Mientras las inundaciones golpean al Litoral y miles de familias sufren las consecuencias de las crecidas, el Gobierno nacional mantiene paralizadas obras hídricas y coloca en Letras del Tesoro el 85,5% de los recursos disponibles del fondo destinado a prevenir inundaciones. Red Eco Alternativo.

(Adrian Flores para Red Eco) Argentina – El agua ya está en las casas y los barrios del Litoral. En Chaco y Corrientes miles de personas fueron evacuadas o debieron abandonar sus viviendas. Y los pronósticos advierten que El Niño todavía puede intensificarse durante los próximos meses.

El antecedente de La Plata, donde las inundaciones del 2 de abril de 2013 dejaron 89 víctimas fatales, debería ser una advertencia permanente: cuando faltan obras, planificación y prevención, un fenómeno climático puede convertirse en una tragedia social.

Pero el Gobierno de Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger parece tener otras prioridades. Mientras las comunidades necesitan infraestructura para enfrentar las crecidas, los recursos destinados a prevenir inundaciones terminan financiando la deuda del propio Estado.

Obras paralizadas, territorios expuestos
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 26 de octubre de 2026, expone la dimensión del desmantelamiento de la infraestructura hídrica nacional. De las 24 obras relevadas, 15 fueron canceladas o suspendidas: 13 tienen sus convenios rescindidos y otras dos fueron neutralizadas. Ocho continúan formalmente en ejecución, pero ninguna supera el 36% de avance físico.

Entre los casos más graves aparece el Acueducto San Javier–Tostado, en Santa Fe, presupuestado en $128.970 millones y paralizado cuando ya registraba un 90% de avance. En la provincia de Buenos Aires, los tres subtramos de la ampliación de la cuenca del río Salado registran avances de apenas 0%, 6,7% y 18,8%. También quedaron interrumpidos los desagües pluviales del barrio Los Ceibos, en La Matanza, con un 64% de ejecución, y los de la avenida Libertad, en Marcos Paz, con un 40%.

En el conurbano bonaerense, siete de las ocho obras relevadas están paralizadas. Son intervenciones que deberían reducir el impacto de las tormentas sobre barrios densamente poblados, donde cada lluvia intensa puede convertirse en una emergencia.

La desinversión también alcanza a los sistemas de alerta temprana. El Sistema Nacional de Radares Meteorológicos registra un avance del 32%, mientras que la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas apenas llega al 11%. No se trata de proyectos secundarios ni de obras que puedan esperar indefinidamente. Son herramientas fundamentales para anticipar riesgos, conducir excedentes hídricos y reducir las consecuencias de las inundaciones.

La plata para prevenir inundaciones termina en Letras del Tesoro
La pregunta es inevitable: ¿dónde están los recursos destinados a realizar estas obras?

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue creado en 2001 y se financia con el 4,31% de la recaudación del impuesto a los combustibles. Su finalidad es financiar obras de infraestructura hídrica, control y mitigación de inundaciones y saneamiento.

Sin embargo, los números relevados por el CEPA muestran otro destino. Entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al Fondo $611.667 millones, expresados en pesos de 2026. De ese total, solamente $140.971 millones se destinaron al pago de obras. Es decir, apenas 23 de cada 100 pesos ingresados se transformaron en infraestructura.

¿Dónde está el resto? Terminaron colocados en instrumentos de deuda del propio Estado. El CEPA advierte que la normativa del Fondo no contempla que sus recursos sean utilizados como inversiones financieras. Mientras Caputo busca sostener el esquema de financiamiento del Tesoro, las obras que deberían proteger a la población permanecen detenidas. La prioridad financiera se impone sobre una necesidad pública elemental: contar con infraestructura para enfrentar las inundaciones.

No es simplemente un problema de falta de presupuesto. Es una decisión sobre el destino de los recursos públicos.

El ajuste también se mide en inundaciones
Las inundaciones no afectan a todos por igual. Las familias de los barrios populares, quienes viven en zonas bajas o cerca de cursos de agua y las comunidades con infraestructura deficiente son quienes soportan las mayores pérdidas: viviendas destruidas, pertenencias arruinadas, evacuaciones, enfermedades y medios de vida comprometidos.

La falta de obras preventivas traslada a la población el costo de una emergencia que podría mitigarse. Mientras el Estado posterga inversiones indispensables, las familias deben afrontar con sus propios recursos las consecuencias de decisiones que no tomaron.

La política de ajuste no puede desligarse de sus consecuencias territoriales. Cada obra paralizada, cada sistema de drenaje inconcluso y cada recurso que se retira de la prevención incrementan la exposición de las comunidades frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Milei y Caputo deben explicar por qué los fondos destinados a prevenir inundaciones terminaron financiando deuda, qué destino tendrán esos recursos y cuándo se reactivarán las obras paralizadas. No estamos frente a una fatalidad climática ni a un problema de falta de recursos. Estamos frente a un modelo político que desmantela la infraestructura pública, paraliza obras indispensables y convierte en negocio financiero hasta el dinero que debería proteger la vida de nuestros pueblos.

El Gobierno de Milei, Caputo y Sturzenegger hace de la deuda un negocio y del ajuste su política de Estado. Mientras los recursos públicos alimentan la bicicleta financiera, las comunidades quedan expuestas a las inundaciones, pierden sus viviendas, sus pertenencias y sus medios de vida. El costo de esa política lo pagan quienes menos tienen, mientras los responsables siguen garantizando los intereses de los acreedores.

El agua ya está golpeando al Litoral y el Gobierno sigue especulando con la plata que debería protegernos. Las LECAP podrán generar intereses para el Tesoro, pero no van a contener un río, drenar un barrio ni devolverle su casa a una familia inundada. Lo que está en juego no es solamente el destino de un fondo: es qué intereses se protegen y qué vidas se condenan al abandono.