El referente de Ciudad Oculta y legislador “Pitu” Salvatierra cuenta que los vecinos pasaron de la sorpresa y de preguntarse si los megaoperativos podían llevar seguridad, al enojo. “Ven que solo sirven para agredir y estigmatizar”. El caso del albañil y el secuestro de un arco de fútbol. Por Canal Abierto / Compartimos además informe elaborado por el CELS.

El jueves cuando caía el sol, el gobierno de Jorge Macri iniciaba “Tormenta Negra II”, un nuevo megaoperativo represivo que se desplegó en 15 villas y barrios populares de la Ciudad con 1500 agentes de Espacio Público y efectivos policiales con escudos, cascos y armas largas, además de helicópteros, cuatriciclos, entre otros pertrechos.

El jefe de Gobierno porteño lo vendió como una intervención para restablecer “la ley y el orden” y llevar seguridad a los vecinos. Sin embargo, cerca del mediodía, ya todos en los barrios sabían que se venía el operativo, “dando tiempo a los que realmente tienen algo que ocultar para que se vayan”.

Así lo relata Alejandro “Pitu” Salvatierra, legislador porteño del bloque Fuerza por Buenos Aires, vecino y referente de Villa Oculta. “Creo que a diferencia de otros operativos, con este hay un nivel de hartazgo superior en la población, por lo menos de los barrios populares”.

“Con el primer Tormenta Negra –agrega- hubo sorpresa, generó debate, porque algunos vecinos en una primera etapa inclusive plantearon que la presencia de la policía dentro de los barrios estaba bien, pero que no era el modo. Pero después, como se empezaron a hacer estos operativos constantes, la gente empezó a identificar que no tenían ningún efecto, porque mucho antes de que ocurra se sabe que va a pasar”.

“Para lo que vivimos en los barrios es evidente que no tienen ningún resultado, que solamente sirven para agredir, para estigmatizar. Y además lo hacen en un horario muy jodido, porque lo lo hacen entre las 6 y las 8 de la noche, que es cuando la gente viene a trabajar”, describe.

“Ni siquiera cumplen con ese otro discurso del ordenamiento del espacio público. Porque, por ejemplo, plantean el tema de los toldos que están sobre de veredas. Bueno, en algunos barrios no hay ni veredas, porque son pasillos. Pero bueno, si ellos quisieran podrían venir y advertirle a ese vecino, ‘che, tenés que sacar este toldo, porque si no venimos y te lo sacamos, porque está en el espacio público’. Pero no hacen eso. Eligen venir un día, de sorpresa, con cámaras, con 200, 500 policías. En algunos casos, como en Barrio Mitre, con un tractor. Y lo hacen violentamente, sin ninguna posibilidad de diálogo, con una soberbia enorme. La policía está muy violenta dentro de estos operativos”, denuncia Salvatierra.

Un arco de fútbol, un albañil y colchones
Según la información oficial hubo17 detenciones, entre ellas, tres por tenencia y once por venta de estupefacientes, dos por robo y uno por un pedido de captura. Además, 192 autos fueron secuestrados y se removió basura y chatarra.

En relación a la venta, la información oficial solo detalla un caso: el de tres personas detenidas en Villa 31 con “335 dosis de cocaína, pasta base y armas y dinero en efectivo”. Sobre el resto la información es imprecisa.

Al respecto, Salvatierra agrega otros datos que quizás aclaran el por qué. Según el legislador, a la mayoría de los detenidos se los llevaron por resistencia a la autoridad o por no tener documentos. Por eso, “salvo dos o tres”, “la mayoría van a salir en libertad mañana”.

“Ayer, extrañamente, se persiguió en especial a personas con problemas de adicciones y a personas en situación de calle, porque nosotros tenemos gente en situación de calle dentro de los propios barrios”, aclara.

El caso de un albañil detenido en la Villa 20 grafica bien el panorama. “El tipo que tenía una maza, dos cortafierros, una cuchara de albañil, un balde de albañil y venía vestido de albañil. ¿Qué pruebas más necesitan que venía de trabajar?”, plantea. “Les dijo, ‘no lo llevo, jefe, porque lo pierdo en el trabajo. Ya perdí tres’”. En conclusión, “me parece que el operativo no tiene ningún otro propósito que generar un show para Jorge Macri y mostrarse como el mejor alumno de Milei y de Patricia Bullrich”.

Entre lo que tampoco se informó oficialmente pero se pudo ver gracias a los registros de los vecinos fueron las detenciones al boleo a personas en situación de calle, de las que habla Salvatierra, y hasta la remoción de arcos de fútbol.

“Bueno, los chicos se quedan sin merienda y sin fútbol”, se escucha decir en un video compartido por Arrepentidos de Milei y filmado en La Carbonilla, cerca de La Paternal, en el que se ve como agentes de espacio público arrancan un arco de fútbol.

Mientras, un periodista del medio Republica2124, de la villa ubicada en Barracas, narraba: “Están cazando gente de calle. Empezaron a cazar gente en situación de calle que estaba defendiendo su colchón, sus cartones, su carrito, es terrible”.

“Dijeron ‘a este, a este’ puntualmente Como 60 policías para un chico. Lo único que hizo fue defender sus colchones, sus cartones. Hay mucha gente que lamentablemente vive acá cerca del Rachuelo”. “Esto fue un desastre”, dice indignado.

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Compartimos además informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales

Tormenta Negra 2: el gobierno de CABA entiende a los barrios populares como zonas de ocupación

El gobierno de Jorge Macri volvió a desplegar más de 1500 policías y agentes de control en 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Registramos episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo. La CABA consolida una política que identifica pobreza con inseguridad, no con ausencia de derechos.

El jueves 24 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un nuevo operativo Tormenta Negra en 15 villas y barrios populares. Más de 1500 policías y agentes de control de Espacio Público ingresaron de manera simultánea a los barrios para realizar controles de personas y vehículos, inspeccionar comercios y retirar del espacio público objetos de las personas que viven allí. Es la segunda vez que el gobierno porteño organiza un despliegue de estas características, después del de mayo de este año. Jorge Macri insiste en violentar la vida en los barrios populares y atemorizar a quienes viven en ellos.

Se trata de un modo de entender la ciudad y el derecho a la ciudad con un abordaje racializante y con límites de clase. Es una política que decide qué cuerpos van a ser controlados por la policía, qué familias van a ser desalojadas sin garantías, qué personas deberán demostrar una y otra vez que tienen derecho a quedarse y cuáles tienen que mostrar su documentación en las estaciones de trenes y subtes. La política porteña naturaliza que la principal y primera intervención del Estado en los barrios populares va a ser la policial. Uno de los jóvenes detenidos estaba en situación de calle dentro de la Villa 21. El gobierno llegó con patrulleros, efectivos armados y agentes de control, en lugar de organizar una intervención a partir de las necesidades de quienes viven allí o para garantizar los derechos sobre los que el mismo Estado está en deuda. No hubo presencia de áreas de desarrollo social, sino el despliegue de dispositivos de estigmatización de quienes viven allí, para convertirlos en sujetos de sospecha. El gobierno de la Ciudad abandonó las políticas de integración sociourbana. Ahora se enfoca en una política que niega la ciudadanía de las personas que viven en estos barrios. No existen operativos de este tipo en los otros barrios de la Ciudad, que los invadan a la pesca de ver qué delitos se identifican, que sin duda los hay en Palermo, Caballito o Núñez.

La vara en la Ciudad de Buenos Aires está tan baja que tenemos que reiterar lo obvio: en los barrios populares viven personas que trabajan, estudian, crían a sus hijos que van a la escuela y sostienen redes comunitarias. Tienen derecho a tener políticas que integren las villas con la ciudad en términos de derechos garantizados: a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo y no estar sujeto a control poblacional permanente. La guerra contra los pobres habla de la pobreza en políticas públicas de la gestión actual de la ciudad. Y del solapamiento de un abordaje que se anuncia como control de actividades delictivas con la persecución de las estrategias de supervivencia. De este modo, la ciudad se fragmenta cada vez más. Los operativos espasmódicos y violentos no llevan orden a estos barrios, sino incertidumbre, abusos y show para las redes sociales. Cuando terminan los operativos y la policía se retira de estos barrios, no permanecen otras políticas públicas.

Durante el operativo del jueves registramos situaciones de violencia policial, uso de gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. En la Villa 21-24, los registros audiovisuales que hicieron los mismos vecinos muestran intervenciones contra personas en situación de calle que intentaban resguardar sus colchones y pertenencias. También denunciaron que la policía les sacó herramientas de trabajo. El Ministerio Público de la Defensa porteño registró detenciones arbitrarias y personas lesionadas. Estas intervenciones que terminan reconvertidas en videos para el marketing personal del intendente, tienen consecuencias concretas en las condiciones de vida de quienes las sufren: la confiscación de pertenencias, mercadería o herramientas de trabajo significa privar a esas personas de los medios indispensables para su subsistencia. El Estado, entonces, se hace presente para agravar situaciones de vulnerabilidad social mediante el uso de la fuerza. Justo el mismo día en que el INDEC anunció el agravamiento de la pobreza.

Como en el operativo Tormenta Negra 1 no coincide la cantidad de detenidos que declara el gobierno porteño (17) con los que registró el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad (13). Nuevamente abre la sospecha sobre la falta de controles.

Estas no son políticas de prevención del delito, es racismo. Los barrios populares se vuelven cada vez más un espacio diferenciado, alejado de la calidad de vida del resto de la ciudad. Una política pública centrada en la saturación policial, que no reconoce las necesidades de quienes viven en los barrios populares, profundiza las desigualdades que debería trabajar por combatir.