irreversible en contra del bienestar del pueblo y de la naturaleza, profundizando el saqueo, la contaminación y la exclusión y tornando inviables a las economías regionales y las alternativas de vida sana y sustentable.
Acompañamos su lucha y hacemos nuestra las demandas de los pueblos de Mendoza, de Chubut, de San Juan, de Catamarca, de La Rioja, de Neuquén y de todos los lugares del país en defensa de sus derechos al Agua y la Autodeterminación contra la Megaminería. Lo que es saqueo y contaminación, explotación y exclusión, nunca pueda ser considerado desarrollo. Tampoco podemos aceptar que se privilegia la búsqueda de divisas para pagar los intereses sobre una Deuda ilegítima y fraudulenta, por sobre los Derechos de la presente y futuras generaciones al Agua, a la Paz Social y su autodeterminación.
NO es NO, como ya plantearon en Esquel a través del referéndum vinculante en el año 2003. Los pueblos de Mendoza y Chubut, como en otras provincias, han luchado desde entonces para proteger el Agua, el medio ambiente, las economías regionales y el respeto a los derechos territoriales e identitarios originarios. La aprobación en su momento de las Leyes 7722 y 5001, en Mendoza y Chubut respectivamente, fueron hitos en ese caminar y estamos seguros que al pueblo convencido de sus derechos, nadie lo podrá detener.
Llamamos al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y municipales, a asumir su responsabilidad de aprobar y ejecutar políticas claras de protección a nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, incluyendo el ambiente glaciar y periglaciar, reconociendo el derecho humano y de los pueblos a la protección y garantía del acceso al agua, así como el derecho del agua a su protección y la promoción de su reproducción y ciclo vital”.
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