La educación pública no se achica, se defiende. El cierre de grados y cursos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a poner en discusión el rumbo de la política educativa del gobierno de Jorge Macri. Un ajuste que amenaza con deteriorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. La escuela pública no puede administrarse como una planilla de costos. Cada grado que se cierra afecta una comunidad; cada cargo que se elimina debilita una tarea colectiva; cada aula superpoblada dificulta el aprendizaje de quienes más necesitan acompañamiento. Por Daniel Ávalos – ANRed.

El Gobierno porteño avanza con el cierre de grados y cursos en escuelas públicas, en medio de despidos docentes y recortes presupuestarios. Mientras la Justicia suspendió provisoriamente los cierres, comunidades educativas y legisladores reclaman explicaciones.

Si hay menos estudiantes, ¿por qué no aprovecharlo para mejorar las condiciones de enseñanza? El cierre de grados y cursos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a poner en discusión el rumbo de la política educativa del gobierno de Jorge Macri. Lo que desde la gestión se presenta como una reorganización de la matrícula es denunciado por docentes, familias y comunidades educativas como parte de un ajuste que amenaza con deteriorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Según publicó Red Global, la reestructuración alcanza a más de 220 grados y cursos de distintos niveles. Además, fuentes del Ministerio de Educación porteño citadas por medios periodísticos estimaron que entre 100 y 120 escuelas primarias podrían verse afectadas. Los casos concretos muestran que no se trata de una discusión abstracta. En la Escuela Primaria N.º 3 Primera Junta de Caballito que cuenta con 900 estudiantes, la comunidad educativa denunció el cierre de secciones. En el Normal N.º 10 de Belgrano, las familias alertaron sobre la reducción de grados y la posibilidad de reunir hasta 40 estudiantes en algunas aulas.

La pregunta es inevitable: ¿qué sucede con quienes necesitan más acompañamiento pedagógico cuando se fusionan divisiones y aumenta la cantidad de estudiantes por aula? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo de docentes que durante años sostuvieron la tarea educativa en esas escuelas?

Menos presupuesto, menos docentes
El cierre de grados no puede analizarse por fuera del contexto presupuestario. De acuerdo con datos oficiales analizados por el Observatorio Económico de la Ciudad del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto educativo porteño cayo un 3,5% en términos reales durante 2026 y acumulará una reducción cercana al 13% desde 2023, equivalente a unos 500.000 millones de pesos. Las partidas para infraestructura escolar retroceden un 11,2%, las becas estudiantiles un 5% y los subsidios a cooperadoras un 11%.

El ajuste también tiene consecuencias sobre los trabajadores de la educación. En febrero fueron despedidos 50 docentes del programa Maestro + Maestro, una política destinada a fortalecer la alfabetización en el primer ciclo de primaria, especialmente en escuelas de sectores vulnerables. Las desvinculaciones fueron comunicadas por correo electrónico, a pocos días del comienzo de clases. No se trata solamente de una reducción de cargos. Son menos recursos humanos para acompañar los procesos de aprendizaje en un sistema que necesita fortalecer sus equipos pedagógicos y garantizar una atención adecuada a las distintas necesidades de sus estudiantes.

La Justicia y la Legislatura, en escena
El conflicto llegó también a los tribunales. Según las publicaciones sobre el caso, el 24 de septiembre la Justicia porteña dispuso una suspensión provisoria de los cierres cuestionados en el marco de una presentación gremial. La medida no constituye una resolución definitiva, pero pone límites, al menos temporalmente, al avance de la reestructuración. El reclamo también llegó a la Legislatura. El 20 de octubre, las diputadas Amanda Martín y Vanina Biasi presentaron un pedido de informes para que el Gobierno explique qué criterios utiliza para cerrar o fusionar grados y cursos, qué establecimientos están afectados, y qué ocurrirá con los puestos de trabajo docentes.

La presentación cuestiona además, tomen decisiones antes de que finalice la inscripción para el ciclo lectivo 2027 y se conozca la matrícula definitiva. La discusión, por lo tanto, no es únicamente cuántos estudiantes hay en cada grado. También importa cómo se toman las decisiones, qué necesidades tiene cada comunidad: qué garantías existen para sostener la continuidad pedagógica. Una oportunidad para mejorar la escuela pública. Si la matrícula disminuye, la pregunta debería ser cómo aprovechar esa situación para mejorar la educación.

Durante años, el amontonamiento en las aulas y la falta de recursos dificultaron el trabajo cotidiano de docentes y estudiantes. Una menor cantidad de alumnos podría permitir grupos más reducidos, mayor acompañamiento pedagógico y mejores condiciones para enseñar y aprender. Pero para que eso ocurra hace falta una decisión política: sostener los cargos docentes, invertir en infraestructura y garantizar los recursos necesarios.

Convertir la baja de matrícula en una excusa para fusionar divisiones y reducir personal significa elegir el camino contrario. La escuela pública no puede administrarse como una planilla de costos. Cada grado que se cierra afecta una comunidad; cada cargo que se elimina debilita una tarea colectiva; cada aula superpoblada puede dificultar el aprendizaje de quienes más necesitan acompañamiento.

La reducción de la matrícula debería abrir la posibilidad de construir una educación pública de excelencia, con mejores condiciones de enseñanza, más inclusión y una atención más cercana a cada estudiante.

Si hay menos estudiantes, que haya mejores condiciones para enseñar y aprender. La escuela pública no necesita achicarse: necesita más recursos, docentes y políticas que garanticen el derecho a la educación.

Imagen: Daniel Ávalos